El Gobierno adjudicó 29 M en 5 años a una empresa que vendió 6.000 pistolas defectuosas a Interior

Los contratos, según la documentación a la que ha podido acceder EL ESPAÑOL, han sido tramitados desde altas instancias del Estado. Interior, el Ministerio de Defensa o el de Transportes no han tenido problema en seguir adjudicando a esta firma incluso después de conocerse que el arma reglamentaria, conocida como 'Ramón', estaba dando gran cantidad de problemas a los agentes del Instituto Armado.

Los defectos de esta pistola comenzaron a percibirse poco después de ser distribuidas por las comandancias. Las Ramón son, según fuentes policiales consultadas por este diario, copias a bajo coste de la Glock 19, un arma corta clásica, de 9 milímetros, de las más utilizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

[Manifestaciones de Emtan y Guardian Homeland Security]

En verano del pasado 2021, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska lanzó un concurso público destinado a comprar 6.000 armas semiautomáticas de estas características para el personal de la Guardia Civil. El contrato se lo llevó la empresa israelí Emtan, de la mano de la empresa española Guardian Homeland Security.

Contratos

En aquel contrato se antepuso el precio a la hora de escoger a la compañía. A esta firma, filial en España de la israelí Emtan, los contratos públicos le suponen un muy lucrativo negocio. Las cifras demuestran que Guardian Homeland Security es un frecuente proveedor de materiales policiales a distintos ministerios. El contrato más grande del que esta empresa ha sido adjudicataria en los últimos años se firmó el 24 de junio de 2021. Ese día Defensa licitó en su favor 24,3 millones de euros de un "acuerdo marco de suministro de munición de cartuchería 5,56x45 mm en el ámbito del Ministerio de Defensa".

Esta compañía también ha recibido en los últimos meses varios contratos jugosos, según ha podido comprobar EL ESPAÑOL al revisar los datos de las licitaciones del Portal de Contratación del Sector Público. El 14 de noviembre ganó un contrato de 117.880 euros con la Armada para 2 sistemas de visualización de radiografías para las unidades de desactivación de explosivos. 

El nuevo fusil adquirido a la misma compañía. E.E.

En octubre recibió otra adjudicación del Ejército de Tierra por este mismo servicio por 121.940 euros. El 14 de diciembre Transportes le adjudicó 80.000 euros para comprar chalecos para la Policía del puerto de Las Palmas. 

En noviembre de 2021 esta misma compañía ganaría el concurso de 1,5 millones de euros por "un mínimo de 30.000 fundas antihurto para pistola Beretta 92 FS para dotación de personal de diversas Unidades de la Guardia Civil". En verano de ese año, la Policía Nacional les adjudicó por 102.000 euros por un mínimo de 400 kits tácticos de iluminación MP5 con destino a las unidades de élite del cuerpo. El 10 de junio, la Policía Nacional adquirió visores electro-ópticos por valor de 216.678 euros a esta misma firma.

Y así sucesivamente hasta 51 contratos cuyo valor asciende por encima de los 29 millones de euros. Solo desde el año 2018. Pese a conocer los defectos de las problemáticas y fallidas semiautomáticas, se han seguido produciendo acuerdos de este tipo en el último año.

[Una empresa condenada por sobornar a militares ha recibido 30 millones en contratas desde entonces]

Hace unos meses volvió a ganar un concurso de la Guardia Civil, pese a la polémica vente de las pistolas defectuosas. Se trata de un contrato por el suministro de un mínimo de 3.500 fusiles de asalto calibre 5,56 x 45 mm para dotar a personal de diversas Unidades de la Guardia Civil.

En este caso, por 5,9 millones de euros. La empresa israelí, de nuevo con la misma estrategia, ofreció cada arma fusil por unos 1.022 euros con el IVA incluido. De nuevo, el precio fue una cuestión fundamental, de tal forma que contaba hasta el 60% de la puntuación a la hora de escoger la oferta. Se sellaba, así, un acuerdo parecido al de las polémicas pistolas. 

Reparaciones

La empresa española vinculada al fabricante israelí de las pistolas logró el polémico contrato de las Ramón con una oferta de 1,95 millones de euros. Era un tercio de lo que había presupuestado Interior que le valdría aquel contrato, según el proceso de licitación. La Guardia Civil adquiría así sus nuevas armas a razón de 269 euros la unidad, el precio más bajo nunca visto en esta clase de armas. 

Desde aquel entonces, colectivos de agente como JUCIL, la asociación mayoritaria de guardias, o la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) no han dejado de alertar del peligro que podía suponer para los agentes escoger esta versión barata de una de las armas reglamentarias más empleadas por las fuerzas del orden. "Interior juega con la seguridad de los ciudadanos al primar el precio en la adquisición de pistolas", dijo AUGC.

"En un ensayo entre 30 miembros dio 6 fallos", señalan en JUCIL. "No entendemos como un arma de fuego que es nueva puede presentar un nivel tan alto de interrupciones y se continúe con la intención de usarla. La del agente y de la ciudadanía podría depender del funcionamiento óptimo de la misma".

Algunas de esas armas han tenido que ser retiradas. "Ha dado muchos problemas de interrupciones de disparo, de encasquillamiento. Falla más que una escopeta de feria. Puede poner en riesgo la seguridad de los agentes. O la Dirección General nos toma por tontos o sencillamente participa del propósito de condenar al ostracismo", critican desde la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC).

Todas estas armas han tenido que ser reparadas. Algunas no se habían llegado a estrenar. Fue preciso abrirlas y cambiarles piezas en el sistema de extracción para reducir los bloqueos y evitar que se encasquille por sistema.