Bruselas da tres meses a Sánchez para probar que rebajar la malversación no "afecta a los fondos UE"

Según ha confirmado este diario en fuentes oficiales de la oficina de Didier Reynders, comisario de Justicia, Moncloa tiene tres meses para probar que el cambio legal no afecta a la protección de los fondos europeos.

Un día después de que la alemana Monika Hohlmeier, jefa de la delegación de eurodiputados que examina estos días al Ejecutivo español preguntara expresamente a la vicepresidenta primera si la reforma ha favorecido a los malversadores, la Comisión Europea confirma que está sometiendo a examen la rebaja de las penas para perseguir "los delitos de corrupción".

Tal como informó EL ESPAÑOL, Nadia Calviño dejó la pregunta sin responder, según fuentes presentes en la reunión, celebrada en la sede del Ministerio de Asuntos Económicos.

 La presidenta del Comité de Control Presupuestario de la Eurocámara fue muy directa, de hecho: "¿Cómo valora la vicepresidenta la preocupación por la modificación del delito de malversación? Ésa es la pregunta que se le trasladó y no contestó", sostienen dos fuentes conocedoras. 

Nadia Calviño reunida con la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, en la sede del Ministerio de Economía. E.E.

El Informe sobre el Estado de derecho en Europa es un documento que publica todos los años la oficina del comisario de Justicia, desde el inicio de la actual legislatura europea. El texto contiene una evaluación general a nivel comunitario y un capítulo específico, país por país, que incluye diagnósticos y recomendaciones específicas.

La edición de 2023, referente al año anterior, se hará pública a primeros del mes de julio, una vez que terminen los trabajos de evaluación y consultas de Bruselas con los Estados miembros, en el mes de junio. De ahí el plazo de tres meses con el que cuenta el Gobierno de Pedro Sánchez para convencer a Bruselas de que no hay retrocesos "en la lucha contra la corrupción".

Intereses financieros de la UE

El sentido de abordar esta pregunta en la primera cita de la delegación de eurodiputados con un miembro del Gobierno era "la defensa de los intereses financieros de la Unión", tal como explicaba, a su salida, Hohlmeier. Exactamente, el mismo motivo que aducía, un día después, el entorno del comisario de Justicia, a preguntas de este periódico.

Es más, las fuentes cercanas a Reynders detallaban que esta reforma de las penas de la malversación -un posible retroceso en la calidad democrática de nuestro país- se "está revisando en el contexto del informe anual sobre el Estado de derecho, en lo que respecta a las medidas anticorrupción". Es decir, que se ha incluido en el pliego de preguntas que se envía al Gobierno para que dé explicaciones, antes de la publicación del informe.

[Pedro Sánchez justifica la rebaja de la malversación porque la corrupción ya no preocupa a los españoles]

El pasado 18 de enero, menos de una semana después de que entrara en vigor la reforma, el comisario belga advirtió -durante un debate en el Parlamento Europeo- que el Ejecutivo comunitario ya estaba analizando si la reforma del Gobierno de Pedro Sánchez del delito de malversación es "compatible con la normativa comunitaria, en particular con la protección de los intereses financieros de la Unión Europea".

"En lo que respecta a los intereses financieros de la UE", explica un portavoz de Reynders a este diario, "todas las reformas pertinentes se analizan en el contexto de la Directiva de Protección de los Intereses Financieros de la Unión". Según detallan, "esto es lo habitual para todos los Estados miembros, a fin de garantizar que los intereses financieros de la UE estén protegidos".

Debates en la Eurocámara

El Partido Popular Europeo ya intentó que el Pleno de la Eurocámara abordara, el pasado mes de diciembre, "el asalto de Sánchez al Tribunal Constitucional y al Consejo del Poder Judicial".

Entonces, el voto en contra de los grupos de Socialistas y Demócratas (S&D) -liderados por la española Iratxe García- y de La Izquierda -que incluye a los eurodiputados de Unidas Podemos-, evitó que el Europarlamento abordara el asunto a la vez que se tramitaban de urgencia las reformas en el Congreso español.

