Miembros del CNI sobre el espionaje a Aragonès: "El Gobierno de Sánchez lo autorizó y no lo cortó"
Fuentes de los servicios de inteligencia desmienten al Gobierno y detallan que estas operaciones se comparten directamente con el presidente desde el principio.
28 enero, 2024 03:05Varios miembros de los servicios de inteligencia desmienten al Gobierno y afirman que el Ejecutivo de Pedro Sánchez conocía a la perfección las operaciones que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y que las autorizó para espiar con el software Pegasus el teléfono de Pere Aragonès, presidente de la Generalitat de Cataluña, desde el pasado 2019.
Según los testimonios que ha podido recabar EL ESPAÑOL, para los agentes resulta del todo "increíble" que el gabinete de Sánchez se defienda culpando de este episodio al Gobierno de su predecesor, Mariano Rajoy: "Decir que el Gobierno no sabía nada de un asunto de esta enjundia es una cosa muy seria".
"Lo sabían, lo autorizaron, lo podían haber cortado y no lo hicieron", prosigue otro de los miembros del Centro. La primera de las fuentes consultadas ha trabajado muchos años en Contrainteligencia. La segunda actualmente trabaja en asuntos relacionados con yihadismo y otras amenazas exteriores, pero conoce a la perfección el funcionamiento del Centro en estas cuestiones. Por razones de seguridad, ambas prefieren mantenerse en el anonimato.
El ejecutivo, por medio de ministros como Félix Bolaños, se ha excusado señalando que el espionaje a los teléfonos del independentismo comenzó antes de que Pedro Sánchez llegase a la Moncloa. "El Gobierno, en aquel momento, cuando se produjeron esos episodios, ni tenía conocimiento ni había autorizado, porque eran operaciones que venían de antes", aseguró este viernes en Bruselas.
Sin embargo, el contenido de los autos del juez de Control al CNI del Tribunal Supremo, Pablo Lucas, demuestra que la autorización a los servicios de inteligencia para realizar las escuchas sobre el dirigente de ERC comienza en julio de 2019 y se extienden hasta enero de 2020. En total, 3 autos judiciales en los que se daba el consentimiento para instalar ese programa en el teléfono del líder separatista.
El objeto de la investigación sobre el president Aragonès, entonces mano derecha de Quim Torra, no era otro que sus conexiones con los CDR (Comités de Defensa de la República), ya que los servicios de inteligencia sospechaban que podía ser una de las personas que los coordinasen desde la propia Generalitat para desestabilizar la situación política los meses previos y posteriores al conocimiento de la sentencia del procés.
Así lo confesaron a este diario fuentes conocedoras del contenido de los papeles secretos del CNI que este martes fueron desclasificados en el Consejo de Ministros. La primera vez que el dispositivo de Aragonès y el de otros relevantes actores del mundo separatista fue en 2019, cuando Sánchez ya se sentaba en la Moncloa. Era el momento también en que el Ejecutivo negociaba con ERC para obtener su apoyo en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
"Cualquier servicio de inteligencia de un estado europeo lo haría", prosigue una de las fuentes de inteligencia consultadas, en referencia a intervenir los teléfonos de los independentistas en una situación tan convulsa como la que se vivió en Cataluña entre 2016 y 2019.
"Desde el principio"
Las fuentes consultadas en los servicios de inteligencia descartan que Moncloa no conociera una investigación de este calado, probablemente una de las más importantes que ha tenido el CNI entre sus manos en el último lustro. "Una operación así ha sido debatida por la ministra (Robles) y el presidente. No es material baladí, un mero trámite. Los detalles de estos trabajos se comparten desde el principio".
La misión del CNI, tal y como está marcado en la legislación que regula el trabajo de los espías del Centro, consiste en "prevenir, detectar y posibilitar la neutralización de aquellas actividades de servicios extranjeros, grupos o personas que pongan en riesgo, amenacen o atenten contra el ordenamiento constitucional, los derechos y libertades de los ciudadanos españoles, la soberanía, integridad y seguridad del Estado, la estabilidad de sus instituciones, los intereses económicos nacionales y el bienestar de la población".
Entre sus principios fundacionales está el de "facilitar al presidente del Gobierno y al Gobierno de la nación las informaciones, análisis, estudios o propuestas" que permitan prevenir estas amenazas. Así figura en la ley 11/2002, Reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, y así trabajan su servicio de Contrainteligencia, dependiente de la Tercera Sección (Operaciones) del Alto Estado Mayor.
Por tanto, los espías trabajan directamente para Pedro Sánchez, y solo a él en última instancia rinden cuentas y transmiten los resultados de sus pesquisas. Es por ello, señalan las fuentes consultadas en el Centro, que es absolutamente "imposible" que el líder del PSOE no supiera lo que tenían entre manos los espías durante sus primeros años en la Moncloa.
Seguridad nacional
Poco después de que estallase el escándalo, Pedro Sánchez tuvo que comparecer en el Congreso de los Diputados, en la primavera de 2022, para explicar lo sucedido en torno al espionaje con Pegasus.
Sánchez pasó de puntillas por las razones que encontró el CNI –y por ende el Gobierno– para espiar a 18 dirigentes separatistas. En aquel entonces, llegó a justificar el trabajo de los espías: "Resulta evidente que, entre 2015 y 2020, con la declaración de independencia de 2017 y con los incendios tras la sentencia del Supremo, la crisis fue una enorme preocupación para la seguridad nacional".
Luego retrocedió empleando una mentira: "El Gobierno no conoce ni decide sobre las decisiones operativas del CNI". Una afirmación que, a la luz de los recientes descubrimientos, se convierte en una nueva falsedad.
Cada año, a principios del mes de enero, el presidente del Gobierno se reúne con algunos de los principales representantes del Estado para fijar la directiva de inteligencia. En ella, señalan las fuentes conocedoras del funcionamiento del Centro, se fijan anualmente las prioridades de la seguridad nacional. Y los episodios que se vivieron en Cataluña entre 2016 y 2019 en Cataluña, como no podía ser de otra manera, estaban entre esas amenazas para la integridad del Estado.