Del 'Yo acuso' a la victoria judicial / (y VII) Memoria incompleta de la investigación del 11-M

En 2009 seguía sintiéndome personalmente implicado en la investigación del 11-M. La sentencia llena de lagunas y contradicciones que el juez Bermúdez y sus compañeros habían dictado en 2007, eximiendo a los acusados por la fiscalía como cerebros de la masacre, había sido podada aún más en 2008 por el Tribunal Supremo, cuando absolvió en la casación a otros tres de los islamistas condenados.

Al final sólo quedaba Jamal Zougam como autor material de la colocación de los explosivos en los trenes. Algo aparentemente incomprensible, teniendo en cuenta que se daba por probado que era también quien había vendido a otros miembros del comando las tarjetas utilizadas en los teléfonos que habrían hecho estallar las bombas. Y que, después de que se difundiera el hallazgo de una de esas tarjetas en la mochila de Alcalá, había permanecido en su locutorio, como si nada de aquello fuera con él, esperando a que le detuvieran.

Mis dudas sobre su culpabilidad se acrecentaron exponencialmente cuando descubrimos que la Policía había averiguado que la noche anterior a los atentados Jamal Zougam había acudido al gimnasio Fitness Plaza situado en la Plaza Elíptica, permaneciendo en sus instalaciones desde las 22,30 hasta casi la medianoche, según acreditaban los controles de entrada y salida.

Si parecía insólito que un fanático musulmán empleara en el gimnasio las horas previas a cometer una masacre, cuando se suponía que debía estar montando las bombas con el resto del comando, más inaudito todavía resultaba que esas diligencias policiales nunca se hubieran incorporado a la instrucción judicial ni por lo tanto salieran a relucir durante el juicio.

En una carta enviada desde la cárcel con motivo del quinto aniversario del 11-M, Zougam seguía proclamando su inocencia: "Estaba condenado desde el primer día, estoy en la cárcel por la cara... Toda la investigación consistió en buscar cualquier cosa para que yo pareciera culpable... Los testigos que declararon haberme visto se han aprovechado de mí y de las víctimas".

Pocas semanas después, el químico Antonio Iglesias, uno de los peritos que habían analizado los restos de explosivos en paralelo a la vista oral, hizo público el contenido de un informe de 500 folios estrictamente científico, en el que concluía que era "altamente probable" que la dinamita utilizada en los trenes fuera Titadyn y no Goma 2 ECO.

En su informe, editado enseguida como libro con un enjundioso prólogo de Casimiro García-Abadillo, el perito Iglesias detallaba los resultados de los análisis recogidos en las grabaciones que el juez Bermúdez seguía negando a las víctimas.

Iglesias insistía en que tanto el dinitrotolueno (DNT) como la nitroglicerina hallados en la única muestra intacta tras la destrucción de pruebas por parte de los Tedax, eran componentes del Titadyn y no de la Goma 2 ECO procedente de Mina Conchita.

También rebatía el error fáctico de la sentencia al presentar el ftalato de dibutilo como componente exclusivo de la Goma 2 ECO, cuando también formaba parte del Titadyn. Y, por si todo esto no fuera suficiente, presentaba el resultado de una prueba de granulación que indicaba que los restos de Goma 2 ECO encontrados en la Kangoo procedían de la misma muestra-patrón entregada por los Tedax al juez como elemento de contraste.

Es decir, que todo apuntaba a una intencionada manipulación de la investigación, por parte del comisario Sánchez Manzano, jefe de los Tedax.

No era la primera vez, ni sería la última, que El Mundo ponía a Manzano en la picota, como eslabón clave en la ruptura de la cadena de custodia de los restos de los trenes y en la orientación de la instrucción sumarial hacia una versión incompatible con la evidencia científica, detectada después por los peritos.

Su reacción había sido presentar una demanda de protección al honor dirigida contra Casimiro García-Abadillo, Fernando Múgica, el columnista Jiménez Losantos y contra mí mismo. Se trataba de un procedimiento civil en el que los demandados podríamos aportar durante la vista oral pruebas que corroboran nuestras tesis y eso es lo que estábamos preparando. No íbamos a llegar al juicio con las manos vacías.

Ángeles Pedraza, expresidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, perdió a su hija en los atentados del 11-M. Diseño: Arte EE

Zapatero trató, entre tanto, de burlarse de nuestro empeño por reabrir el caso, diciendo en el Congreso que dudar de la sentencia del 11-M equivalía a creer que "Elvis Presley seguía vivo". La vicepresidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, le contestó al día siguiente: "A mí lo de Elvis Presley me da igual, lo que quiero saber es quién mató a mi hija".