Pero un mes después, la ministra de Justicia sí que tuvo que comparecer ante el Comité de Libertades Civiles y Asuntos de Justicia e Interior de la Cámara, en Bruselas. Su declaración, el 12 de enero, coincidió con el día en que entraban en vigor las reformas, salvo las que había paralizado el Tribunal Constitucional.

[Sánchez gestiona fondos UE sin control externo desde hace 2 años gracias a una argucia en el Congreso]

Los parlamentarios no españoles presentes en la sala lamentaron el "lamentable espectáculo" que protagonizó Pilar Llop: "Le preguntan una cosa y responde otra... es imposible que sepamos quién tiene razón sobre lo que está ocurriendo en España".

Y a los seis días, durante Reynders sí hubo de comparecer ante el Pleno para abordar la derogación de la sedición, la rebaja de la malversación y las arremetidas del Gobierno contra "la mayoría conservadora del TC", a la que el mismo Sánchez había acusado de protagonizar "un complot" contra la soberanía nacional, representada por el Congreso. 

"Las reformas introducen cambios en distintos delitos, incluido el de malversación", advirtió entonces el comisario. "La Comisión está actualmente analizando estas nuevas disposiciones para comprobar la conformidad de la reforma con la legislación de la UE, en especial en lo que se refiere a la protección de sus intereses financieros", detalló Reynders.

Sobre la derogación de la sedición, el político comunitario advirtió de que España es "libre" de introducir cualquier cambio al respecto, porque se trata de una "competencia exclusiva" de los Estados miembros, siempre que respeten sus obligaciones internacionales y constitucionales.

Reynders también se refirió, en este caso benéficamente, al acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional para considerar que los cuatro nuevos nombramientos son "importantes" en tanto que estaban pendientes desde el pasado junio y porque el buen funcionamiento de los órganos constitucionales es un "elemento esencial del Estado de derecho".

El informe y la presidencia

Eso sí, el comisario dijo que el Ejecutivo comunitario estaba al tanto de que el Constitucional había suspendido la votación en el Senado de la reforma para modificar el sistema de designación de los miembros del TC y añadió que, en todo caso, Bruselas seguirá "atenta a toda evolución en materia de Estado de derecho para incluir su análisis en el informe anual que publicará a mitad de año". 

El informe coincidirá, en este caso, con la presidencia de turno española del Consejo de la UE. Y a la vista del continuo bloqueo de la renovación del CGPJ, de la falta de avances en la independencia de la Fiscalía General del Estado, se presume una evaluación negativa para España. Ya en las tres ediciones anteriores, nuestro país recibió advertencias "graves" a este respecto.

Y las "dudas" expresadas por la delegación de eurodiputados, en el mismo sentido que las del comisario de Justicia, sobre la rebaja de la malversación, auguran una evaluación aún más negativa.

[El Gobierno incumple el reglamento de fondos UE al no convocar a las CCAA desde hace año y medio]

Ya en aquel debate de enero, el responsable europeo de Justicia aprovechó su intervención para insistir en que España haga avances en la "independencia" del Ministerio Fiscal, además de en la "preocupación" con la que Bruselas observa el bloqueo en el CGPJ. Para el Consejo, reclamó que se proceda a su renovación "con carácter de urgencia" e, "inmediatamente después", se inicie la "reforma del sistema de elección de sus vocales para adaptarlo a los estándares europeos".

El comisario apuntó, asimismo, el "lastre en la lucha contra la corrupción" que supone que las investigaciones y procesos contra la corrupción "de alto nivel" siguen siendo "complejas y largas".

Ahora, según su propia oficina, se añade el asunto de la rebaja de las penas para los malversadores. "Seguimos constantemente todas las reformas en todos los Estados miembros relacionadas con el informe de los cuatro pilares del Estado de derecho", concluye este portavoz. "La evaluación sobre esta reforma penal se revisa de acuerdo con la metodología del Informe".