El Gobierno adjudicó contratos por 355.000 € a uno de los detenidos en el 'caso Mediador'

Según los datos del Registro Mercantil a los que ha podido acceder EL ESPAÑOL, estos contratos se licitaron en los últimos tres años, durante los cuales estaba activa la supuesta organización criminal.

La empresa que está en el punto de mira de la magistrada María Ángeles Lorenzo-Cáceres es Asesoramiento y Servicio de Drones SL.  Esta compañía es propiedad de José Santiago Suárez Estévez, uno de los 12 arrestados en la causa.

Cuatro contratos están siendo objeto de investigación directa de la instructora y provienen de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración Políticas Públicas (FIIAPP), que preside la vicepresidenta del Gobierno Nadia Calviño. Todos ellos tenían como objeto dotar de material a las misiones de formación que dirigía en el Sahel el general de división de la Guardia Civil jubilado Francisco Espinosa Navas, actualmente en prisión por su implicación en los hechos.

Las adjudicaciones a la fundación ascienden a más de 2,3 millones de euros. A la empresa de Álvarez Estévez, que ahora investiga la jueza, se licitaron lotes por valor de 113.692 euros del total de la suma millonaria. El encargo era en concepto de equipamiento y material diverso para la Unidad GAR-SI de la Gendarmería de Mali, proyecto que dirigía, precisamente, el general de división de la Benemérita encarcelado de forma provisional por los hechos.

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Pero además de estos cuatro contratos públicos, la empresa dedicada a los drones recibió a lo largo de los últimos tres años adjudicaciones de otros ministerios y de diversas administraciones locales. Uno de ellos fue el que le concedió el Ejército de Tierra en noviembre del año 2021, según los datos consultados por este diario. El objeto del mismo era la "adquisición de aeronaves no tripuladas", por valor de 14.997 euros.

"A través del 'papa'".

Hay más. El 21 de octubre de 2020, el Ministerio del Interior consideraba su oferta la mejor y le compraba por 17.355,37 euros dos sistemas de detección de drones. Fueron destinados a la Policía Nacional.

El ya exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuente en un debate. Efe

Dos meses después, se licitaban a través de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ministerio de Defensa 100.000 euros a esta misma compañía para adquirir "sistemas de detección y localización de drones para la Guardia Civil".

Al año siguiente, la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil le compró cinco drones (en el argot, RPAS), para el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) por valor de 12.818 euros. En el verano de 2022 la Guardia Civil también le otorgó un contrato de 9.021 euros por una cámara dual modelo DJI Zenmuse H20T de las que se incorporan a los drones para grabar desde el aire. 

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Este mismo año, hace apenas unos días, la Alcaldía del ayuntamiento de Finestrat (Alicante), consideraba la oferta de esta empresa la mejor para adquirir dos drones para la Policía Local. El total de la adjudicación ascendía a 50.000 euros. 

Tal era la relación entre el dueño de la firma de drones y el general que en una grabación en poder de los investigadores, conocida por EL ESPAÑOL a través de fuentes policiales y judiciales, este empresario se jacta de los contratos que acababa de conseguir. "Todo lo que hago con África (es) a través del 'papa'".

Por el momento, la magistrada está analizando esos cuatro contratos de los años 2020 y 2021. Cuando se produjeron los supuestos hechos delictivos de los que se le acusa al exgeneral Francisco Espinosa Navas, él ya no formaba parte de la estructura orgánica directa del Cuerpo, pero sí era colaborador del Proyecto europeo GAR-SI Sahel, de formación de agentes en esa región subsahariana. Los contratos iban destinados a dotar de material a las misiones de formación comandadas por este mando de la Benemérita.

Drogas, restaurantes...

Las recientes revelaciones, que incluyen fiestas en Madrid con prostitutas, drogas, hoteles y lujosos restaurantes, amplifican el foco de un caso que nace a nivel local pero cuyas conexiones se extienden al ámbito nacional. Si todo transcurre como está previsto, este miércoles será el día en que el ahora exdiputado en el Congreso por la provincia de Las Palmas Juan Bernardo Fuentes pase a disposición de la autoridad judicial.

Fue detenido el pasado lunes en Fuerteventura en un operativo que incluyó el registro de su domicilio. Tras el arresto, Fuentes fue trasladado a Tenerife, donde comparecerá ante la jueza. Por el momento a los detenidos se les atribuye la presunta comisión de delitos tales como organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad.

Entre los arrestados por esta causa figura también el sobrino de Fuentes, Taishet, quien sustituyó a su tío cuando este dejó -al principio de la actual legislatura- su cargo como director general de Ganadería del Gobierno de Canarias. Entre el resto de los 12 detenidos figuran empresarios dedicados a la venta de quesos o leche en las islas, pero también abogados o dueños de firmas en la península.

Juan Bernardo Fuentes renunció a su escaño en las Cortes tras recibir una llamada desde las más altas instancias del PSOE. Al mismo tiempo, el senador del PP por Gran Canaria, Sergio Ramos, ha solicitado ya la comparecencia en la Cámara Alta de la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, para que dé explicaciones al respecto.