Marlaska oculta desde hace un mes al Defensor del Pueblo informes sobre la atención a 'sin papeles'

Estas entrevistas son realizadas por miembros de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), habitualmente acompañados por agentes de Policía o Guardia Civil, con el fin de recabar información sobre las redes de tráfico ilegal de personas que operan desde el norte de África, pero también sobre la posible comisión de otros delitos como el tráfico de drogas o el terrorismo.

Un equipo técnico de la institución que preside Ángel Gabilondo se desplazó al puerto Gran Tarajal de Fuerteventura (Canarias) el 13 de noviembre de 2021. Durante la visita, los técnicos asistieron a las entrevistas individuales a las que fueron sometidos 58 inmigrantes (entre ellos varios menores) que acaban de ser rescatados en alta mar por un buque de Salvamento Marítimo.

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El interrogatorio se produjo tan sólo una hora después de que los sin papeles llegaran a tierra, recibieran una primera asistencia sanitaria por parte de la Cruz Roja y pasaran por el procedimiento de identificación de la Guardia Civil.

Los agentes del Frontex plantearon a cada inmigrante un cuestionario para conocer los detalles de su travesía (a qué hora y desde qué punto de la costa africana habían zarpado), qué precio habían pagado por el viaje y durante cuántas horas habían navegado, si conocían previamente su punto de destino y si ya con anterioridad habían intentado llegar a España. Estas preguntas son especialmente valiosas para las fuerzas de seguridad, con el fin de recopilar información sobre las redes de inmigración ilegal que operan en el norte de África.

En algunos casos, los agentes también preguntaron a los inmigrantes los motivos por los que querían llegar a España, e incluso sobre su religión, sus estudios y su experiencia laboral antes de emprender el viaje.

Según el reglamento del Frontex, el objeto de esta entrevista en profundidad es "identificar posibles sospechosos involucrados en el tráfico de personas u otros crímenes transfronterizos, incluido el terrorismo".

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Sin embargo, señalan los técnicos del Defensor del Pueblo, el interrogatorio se desarrolló sin que los inmigrantes —que se encontraban privados de libertad, antes de ser conducidos a un centro de internamiento— contaran con asistencia jurídica ni fueran informados sobre la finalidad de la entrevista.

En su escrito dirigido el pasado mes de noviembre al Ministerio del Interior, Ángel Gabilondo señala que estos interrogatorios deben desarrollar cumpliendo el artículo 17,3 de la Constitución (según el cual "toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos") y del artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que garantiza al reo la asistencia jurídica gratuita y el derecho a ser reconocido por un médico forense. 

En su capítulo de operaciones, Gabilondo indica que en estas circunstancias los agentes del Frontex deben abstenerse de "realizar entrevistas sobre aspectos que puedan tener relación con la comisión de infracciones penales a personas recién desembarcadas o privadas de libertad, que no hayan tenido previamente acceso a asistencia jurídica individualizada y hayan sido informadas sobre sus derechos en un idioma y forma que garantice su comprensión".

Para proteger los derechos de los inmigrantes, pero también por otro motivo no menor: si los inmigrantes no han estado asistidos por un abogado durante el interrogatorio, la información recopilada no tendrá validez legal y no podrá ser utilizada luego en procesos penales contra los responsables de redes ilegales de tráfico de seres humanos.

La autorización no llega

El Defensor del Pueblo solicitó, en el mismo escrito, que el Ministerio del Interior le facilite los planes operativos del Frontex y los acuerdos que haya suscrito con el Gobierno español para llevar a cabo estas actuaciones. 

La solicitud fue tramitada por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía, que el pasado 24 de noviembre se dirigió a la Dirección General de Relaciones Internacionales del Ministerio de Interior, para informarle de la petición, en un mensaje en el que indicaba: "Se comunica que dicha documentación será remitida en el día de hoy, en el caso de que esa Dirección General no tenga inconveniente en que se acceda a lo solicitado por el Defensor del Pueblo".

Sin embargo, cuatro días después, la Dirección General de Relaciones Internacionales, de la que es responsable Elena Garzón Otamendi, comunicó que no debía ser atendida, por el momento, la petición de Ángel Gabilondo: "Esta DGRIE solicita mantengan a la espera la remisión de los Planes Operativos Frontex al Defensor del Pueblo. Esta petición ha sido elevada al organismo correspondiente del Ministerio del Interior para su estudio y valoración", indica la documentación a la que ha tenido acceso este diario.

Un mes después, la autorización de la cúpula del Ministerio del Interior sigue sin llegar. La Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional volvió a dirigirse el pasado 13 de diciembre al departamento que dirige Elena Garzón Otamendi, para recordar el requerimiento de Ángel Gabilondo: "Se recuerda la solicitud del Defensor del Pueblo en relación a la remisión de los planes operativos [del Frontex], quedando todavía a la espera para su tramitación".

La tragedia de Melilla

Las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL confirman que, transcurrido un mes desde la petición inicial, el Ministerio del Interior sigue sin autorizar la entrega de los protocolos y expedientes solicitados por el Defensor del Pueblo.

Esta institución ha eludido comentar el desplante del Ministerio del Interior, a preguntas de EL ESPAÑOL. Aunque ha recordado que, con carácter general, "no existe un plazo establecido para que la administración nos conteste. Depende de la complejidad que exija dicha contestación. Cuando el Defensor del Pueblo cree que se ha podido rebasar ese plazo, se realiza un nuevo requerimiento (se pueden llegar a realizar hasta tres requerimientos)".

Las relaciones entre el ministro Fernando Grande-Marlaska y el Defensor del Pueblo no atraviesan su mejor momento, después de que la institución que dirige Ángel Gabilondo emitiera un durísimo dictamen sobre la tragedia registrada el pasado 24 de junio en Melilla, en la que fallecieron al menos 23 inmigrantes.