Los crímenes relacionados con el mundo de la ciberdelincuencia se han disparado en los últimos años, pero nunca como en el pasado 2022. Se trata de una tipología delictiva vez más habitual en la vida cotidiana de los ciudadanos. Tanto que en 2022 el Ministerio del Interior registró un total de 375.506 ciberdelitos, un 72% más que los detectados en 2019.
A día de hoy, uno de cada cinco delitos en España se comete en la red. Es el resultado de las estadísticas recabadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de acuerdo con las operaciones desarrolladas en los últimos 12 meses.
En la planificación, desarrollo y ejecución de estos crímenes resulta determinante el uso de herramientas tecnológicas, sistemas informáticos y métodos digitales de transmisión, por lo que pueden ser englobadas bajo el epígrafe de ciberdelincuencia.
Estafas e infiltraciones
Estos datos provisionales proceden de las distintas unidades dedicadas a luchar contra este tipo de delitos en el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska. Las estadísticas reflejan que la inmensa mayoría de estos ilícitos son fraudes o estafas informáticas, 336.778 de las infracciones registradas, casi el 90% del total.
Este proceso se ha acelerado desde la pandemia: este tipo de delitos han aumentado un 352% desde 2015.
La Policía Nacional y la Guardia Civil encuentran cada vez más fraudes o estafas informáticas por internet: correos electrónicos suplantando a grandes compañías, mensajes falsos supuestamente enviados por administraciones públicas, diseñados para infiltrarse en los terminales de los ciudadanos y sustraerles todos sus datos.
Básicamente, representan la mayor parte de esa tipología delictiva, que a menudo implica amenazas y coacciones por internet. Incluso infiltraciones de piratas extranjeros en páginas oficiales del Gobierno.
[El CNI alerta de que Rusia "lanzará ciberataques en los próximos días" sobre objetivos españoles]
A finales del pasado mes de marzo de 2022, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) difundía una relevante advertencia: grupos de hackers asociados a los servicios de inteligencia rusos tenían la intención de lanzar una oleada de ataques cibernéticos dirigidos contra objetivos europeos, también contra los españoles.
En las semanas y meses siguientes se detectaron sucesos de estas características, entre ellos el hackeo a las redes sociales de la Casa Real y el ciberataque al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), organismo dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación. Las sanciones a Rusia elevaron los ciberataques promovidos por Moscú para robar bancos, empresas y criptomonedas.
Hace dos semanas, sin ir más lejos, tal y como publicó EL ESPAÑOL, la caída general del sistema informático de Prisiones afectó a todos los servicios de esta institución clave del Ministerio del Interior. Son solo algunos ejemplos.
A Interior le preocupa el incremento de la cibercriminalidad registrada en España en los últimos meses. Las plantillas de las unidades centrales y periféricas especializadas en ciberseguridad de Policía Nacional y Guardia Civil se han doblado en estos últimos cuatro años: la tendencia ha provocado que se haya pasado de 714 agentes en 2018 a los 1.352 al final de 2022.
[Más problemas en el Ministerio de Marlaska: caída general del sistema informático de Prisiones]
Par hacer frente a esta amenaza, Marlaska desarrollará el Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad que aprobó su departamento en 2021. El ministro dotará de más capacidades ejecutivas a la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC), órgano que enlaza a la Secretaría de Estado de Seguridad con los centros de respuesta a incidentes cibernéticos nacionales de referencia.
La plantilla de esta oficina va a ser reforzada. Interior convierte este centro en el llamado Observatorio de la Cibercriminalidad, con la misión de monitorizar, detectar, procesar y analizar tendencias delictivas en la red. Además actuará en apoyo de la Policía Judicial.
Por primera vez, la Secretaría de Estado de Seguridad contará con una dotación presupuestaria específica de cinco millones de euros para mejorar las capacidades tecnológicas tanto de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad como de las unidades de Policía Nacional y Guardia Civil especializadas en la prevención y persecución de los ciberdelitos.
Asimismo, Interior emprenderá una campaña de concienciación y sensibilización ciudadana sobre la materia.
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