En este contexto tuvo lugar el 2 de junio la presentación del libro de Antonio Iglesias. En su prólogo García-Abadillo incluía también la confidencia realizada por Gómez Bermúdez a otro magistrado poco antes de dictar sentencia: no sólo iba a absolver a los "cerebros", sino que había llegado a la conclusión de que los explosivos con los que traficaba Trashorras no habían tenido nada que ver con la masacre e iba a deducir testimonio contra altos mandos policiales por los posibles delitos cometidos durante la investigación.

Todos estos elementos estaban en mi mente cuando decidí participar en la presentación del libro, haciendo un emplazamiento público a los altos funcionarios que, a mi entender habían bloqueado la búsqueda de la verdad del 11-M. Utilicé para ello el mismo tono, título y formato del "Yo acuso" de Zola en el caso Dreyfuss.

Tras unas referencias históricas destinadas a realzar ese paralelismo, fijé mi propia posición en el debate: "Yo no sé lo que ocurrió el 11-M y el trabajo de Antonio Iglesias tampoco lo desvela. Pero sí demuestra que no ocurrió lo que dice la sentencia, porque en todos los restos de los focos se halló dinitrotolueno y en el único que no había sido lavado con agua y acetona se halló nitroglicerina, dos componentes que están en el Titadyn pero no en la Goma 2 ECO. Por lo tanto, es científicamente imposible, químicamente imposible, molecularmente imposible, por mucho que lo afirmen la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo que 'toda o gran parte de la dinamita que estalló en los trenes procedía de Mina Conchita' porque en Mina Conchita había Goma 2 ECO, pero no Titadyn".

"La otra gran aportación de este trabajo son los sólidos indicios de la manipulación policial de la investigación, brillantemente realzados por el texto de Casimiro García-Abadillo, que más que un prólogo es una auténtica hoja de ruta del estado de la cuestión. Puede decirse que, gracias a este libro, ya sabemos por culpa de quiénes no sabemos lo que ocurrió en el 11-M o, al menos por culpa de quiénes las posibilidades que un Estado democrático tiene de averiguar la verdad sobre un atentado político de esa magnitud quedaron infamemente disminuidas".

"Poner ahora a esas personas en la picota pública no sólo es un acto de justicia compensatoria, sino que constituye posiblemente la última esperanza de reactivar la máquina de las instituciones e intentar limpiar -como escribió Zola- 'la mancha de cieno' que ensucia nuestra dignidad nacional. Por eso igual que hizo él hace 111 años, yo acuso".

Seguía luego mi requisitoria contra doce altos mandos de las Fuerzas de Seguridad, cuatro jueces y dos fiscales, pormenorizando los cargos contra cada uno de ellos. Medí cada palabra, sabiendo que todos las leerían con lupa y aprovecharían cualquier error o desliz para utilizarlo en mi contra.

El tono contra el primer acusado, precisamente Manzano, marcaba la pauta del que emplearía con todos los demás. Había una denuncia genérica y cinco acusaciones concretas: "Yo acuso al entonces comisario jefe de los Tedax, Juan Jesús Sánchez Manzano, de mantener una línea de conducta supuestamente orientada a la ocultación y manipulación de pruebas, con flagrante incumplimiento de sus deberes profesionales, 1) al transgredir los protocolos sobre recogida y almacenamiento de restos, 2) al asumir unos análisis que no le habría correspondido realizar, 3) al no poner a disposición de la Policía Científica los fragmentos obtenidos en los focos de los trenes, 4) al predeterminar la investigación con la muestra-patrón de la Goma 2 ECO de la que presuntamente salió también el explosivo colocado en la Kangoo, y 5) al proporcionar al juez Del Olmo, a la Comisión de investigación parlamentaria y al propio tribunal del 11-M información falsa o gravemente errónea, perjudicando una y otra vez la
búsqueda de la verdad de lo ocurrido".

Seguían luego las acusaciones a la perita de los Tedax, a los comisarios de la Policía Científica Corrales y Santano, a tres de sus subordinados, al subdirector general Díaz-Pintado, al general Hernando, jefe de la UCO, a uno de sus oficiales y al jefe de la pericia Alfonso Vega.

Los fiscales de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza y Olga Sánchez durante el juicio del 11-M. Diseño: Arte EE

En la magistratura los señalados eran el instructor Juan del Olmo, el presidente del tribunal Gómez Bermúdez y sus compañeros Guevara y García Nicolás. Los fiscales Javier Zaragoza y Olga Sánchez completaban el elenco.

El famoso "vale ya" de la representante del Ministerio Público al referirse a los explosivos, me dio pie para cerrar mi acta de acusación con el mismo golpe de efecto que empleó Zola: "No, no vale ya. Por seguir ciñéndome a la estructura e incluso a las palabras literales de aquel artículo de Zola, en cuanto a estos 18 funcionarios públicos a los que acuso, 'debo decir que ni les conozco, ni les he visto nunca, ni siento particularmente por ellos rencor ni odio. Les considero como entidades, como espíritus de maleficencia social... Mi ardiente protesta es un grito de mi alma. Que se atrevan a llevarme a los tribunales y que me juzguen públicamente'".

