"La decisión de hoy, favorable a su Majestad, restablece las condiciones necesarias para futuras apariciones públicas". Es lo que ha expresado el bufete de abogados del rey emérito Juan Carlos I en un comunicado, tras conocer la decisión de la justicia británica de desestimar la denuncia interpuesta contra él por parte de Corinna Larsen.
Así, Juan Carlos I expresa que podría estar considerando su vuelta oficial a la vida pública después de obtener la razón por parte de la jueza Collins Riced y evitar el pago de 126 millones de libras (146 millones de euros) por daños y prejuicios a su demandante.
El rey emérito ha mostrado su alegría por la decisión después de que Larsen, de forma más extensa, manifestase su "decepción" con el fallo:"Es desalentador ver que las víctimas de acoso a menudo luchan por encontrar justicia en nuestro sistema jurídico. El acoso tiene un impacto profundo y duradero en las personas, y es crucial que nuestros procesos legales proporcionen recursos adecuados a quienes lo hayan sufrido".
Además, ha añadido que a la intimidación y el acoso hacia mí y mis hijos continúan y tienen como objetivo destruirme por completo. Juan Carlos ha desplegado todo su arsenal para desgastarme y el alcance de su poder es inmenso. Estoy considerando todas las opciones disponibles".
La jueza, en su decisión, ha determinado que el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales "carece de competencia para conocer de esta reclamación", ya que "no se ha interpuesto contra el demandado en su país de domicilio, como es su derecho por defecto; y la demandante no posee argumentos sólidos y defendibles de que su reclamo cae dentro de una excepción a esa regla predeterminada, debido a que no ha demostrado suficientemente que el 'evento perjudicial' del que se queja (el acoso por parte del demandado) ocurrió en Inglaterra".
En la resolución, que se ha dado a conocer después de que el pasado julio Juan Carlos I presentase sus alegaciones, la juez ha indicado que tampoco está convencida de que el demandado se haya sometido, o deba considerarse que se ha sometido, a la jurisdicción del Tribunal Superior por su propia conducción de este litigio hasta el momento.
Defensa de Juan Carlos I
En las alegaciones elaboradas por la defensa del monarca, se esgrimía el argumento de "la falta de credibilidad de la demandante", ya que Larsen había emitido una solicitud para modificar la demanda original: "Como sus predecesoras, es incoherente, internamente contradictoria y manifiestamente mala en términos legales".
En este punto, negó la existencia de "una pauta de conducta" de acoso atribuible al emérito, reprochando a Corinna que se estaba limitando a relatar "varios incidentes" que, a juicio de la defensa, "son altamente diferentes en cuanto a su naturaleza, tienen lugar de forma esporádica a lo largo de varios años y fueron llevados a cabo por distintas personas (no siempre el demandado) contra diversos objetivos (no siempre la demandada).
Además, subrayó que las afirmaciones de Larsen no solo son "falsas" sino también "inconsistentes con las declaraciones públicas hechas por ella" antes de que iniciara el litigio.
De hecho, recordó que, tras la abdicación de Juan Carlos I, que tuvo lugar el 14 de junio de 2014, Larsen "emitió un comunicado de afecto" donde le describe como "un hombre de una profunda humanidad y valentía, un leal y siempre atento amigo", además de un "gigante de la Historia".
Por otro lado, la defensa mostró su malestar por el hecho de que "las acusaciones implican un supuesto abuso de poder inconsistente con el importante papel del demandado en la Transición de España hacia una exitosa democracia parlamentaria, y con su largo periodo de servicio como soberano".
Inmunidad del monarca
El objetivo de aquella vista de cuatro días era abordar las cuestiones preliminares que quedaron pendientes hasta que se resolviera el alcance de la inmunidad del antiguo monarca.
Fue el pasado 6 de diciembre cuando el Tribunal de Apelaciones de Inglaterra y Gales estableció que don Juan Carlos goza de inmunidad respecto a las actuaciones previas a su abdicación como Rey de España, en 2014.
Esta decisión judicial implica que la demanda de Larsen, que sitúa el marco temporal del supuesto acoso entre 2012 y 2020, solo podría seguir su curso ante los tribunales británicos por lo ocurrido a partir de 2014.
La empresaria relató en su demanda que Juan Carlos I la habría acosado después de que ella pusiera fin a la relación que habían mantenido. Primero para procurar que la retomaran y después a modo de venganza para perjudicarla en sus negocios, de acuerdo con Larsen.
Reclamó al rey emérito una indemnización por los costes de su tratamiento médico de salud mental, por la "instalación de medidas de seguridad personal y servicios diarios de protección" y por la contratación a "exdiplomáticos y exfuncionarios del Gobierno" para que interviniesen con el fin de "poner fin al acoso" que dice haber recibido.