Cuatro nuevas peticiones de Rabat para 'su' Sáhara: espacio aéreo, consulado, Instituto Cervantes y aguas

A lo largo de este año, Marruecos ha presumido del apoyo del Gobierno español en su soberanía sobre el territorio del Sáhara Occidental, pero en Rabat piden ahora más: aplicar ese compromiso sobre el terreno.

El primer ministro marroquí, Aziz Akhannouch, ha utilizado sus dos intervenciones en público junto al presidente Pedro Sánchez en la Reunión de Alto Nivel (RAN) para remarcar el apoyo que ha recibido Marruecos del Ejecutivo español en relación con esa soberanía.

Marruecos quiere que las palabras den paso a los hechos con el reconocimiento de las aguas que bañan el Sáhara Occidental, con el trasvase del control de su espacio aéreo -que actualmente gestiona España- y con la apertura de un consulado y también de un Instituto Cervantes en El Aaiún, la capital.

Las negociaciones bilaterales sobre las aguas de la fachada atlántica, que Marruecos reclama con dos leyes de ampliación de su territorio marítimo, comenzaron en junio después de un parón de 15 años.

Ambas leyes pretenden adaptar el vacío legislativo en materia de espacios marítimos a la plena soberanía de Marruecos sobre su territorio, incluido el Sáhara Occidental, ya que los textos que rigen este ámbito datan de 1973 y 1981.

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“El proceso de delimitación de los espacios marítimos es de suma importancia, sobre todo porque es un acto de soberanía que remite al derecho internacional del mar”, aseguró entonces el ministro de Exteriores, Nasser Bourita, durante su aprobación en el Parlamento de Rabat.

El apoyo de España es importante para enfrentarse a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que precisa que el Acuerdo de asociación solo contempla el territorio de Marruecos, y no el Sáhara.

Otro de los asuntos en los que Rabat presiona a España está contemplado en el punto 7 de la hoja de ruta del 7 de abril de 2022, que señala que “se iniciarán conversaciones sobre la gestión de los espacios aéreos”. Era la primera vez que Marruecos hacía público ese anhelo.

En la actualidad, España es la responsable de la gestión del espacio aéreo sobre el Sáhara Occidental por decisión de la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI) como autoridad internacional en la materia. Enaire es la entidad pública empresarial gestora de esa navegación aérea. 

Este punto preocupa al Frente Polisario. Abdullah Arabi, su representante en España, reclama al Gobierno que no traspase ese espacio aéreo “a una potencia ocupante como Marruecos”.

Apertura de centros

Por otra parte, ya son 27 los Estados que han abierto consulados en el Sáhara Occidental desde 2019, la mayoría africanos, gracias a la labor del ministro de Exteriores marroquí, Nasser Bourita, designado por Mohamed VI como máximo representante diplomático en el Sáhara.

España cerró la oficina de trámites consulares que tenía en El Aaiún en 2020, en pleno ahogamiento de Marruecos en los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla.

La oficina, ubicada en un antiguo edificio del Ejército español, había emitido durante cuatro décadas certificados administrativos a los saharauis con nacionalidad española y a sus descendientes.

La decisión de finalizar con esa labor llegó tras los viajes a Rabat de los ministros españoles del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Exteriores, Arancha González Laya, destituida en julio de 2021 para reconciliarse con Marruecos, que la responsabilizó de la acogida al secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali.

En la actualidad, Rabat presiona para que se vuelva a poner en marcha la actividad consular española en el Sáhara Occidental, pero esta vez con un cónsul general. De tal manera, que se puedan realizar los trámites en El Aaiún, aunque los visados se recogerán en la ciudad de Agadir.

El Gobierno español trabaja en la apertura de una sede del Instituto Cervantes en El Aaiún, aunque no lo anunciará oficialmente hasta que el proyecto esté más avanzado.  Podría instalarse provisionalmente en las dependencias del colegio español La Paz hasta que se edifique un centro nuevo.

Desde el Polisario, Abdullah Arabi considera “triste y lamentable que una institución como el Cervantes se ponga al servicio de una ocupación y con clara intención de blanquear la reciente decisión del presidente del Gobierno de España”.