La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria ha registrado la sede de la Consejería de Obras Públicas de Cantabria por orden de un Juzgado de Madrid ante presuntas irregularidades en adjudicaciones del Servicio de Carreteras de ese departamento. Por el momento, hay ocho detenidos, entre ellos un funcionario de Obras Públicas.
La delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, ha informado a los periodistas de ese registro, aunque ha explicado que la jueza que lleva la causa ha decretado el secreto de sumario.
Quiñones ha adelantado que se trata de una investigación conjunta entre la Agencia Tributaria y la Policía Nacional que "lleva muchísimos meses llevándose a cabo y que va a suponer registros en la Consejería de Obras Públicas, en empresas y en domicilios privados".
Fuentes de la Consejería de Obras Públicas han asegurado a EFE que se han puesto a disposición de la jueza encargada del caso y "trabajan codo con codo" con los agentes que están registrando la sede de ese departamento.
Según ha adelantado la cadena SER en Cantabria, el registro ha comenzado a primera hora de este miércoles por orden de un Juzgado de Madrid y supuestamente se investigan presuntas irregularidades en varios contratos del Servicio de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas.