La jueza del caso Mediador pide a Batet todos los dispositivos y efectos del despacho de 'Tito Berni'

María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres Farizo, la jueza instructora del caso Mediador, acaba de pedir a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxel Batet, la entrega de todos los dispositivos y efectos personales que el diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, tuviera en su despacho para que sean analizados por la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional, uno de los grupos policiales a cargo de la investigación.

En un auto al que ha podido acceder EL ESPAÑOL, la titular del Juzgado de Instrucción nº4 de Tenerife, ha ordenador remitir un oficio a la Cámara Baja para que autorice la entrega de todos aquellos elementos presentes en el despacho del parlamentarios socialista.

En caso de que Batet autorizara la colaboración, la magistrada ha dado orden a la Policía Nacional para el análisis, estudio y confección "del correspondiente informe pericial de todos los equipos informáticos y de otros dispositivos/medios de almacenamiento digital/analógico así como sobre aquellos datos que se hallen disponibles a través de estos"

Para la jueza los indicios delictivos en esta causa superan la barrera de las meras conjeturas o sospechas. "Entran de lleno en el campo de los indicios racionales de criminalidad de un delito de corrupción, tales como cohecho, tráfico de influencias, falsedad y pertenencia a grupo organizado, los cuales habría llevado a cabo en el seno de una organización criminal", asegura en el auto.

Al considerar ya que existe pruebas suficientes que acreditan el protagonismo de Tito Berni en la trama presuntamente delictiva, acaba de acordar esta nueva diligencia. "Existen indicios suficientes de la participación del investigado en los
hechos que se siguen en la presente causa".

En el caso de que la presidenta del Congreso otorgara autorización y colaborara entregando todos los efectos del diputado socialista, la jueza pide que se acuerde la "apertura, estudio y análisis de los instrumentos de comunicación telefónica, telemática y dispositivos de almacenamiento masivo de información digital, a los repositorios telemáticos de datos, la nube, correos electrónicos y redes sociales, así como a la documentación, anotaciones personales, facturas, libros de contabilidad en formato físico y digital, actas, extractos, expedientes, documentos registrales y notariales, documentos tributarios, correspondencia postal y electrónica, sellos y cualquier otro soporte que pudiera tener relación con los hechos investigado, inclusive documentación falsificada, útiles y demás herramientas para llevar a cabo los delitos investigados, y así garantizar la oportuna contra pericial, de resultar procedente".

A su vez, en un segundo auto conocido este lunes, la magistrada ha desestimado el recurso del general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, el único encarcelado en el marco de la causa que investiga la supuesta extorsión y los supuestos favores a empresarios a cambio de mordidas. La jueza entiende que todavía quedan pruebas que recabar de los inmuebles a nombre del mando del Instituto Armado y que el riesgo de destrucción de las mismas le impide dejar en libertad a este acusado.

El caso

En el caso Mediador, una jueza de Tenerife investiga una presunta red corrupta activa en los años 2020 y 2021 en la que están implicados un diputado, un director general de una administración autonómica, un general de la Guardia Civil y ocho empresarios canarios y peninsulares. Hay 12 detenidos en total.

El ya exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni y otros miembros de la trama se valían supuestamente de un intermediario para obtener comisiones en forma de dinero en efectivo, jugosas transferencias, fiestas, banquetes, prostitutas o noches en clubs de alterne.

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Los integrantes de esta organización prometían abrir puertas a los empresarios para adjudicarles contratos públicos, subvenciones, tratos de favor con la administración, e incluso para ayudarles a eludir multas u otras responsabilidades en las que hubieran podido incurrir sus compañías.

Para aparentar seriedad e importancia se valían de la figura del diputado socialista Fuentes Curbelo y del general de la Guardia Civil Espinosa Navas, hasta ahora el único encarcelado en la causa. La trama llevaba de visita a los empresarios a Madrid, en una ruta en la que comenzaban metiéndoles en el Congreso, en la sede de la Dirección General de la Guardia Civil para luego continuar en algún exclusivo restaurante.

Las noches finalizaban o bien en los hoteles en los que se solían alojar los miembros de la organización o en clubs de alterne en los que, según figura en el sumario, no faltaban las drogas, las copas y las prostitutas. Al final del día cada empresario se había gastado miles de euros en toda la fiesta.