El PSOE tumba con PP y Vox la regulación del cannabis que apoyaban todos sus socios

El PSOE se ha desmarcado este martes de sus socios de Gobierno, al sumar sus votos al PP y Vox para tumbar en el Congreso de los Diputados la Proposición de Ley presentada por ERC para regular el uso terapéutico y recreativo del cannabis.

De este modo, el texto ha sido rechazado por la Cámara, pese a que contaba con el apoyo de Más País, CUP, JxCat, PDeCAT, EH Bildu, PNV y Ciudadanos (Cs). La encargada de defender la iniciativa ha sido la diputada de ERC Marta Rosique, quien ha sostenido que la propuesta de su grupo persigue conseguir "menos consumo, más control y menos mafias".

Al respecto, ha recordado que las detenciones por tráfico de drogas han aumentado un 30% entre 2006 y 2020, y de las cuales el cannabis supone la mitad. El tráfico de marihuana es la tercera actividad criminal en el Estado español, por detrás del hachís y la cocaína, según las cifras oficiales.

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"Cuando no hay ley se impone la de la selva", ha indicado Rosique para sostener que prohibición favorece la actividad de las mafias y el crimen organizado. La Proposición de Ley, ha señalado, pretende acabar con la inseguridad jurídica de las asociaciones cannábicas y además conseguiría nuevos ingresos tributarios al reducir la economía sumergida.

Para argumentar el voto en contra de su grupo, el diputado del PSOE Alfredo Sancho ha esgrimido la Encuesta sobre el Alcohol y otras Adicciones en España (EDADES) de 2022, según la cual el 33% de la población está a favor de la regulación mientras que el 73% es partidaria de endurecer las penas.

En cambio, Sancho ha considerado que sí hay un amplio consenso para regular el uso terapéutico del cannabis, según el acuerdo alcanzado hace ya ocho meses en la subcomisión de Sanidad del Congreso.

El diputado del PP Eduardo Carazo ha pedido a los socialistas que "no cedan ante los socios radicales de su Gobierno" y ha advertido que el consumo de esta sustancia destruye familias y sociedades, informa Efe.

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Del mismo modo, el diputado de Vox Juan Luis Steegmann ha manifestado el rechazo de su grupo a la propuesta porque el consumo de cannabis causa graves "daños mentales y físicos" y además "aumenta en un 50% los suicidios", según ha indicado.

En representación de Unidas Podemos, la diputada Lucía Muñoz ha reprochado al PSOE que vote en contra de una propuesta muy similar a la que los socialistas han apoyado en algunos parlamentos autonómicos, como los de Navarra, Cataluña, Baleares y País Vasco.

Hace ya un año y medio, PSOE, PP y Vox rechazaron con sus votos una iniciativa similar registrada en el Congreso de los Diputados por Más País.

Por otro lado, el Pleno del Congreso también ha rechazado este martes la propuesta planteada por Junts para derogar el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que en 2019 provocó que perdieran sus actas de diputados autonómicos Oriol Junqueras y de otros líderes del procés encausados por el 1-O.

Los presos del 1-O

El citado artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que, una vez el procesamiento sea firme y se decrete la prisión provisional por un delito relacionado "con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes", el procesado que ostente un cargo público quedará "automáticamente suspendido" en su ejercicio mientras dure la situación de prisión.

Durante el Pleno, el portavoz de Junts Josep Pagès ha argumentado que este artículo está "obsoleto", ya que fue redactado en los años 80, en el marco de la lucha contra la banda terrorista ETA.

Una amplia mayoría del Congreso, encabezada por el PSOE y el PP, ha rechazado la toma en consideración de la propuesta, que ha recibido 273 votos en contra, 33 abstenciones y solo 35 votos a favor.

Desde Junts, Josep Pagès ha considerado que el citado artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal supone una "sanción anticipada" y "un peligro" en manos de unos jueces que, ha sostenido, "tienen agenda política propia".

Pagès ha comparado la fecha del 24 de mayo de 2019 (cuando el Congreso suspendió las actas de Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, mientras cumplían prisión preventiva), con el golpe de Estado del 23-F.

El diputado socialista Francisco Aranda ha recordado que aquella decisión fue avalada por el Constitucional y ha instado a Junts a mirar al futuro, en vez de seguir "embarrados en el pasado".