Un nuevo roce entre España y Marruecos. El Consejo General de la Abogacía Española, que agrupa a los colegios de abogados, denunció este sábado ante el Ministerio de Exteriores que fuerzas marroquíes impidieron entrar al Sáhara Occidental a dos abogadas canarias en una misión de observación. Además, va a exigir un pronunciamiento de condena por parte de España ante la actitud de Marruecos.
Las juristas Lola Travieso e Inés Miranda viajaron en representación del Consejo General de la Abogacía Española y de la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental desde Canarias a El Aaiún en una misión de observación, de verificación de los derechos humanos de la población saharaui y del tratamiento que reciben de Marruecos.
Sin embargo, antes de aterrizar el avión, la azafata ya les anunció que no podían bajar, “con nuestros nombres y apellidos”, matiza Inés Miranda en una entrevista telefónica con EL ESPAÑOL.
“Cuando descendió todo el pasaje y fuimos a salir nosotras, la pista estaba plagada de policías y se tiraron a la escalera del avión, se echaron encima del comandante que iba delante, no a golpearle a él, pero sí a por mí”, relata Miranda.
Las fuerzas marroquíes las obligaron a subir y las devolvieron a Canarias en el mismo avión, a pesar de haber informado a las autoridades españolas y marroquíes sobre la misión acreditada por el Consejo General de la Abogacía. “Tenían ya preparadas las tarjetas de embarque de retorno. El comandante intentó protegernos, no fue una agresión física, pero sí de derechos a nosotras y al pueblo saharaui”, mantiene Miranda.
“La percepción que hemos tenido y la reacción que hemos visto es que les da igual utilizar cualquier instrumento que esté a su alcance para impedir que pueda haber ojos cualificados, como son los de los juristas, una mirada que pueda ser crítica con fundamento de lo que allí está pasando. Entonces, han puesto un telón de acero y es imposible poder entrar”, explica Inés Miranda.
La jurista añade que “Marruecos está impidiendo la defensa de los derechos humanos en el territorio. Considera que es más grave y es más peligrosa la abogacía española en defensa de los derechos humanos que todo el armamento que ellos tienen y despliegan contra la población saharaui en el territorio no autónomo del Sáhara Occidental”.
El programa de trabajo estaba coordinado con la Instancia Saharaui contra la Ocupación Marroquí (ISACOM), que preside la activista Aminatu Haidar, para mantener reuniones con organizaciones de derechos humanos, con colectivos de mujeres y con los familiares de los presos políticos saharauis. Han asistido a todos sus juicios y realizan un seguimiento de la situación.
Para ello, con la petición del Consejo habían informado de su viaje y de su labor al presidente de España y a los ministros de Exteriores, Interior y de Igualdad; y en cuanto a Canarias, al presidente del Gobierno canario. También, a diferentes relatorías de Naciones Unidas para mantenerlos al corriente y enviarles posteriormente un informe de la labor realizada. De la misma manera, se lo anunciaron a Marruecos, se envió un informe, por parte del Consejo, al Ministerio de Exteriores, como es habitual.
España no responde
En todo momento, la letrada incide en que no se trata de una expulsión. “Marruecos no nos puede expulsar, nos impide violentamente la entrada, pero no tiene competencia para expulsarnos porque la administradora es España y ellos son una fuerza ocupante. Me podrían expulsar si el territorio fuera suyo y tuviesen soberanía sobre él”, clarifica Miranda.
Las autoridades marroquíes ya impidieron a Inés Miranda entrar a El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, en octubre de 2021 en una misión técnico jurídica, con médicos, para visitar a la activista Sultana Khaya. “Entonces, me subieron en volandas. Nos subieron a golpes al avión. Nos golpearon, nos maltrataron, esta vez no tuvieron ocasión”, recuerda Miranda.
“Dado el contexto adverso, es normal que, atendiendo a los intereses que Marruecos tiene para quedarse con un territorio y una población que no es suya, no permita observadores internacionales, y menos la mirada cualificada de juristas, en el territorio”, matiza Miranda.
Hace alusión a la guerra que Marruecos y el Frente Polisario mantienen desde la ruptura del alto al fuego en 2020, en la que “Marruecos está utilizando todo tipo de instrumentos, entre ellos los drones, además del recrudecimiento de la represión contra la población saharaui en el territorio, como el caso de Sultana Khaya o Majuda, sitiada en la casa, rodeada de policías, donde los niños no pueden ni salir al colegio. Y así sucede con muchas mujeres y familias saharauis”.
Inés Mirada, que además de abogada es consejera de cabildo de Canarias, lamenta que “hasta ahora la respuesta del Ministerio de Exteriores ha sido el silencio y el desprecio absoluto”. En 2022, después del giro de Pedro Sánchez respecto al Sáhara, un grupo de 32 juristas y políticos canarios asistieron a la IV Comisión de Política Especial y de Descolonización, y explica que “por primera vez, llevo yendo 20 años, la embajada española de la ONU no nos recibió, ni nos abrió la puerta, ni nos cogió el teléfono ni nos miró a la cara en la sede de la comisión. Esa es la respuesta que hemos recibido del Gobierno español hasta ahora, ninguneo y desprecio absoluto. Esto implica un desprecio absoluto al pueblo saharaui, a la libertad de expresión y al derecho de defensa”.
Ya para despedirse, Inés Miranda advierte que “si piensan que con esto no vamos a dejar de defender los derechos de las personas, pues no, por algo somos abogadas. Estoy en una lucha permanente y no tengo fuerzas para rendirme. Hay que seguir”.
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