Hasta este jueves, entre 5.000 y 6.000 inmigrantes llegados a las Islas Canarias han sido derivados a la península para descongestionar la situación que se vive en el archipiélago, en una crisis migratoria con pocos precedentes.
En este sentido, la gestión que está llevando a cabo el Gobierno está propiciando alarma social y duras críticas de dirigentes políticos en al menos 16 provincias, que denuncian falta de coordinación y toma de decisiones a sus espaldas y por sorpresa.
Una de las primeras en subrayar ese malestar ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de tratar a los migrantes como "fardos que se envían y se van dejando por la Península".
Los alcaldes de Madrid y Alcalá de Henares, José Luis Martínez Almeida y Judith Piquet, ambos del PP, han expresado también su preocupación por la situación creada.
En Andalucía, la comunidad donde han llegado hasta el momento más migrantes (700), han llovido igualmente las críticas al Gobierno. El presidente andaluz, Juanma Moreno, considera que este tipo de actuaciones se tienen que adoptar "informando previamente a ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas, de forma coordinada y con máxima cooperación".
En la Comunidad Valenciana, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, señaló ayer que se acogería a unos 350 inmigrantes, pero sin dar a conocer los municipios de acogida. Bernabé pidió acabar con "los discursos del odio".
En Almería, su alcaldesa, María del Mar Vázquez (PP), ha trasladado su "comprensión" por la "situación actual" que vive Canarias, pero ha reprochado al Gobierno su "deslealtad institucional" por "no haber contado" con el ayuntamiento para el traslado hasta la capital almeriense de medio millar de migrantes, 433 a un hotel y 54 a un centro de atención de la Cruz Roja.
Lo mismo ha sucedido en Granada: ya hay 40 migrantes en el municipio de Los Gualchos-Castell de Ferro y se prevé que lleguen otras 120 personas en las próximas horas, que serán repartidas por la provincia.
Salvador Escudero, un concejal del PP de Torrox (Málaga), ha elevado ostensiblemente el tono: "Metemos el tifus aquí, no sabemos lo que nos pueden traer". Pero las manifestaciones más polémicas han sido las de Juan García-Gallardo (Vox) tras visitar de noche el balneario donde están los inmigrantes alojados y publicar un vídeo expresando su "no rotundo a la invasión migratoria". "Sin seguridad no hay libertad", indicó en redes.
El PSOE estudia ya acciones legales y ha pedido a la Fiscalía que actúe de oficio ante ambas declaraciones por considerarlas "delito de odio" al "criminalizar" a los inmigrantes.
También se han producido críticas desde Galicia, ya que hasta allí se ha ordenado el traslado de 400 migrantes subsaharianos. La mayoría irá a Sanxenxo (Pontevedra), cuyo regidor ha hablado de "oscurantismo", y el resto a otros municipios en la provincia de La Coruña como Sobrado dos Monxes. Allí, su alcalde también ha lamentado que su municipio no disponga de los recursos necesarios para acogerles.
Cáceres, Murcia, Huesca, León, Ávila, Burgos, Valladolid, Salamanca o Segovia son otros de los lugares donde sus representantes han expresado su descontento. En total, hay al menos 16 provincias del país alarmadas por la forma en que los ministerios de Migraciones e Interior han organizado el reparto de inmigrantes, sin que se conozca públicamente el criterio utilizado.
Hay críticas incluso en Castilla-La Mancha, según señalan fuentes del Gobierno de Emiliano García-Page. "No nos han hecho ninguna comunicación oficial. Sí tenemos constancia de que el ministerio se ha puesto en contacto con las entidades de primera acogida que operan en Castilla", aseguran desde su entorno.
Por su parte, el PP de Canarias, que forma parte del gobierno de esa comunidad, mantiene un silencio institucional en los últimos días sin querer dar su opinión sobre el asunto.
Respuesta de Migraciones
Este jueves, el ministro José Luis Escrivá ha respondido a unas críticas que fueron arreciando durante la jornada.
Su departamento activó en octubre la declaración de emergencia en Canarias ante la llegada de migrantes que han llegado a la isla en las últimas semanas, una opción que recoge la legislación española, ya utilizada en otras situaciones de crisis, y que sirve para cubrir de manera más inmediata las necesidades de los migrantes.
Las ONG trabajan de forma coordinada con Migraciones. Estas buscan plazas disponibles y las ponen a disposición del ministerio que, a su vez, ha anunciado, está buscando alojamientos adicionales junto con el Ministerio de Defensa. Por ejemplo, ya ha localizado dos acuartelamientos en Madrid, y otros dos terrenos en Cartagena y Sevilla.
Escrivá ha reprochado las críticas vertidas por distintos ayuntamientos y gobiernos autonómicos del PP sobre la falta de información de los traslados de migrantes a la península y ha calificado de "xenofobia" algunos de los comentarios realizados por dirigentes populares.
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En cuanto a la falta de comunicación sobre los traslados, el ministro asegura que "siempre" se informa a las autoridades locales y autonómicas una vez el emplazamiento está "perfectamente identificado y van a llegar allí". Desde su departamento, señalan a EL ESPAÑOL que se avisa con 24 horas de antelación, de los traslados que se van a realizar, un tiempo que a muchos alcaldes y autoridades les ha parecido insuficiente.
"Tenemos una gestión integral, es decir, tenemos toda una red de centros de acogida, algunos contingentes y, según las situaciones, vamos viendo dónde es la mejor ubicación, también en función de los perfiles de las personas que van llegando", explicó ayer Escrivá.
140 inmigrantes cada día
La entrada de inmigrantes se ha incrementado desde agosto de tal forma que la cifra global de personas que llegan a España de forma irregular casi duplica ya a la de todo el año 2022. Según datos a disposición de fuentes policiales en las Islas Canarias, a los que ha podido acceder EL ESPAÑOL, ya serían 41.000 los que han llegado a las costas españolas este 2023. Son una media de 140 personas al día.
Tan solo en el archipiélago, epicentro de la actual crisis migratoria, habrían llegado 29.000 inmigrantes en lo que va de año. Un gran número de ellos son personas procedentes de Senegal (de donde están partiendo la mayoría de los cayucos) y del África Subsahariana.
La llegada de las pateras se ha incrementado notablemente desde finales de este verano. Hasta el pasado 31 de agosto, según datos del Ministerio del Interior, a España habían llegado 21.780 personas. El 15 de octubre, la cifra global se situaba en 36.814. Estos datos recuerdan a los agentes la crisis de los cayucos de 2006.
Fuentes policiales estiman que este año, si continúa el ritmo actual de llegada de inmigrantes, podrían superarse las cifras de 2018 y convertirse así 2023 en el de la mayor oleada de la historia.