Felipe VI cobrará este año 269.296 euros y Letizia 148.105 euros: los nuevos sueldos de la Casa Real

Felipe VI cobrará este año 269.296 euros brutos, repartidos en doce mensualidades, 10.369 euros más que en 2022, cuando su asignación del Estado fue de 258.927 euros. Las reinas Letizia y Sofía también ven incrementada su retribución pública en un 4% con respecto a la del pasado año, por lo que en 2023 su retribución es de 148.105 y 121.186 euros, respectivamente (en 2022 fue de 142.402 y de 116.525 euros).

La Casa del Rey ha publicado en su página web el desglose del presupuesto de este año, que asciende a 8,43 millones de euros, y permanece congelado por tercer ejercicio consecutivo. Felipe VI y las dos reinas son los miembros de la Familia Real que tienen asignación, puesto que a su padre, el rey Juan Carlos, se la retiró en 2020 tras conocerse su patrimonio oculto en el extranjero y la princesa Leonor y la infanta Sofía no cobran ninguna cantidad del Estado.

Estas retribuciones se han incrementado en un 2,5% respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2022, al igual que las de los altos cargos del Gobierno, según se especifica en la web. Los 538.587 euros reservados para la Familia Real forman parte de los 4,7 millones de euros de gastos de personal -4,5 millones en 2022-, la mayor partida del presupuesto de la Casa del Rey, que representa el 56 por ciento del total.

Los altos cargos de la institución suman una asignación de 849.000 euros. Los gastos corrientes en bienes y servicios cuentan con una partida de 2,7 millones de euros, un 0,83 por ciento más que en 2022, de los que 1,8 millones son para material de oficina, comunicaciones, seguros y contratos con empresas de servicios y 605.000 euros, para atenciones protocolarias y representativas.

El capítulo de inversiones desciende hasta los 746.000 euros (965.348 el pasado año), cantidad que se va a aplicar principalmente en el plan de transformación digital de la Casa del Rey iniciado en 2019, según se señala en la web. El fondo de contingencia de la Casa del Rey queda congelado en 168.000 euros, puesto que se fija en el 2 por ciento del presupuesto. La Constitución establece que el jefe del Estado dispone cada año de "una cantidad global para sostenimiento de su familia y de su Casa y distribuye libremente la misma".

Ejercicio de transparecía y modernidad

La Casa Real ha dado a la vez un paso más para refrescar la institución. Según explica en un comunicado, continúan "el proceso de modernización iniciado por Su Majestad el Rey tras su proclamación" para "ahondar en el reforzamiento de los principios de transparencia, rendición de cuentas y publicidad, en línea con el compromiso de la Corona con la sociedad de observar una conducta íntegra, honesta y transparente".

Es lo que han expresado después de publicar dos documentos en su web sobre las "instrucciones" para la contratación y para la designación de presupuesto. En el primer documento, titulado Instrucciones de contratación de la Casa de S.M. el Rey, se estipula la normativa de contratación, las prohibiciones para contratar, los niveles de solvencia de las empresas o personas físicas contratadas, los elementos esenciales del contrato, revisión de precios, presupuestos de licitación, etcétera. 

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Según exponen, la confección del proyecto de presupuesto propio de la Casa "se realizará con arreglo a los principios de rigor, economía y eficiencia, y se elevará al Jefe de la Casa para su aprobación por Su Majestad el Rey". El Palacio de la Zarzuela tendrá que publicitar cada una de las fases de contratación.

"Contará en su página web con el Perfil del contratante, como espacio que contiene la información y documentos relativos a la actividad contractual a la que se refiere estas Instrucciones, al objeto de asegurar la transparencia y el acceso público a los mismos", advierten en el documento.

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Otro epígrafe importante es el relativo a la publicidad, donde se expone que "el Secretario General de la Casa de S.M. el Rey podrá autorizar, previo informe del servicio jurídico, la limitación de la concurrencia a un conjunto determinado de licitadores o seleccionar directamente a un contratista" en seis supuestos diferentes.

Desde La Zarzuela, anotan, no se verán obligados a informar sobre determinadas contrataciones. Por ejemplo, cuando esta decisión se tome después de que "tras el pertinente procedimiento de contratación, no se haya presentado ninguna oferta o candidatura o cuando las ofertas presentadas no sean adecuadas" o "cuando, por la especificidad del contrato o por razones técnicas o artísticas o por motivos relacionados con la protección de derechos de exclusiva, el contrato sólo pueda encomendarse a un empresario determinado".

Gastos y contingencias

Un tercer apartado señala que no tendrá que informarse cuando "el contrato o haya sido declarado secreto o reservado, o cuando su ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales conforme a la legislación vigente, o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad". Y, además, por "una imperiosa urgencia", cuando "la contratación sea en el extranjero" o cuando "el valor estimado del contrato sea inferior a 3.500 euros".

En el segundo de los documentos, con el indicativo de Instrucciones sobre procedimiento presupuestario y de contabilidad, se centran en el presupuesto asignado a la Casa del Rey. Los gastos irán desde las futuras modificaciones, pasando por el Fondo de Contingencia, "un capítulo presupuestario independiente" destinado a "financiar las transferencias de crédito" previas a la aprobación de unos nuevos presupuestos.

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Ambas instrucciones entran en vigor a partir del miércoles, 15 de febrero. Según han subrayado desde Zarzuela, "se trata de medidas aprobadas por Su Majestad el Rey en el inicio de su reinado, que se ha decidido incorporar a la disposición reglamentaria que regula la organización y funcionamiento de su Casa".

También se ha reseñado que el personal de la Casa de Su Majestad el Rey ejercerá sus funciones "con sujeción a su Código de Conducta", compuesto por los principios generales recogidos en el real decreto y los criterios de actuación que se deberán aprobar en su desarrollo.