Los agente de Policía Nacional y de la Guardia Civil comienzan a movilizarse después del anuncio del acuerdo entre el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez a cambio de la amnistía de todos los separatistas.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) acaban de convocar una movilización en apoyo a los 45 policías y guardias civiles que fueron procesados por los hechos posteriores al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Estos agentes prestarán declaración como investigados en sede judicial en los próximos días.
Como muestra de rechazo al acuerdo alcanzado entre PSOE y los independentistas de ERC, los agentes anuncian una concentración ante los juzgados de Barcelona el próximo 10 de noviembre a las 12 de la mañana, en la Gran Vía de las Cortes Catalanas 111.
Los agentes acudirán a declarar en los juzgados en calidad investigados por los disturbios producidos tras la Sentencia del Tribunal Supremo en octubre del 2019. SUP y AUGC muestran su total rechazo al pacto sellado entre PSOE y ERC. No quieren ser "humillados ante el acuerdo alcanzado entre PSOE y los independentistas de ERC para la investidura de Pedro Sanchez".
Cartel elaborado para la concentración del próximo 10 de noviembre.
"Estamos siendo utilizados como moneda de cambio en las negociaciones para formar gobierno", advierten ambas organizaciones. "La Policía Nacional y la Guardia Civil están perdiendo su influencia y presencia en Cataluña debido a la continua intención de restar competencias y expulsar a los guardias civiles y policías nacionales de esta Comunidad Autónoma".
"Nos apedrean"
El comunicado emitido por ambos colectivos señala con dureza la situación en la que quedan los agentes en Cataluña. "Nos apedrearon el 1-O del 2017 y ahora nos 'apedrean' institucionalmente". Desde ambas organizaciones policiales denuncian que, "poniendo en riesgo su propia integridad física, los policías y guardias civiles" dieron cumplimiento "a las órdenes gubernamentales dirigidas a restablecer el orden constitucional".
Ahora, comprueban, con un acusado sentimiento de impotencia, "cómo desde el Gobierno central se trata de amnistiar a quienes quebrantaron el Estado de derecho para negociar y blanquear lo gravemente ocurrido aquel día y tratar de condenar judicialmente y humillar a policías y guardias civiles que actuaron con total seriedad y profesionalidad el 1-O".
Desmantelamiento
A juicio de ambas organizaciones, este pacto sella el principio del fin de la seguridad ciudadana en Cataluña, y anticipa la desaparición y la retirada de la Policía Nacional y la Guardia Civil en esa comunidad. "El Gobierno en funciones pasa de las intenciones a los hechos y ya es una certeza que el acuerdo lleva al desmantelamiento de la seguridad ciudadana en Cataluña".
Concretamente, son dos de los puntos del acuerdo los que inciden en este extremo. En el primero de ellos el Gobierno se compromete a incrementar los efectivos y los medios de los Mossos d'Esquadra: "El 5 de noviembre de 2021 se acordó por la Junta de Seguridad de Cataluña (JSC) 'ampliar los 18.267 efectivos actuales con 3.739 efectivos más hasta alcanzar una plantilla final de 22.006 efectivos", recoge el documento.
"El Gobierno", prosigue, "se compromete a transferir anualmente, al objeto de que Cataluña ejerza competencias transferidas no homogéneas vinculadas a la seguridad ciudadana, desde 2024 y hasta 2030, el resultado de aplicar al módulo acordado, la diferencia entre el número de efectivos de Mossos d´Esquadra certificado de cada año y los efectivos certificados de 2021".
El segundo de los puntos del acuerdo que afectan a asuntos policiales augura que el separatismo podrá desmantelar un bastión simbólico del Ministerio del Interior en el centro de Barcelona: la comisaría de Vía Laietana, hoy sede de la Jefatura Superior de Policía Nacional en Cataluña. "Se constituirá una comisión entre el Gobierno del Estado y el de la Generalitat de Catalunya con el objetivo de estudiar la situación de los inmuebles titularidad del Estado y a desarrollar un trabajo conjunto de optimización de su parque inmobiliario entre las dos administraciones", señala el acuerdo.
¿Con qué fin? Con el de "ponerlo al servicio de las políticas públicas y actividades de la Generalitat, siempre en el marco de la mejora del interés general y el mejor servicio público". Un párrafo en el que los agentes ya perciben las pretensiones de los independentistas, aceptadas por el PSOE en el pacto.
"Se aumenta la plantilla de los Mossos d Esquadra, se aumenta la partida presupuestaria ́ para esta policía autonómica mientras a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se nos niega el reconocimiento del complemento de Zona de Especial Singularidad", señalan desde AUGC y SUP. "Esto parece ser tan solo el principio".
Ante lo expuesto, señalan ambas organizaciones, SUP y AUGC no pueden "permanecer impasibles ante lo que consideramos un claro ataque a nuestros derechos profesionales, donde no solo fuimos utilizados en el 1-O, para después ser 'moneda de cambio' según conveniencia, sino que ahora también tenemos que ver como este el Gobierno riega económicamente a los Mossos y culmina así la expulsión definitiva de guardias civiles y policías de Cataluña".