Tres años de cárcel para el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez (PP) por el 'caso Auditorio'

La condena por corrupción para Pedro Antonio Sánchez no podría haber llegado en peor momento para el Partido Popular: a tres meses de las elecciones municipales y autonómicas. La Audiencia Provincial ha condenado al expresidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, a 3 años de prisión, y 3.600 euros de multa, por el proyecto del auditorio de Puerto Lumbreras: municipio del que fue alcalde.

Un portavoz del Tribunal Superior de Justicia ha confirmado que el político que antaño lideró al PP de la Región de Murcia es culpable de un delito continuado de prevaricación, en concurso con uno de falsedad, por encargar a un arquitecto, "verbalmente y sin expediente previo", las obras del auditorio municipal cuando era alcalde de Puerto Lumbreras. De hecho, el fallo recalca que el exdirigente popular hizo lo posible para "evitar la libre concurrencia de profesionales en el concurso".

Pedro Antonio Sánchez, conocido políticamente con el sobrenombre de 'PAS', dimitió de la presidencia de la Comunidad Autónoma y del PP, cuando se vio asediado por esta causa judicial, designando a Fernando López Miras, como su sucesor, al frente del Palacio de San Esteban y del Partido Popular de Murcia. La condena de Sánchez se ha conocido antes de un acto que López Miras tenía previsto en el IES Sanje de Alcantarilla, para presentar el Plan Impulsamos la Educación.

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'PAS' se sentó en el banquillo de los acusados, en septiembre de 2022, siete años después del inicio de las diligencias por supuestas irregularidades en la redacción, adjudicación, construcción y recepción de las obras del Teatro-Auditorio de Puerto Lumbreras: una localidad de la que fue alcalde de 2003 a 2013, antes de situarse al frente del Palacio de San Esteban y en la cúspide del PP murciano.

Imagen de la primera sesión del 'caso Auditorio' en la Audiencia Provincial de Murcia. Edu Botella / EP

Los magistrados de la Audiencia Provincial argumentan que "la prueba documental, testifical y pericial es contundente en la acreditación de la tesis de las acusaciones". En cuanto al primer hecho delictivo, el tribunal considera probado que Pedro Antonio Sánchez, cuando era alcalde de Puerto Lumbreras, sabedor de la existencia de subvenciones a corporaciones locales para desarrollar edificaciones culturales, encargó un proyecto al arquitecto Martín Lejarra, para solicitar tal ayuda. Ese encargo lo hizo: "verbalmente y sin expediente previo alguno de contratación".

Después de conseguir esa ayuda pública, el entonces regidor popular convocó el concurso de proyectos, "totalmente condicionado a que el ganador fuera el arquitecto". Es decir: Martín Lejarra. El fallo también considera que 'PAS' es culpable de un segundo delito de prevaricación, por convenir la confección de un proyecto modificado que permitiera justificar la subvención autonómica recibida, por importe de 6 millones de euros. Para ello contó con la ayuda del citado arquitecto y de la secretaria accidental del Ayuntamiento lumbrerense, Caridad García.

De hecho, la Sala constata que una vez concedida la subvención, cuando el arquitecto Martín Lejarra detecta "que existía inviabilidad técnica y económica en la ejecución del proyecto", se lo comunica al alcalde, y juntos, con la funcionaria municipal, Caridad García, "convinieron la confección de un proyecto modificado que permitiera justificar ante la Comunidad Autónoma la inversión de la subvención". Todo ello, según el fallo de la Audiencia Provincial, con el objetivo de "impedir el reintegro, aunque ello supusiera dejar la obra inacabada".

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La condena de la Audiencia inhabilita al exregidor y expresidente regional para empleo o cargo público durante 17 años y 3 meses. Esta sentencia pone fin a un largo procedimiento: la instrucción comenzó en Lorca y pasó al Tribunal Superior de Justicia, por la condición de aforado del investigado, Pedro Antonio Sánchez, al tratarse, en ese momento, del presidente de la Región de Murcia. Finalmente, la Sala de lo Civil y Penal del TSJ ordenó la celebración de juicio oral en 2017 y el fallo se ha conocido el 6 de marzo de 2023, con las elecciones a la vuelta de la esquina.

La sentencia también considera probado que los otros protagonistas del 'Caso Auditorio' fueron cooperadores necesarios de esos delitos de prevaricación: la que fuera secretaria accidental del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, Caridad García, y el arquitecto Martín Lejarraga.