***

Ese era de hecho el camino que había abierto el comisario Sánchez Manzano y de ahí la meticulosidad y el rigor con que nuestro abogado Juan Luis Ortega había preparado la vista oral por la demanda del exjefe de los Tedax, fijada cinco semanas después de mi requisitoria.

Manzano nos pedía 300.000 euros de indemnización para reparar el daño causado a su honor. No era una cantidad pequeña, pero nos jugábamos mucho más que eso porque, además de cuatro personas físicas, lo que estaba en el banquillo era el prestigio, la credibilidad del periódico.

Por otra parte, estábamos también ante una oportunidad irrepetible de conseguir una revisión judicial de la investigación policial del 11-M que había dado pie a la sentencia de Bermúdez.

La vista oral comenzó el miércoles 8 de junio ante la magistrada Ana Cristina Lledó, titular del juzgado número 56. Manzano compareció hecho un brazo de mar, con una camisa de rayas azules y blancas y traje y corbata a juego. Con su pelo blanco de galán maduro y su piel curtida, el excomisario de los Tedax se presentó como el profesional difamado por un periódico tras toda una vida profesional abnegadamente dedicada a luchar contra el delito.

Frente a esa imagen ejemplar, realzada una y otra vez por su abogada, nuestro letrado Juan Luis Ortega, un joven alto y corpulento, formado a la sombra de su madre, la gran penalista Cristina Peña, contrapuso los testimonios de dos guardias civiles destinados en los Tedax que declararon que ellos nunca hubieran dado el "visto bueno" al informe que Manzano entregó a Del Olmo, asegurando que las bombas del 11-M contenían "componentes genéricos de la dinamita".

También testificaron el propio Antonio Iglesias y el igualmente miembro de la pericia de 2007 Carlos Romero Batallán. El uno calificó de "negligente" ese informe elaborado por la colaboradora de Manzano y el otro lo tildó de "aberrante" por su falta de concreción.

Pero el punto fuerte de nuestra defensa no fueron esas y otras opiniones, a la postre subjetivas, sino tres documentos que Juan Luis Ortega fue entregando y explicando a la juez.

El primero era una circular interna de la Dirección General de la Policía, concretamente la número 50, en la que literalmente se especificaba que "en caso de atentados terroristas el examen y estudio de las muestras de los explosivos hallados en el lugar de los hechos corresponden con carácter exclusivo a la Policía Científica".

El segundo documento era también un informe oficial del Ministerio del Interior en el que, a modo de resumen, se certificaba que la Unidad de Desactivación de Explosivos de los Tedax había enviado a la Comisaría General de la Policía Científica nada menos que 116 muestras recogidas en atentados, en el periodo comprendido entre 2000 y 2006. La pregunta era obvia: ¿por qué si la norma era tan clara y su aplicación tan reiterada Manzano había incumplido el protocolo, precisamente en la mayor masacre de la historia de España, saltándose a la Policía Científica, y había entregado al juez un informe de pésima calidad técnica y nulo valor probatorio?

Aunque Manzano nunca respondió a esta pregunta -lo hubiera tenido que hacer como imputado si Bermúdez no hubiera dado marcha atrás en su intención de deducir testimonio contra él-, siempre cabía alegar que todo se hizo el 11-M bajo estado de shock y que la ansiedad por esclarecer los hechos generó esa precipitación e hizo que se incumplieran los protocolos. Se trataría en todo caso de una negligencia humanamente comprensible.

Pero nosotros no sólo tratábamos de demostrar que se había comportado de forma irregular y que su conducta había perjudicado a la investigación al no entregar los restos de los trenes a la unidad competente, con muchos más medios y conocimientos que los Tedax.

Nuestro planteamiento iba un paso más allá porque le acusábamos de haber transmitido al juez información falsa, sabiendo necesariamente que lo era. Es decir, de manipular la investigación, mediante un relato en el que todo encajara, cerrando las puertas a otras pesquisas policiales.

Eso es lo que logramos demostrar mediante nuestro tercer y más impactante documento: un dictamen pericial firmado por un ingeniero del ICAI sobre el funcionamiento del modelo de teléfono hallado en la mochila de Vallecas.

Este dictamen rebatía o más bien ponía en evidencia la imposibilidad fáctica de la información transmitida por Manzano al juez instructor en noviembre de 2005. "Cuando se procedió al estudio del teléfono, su hora coincidía con la real y tenía activadas las funciones de alarma (7,40) y vibrador", había asegurado el policía.

Se trataba del dato clave que vinculaba al teléfono y por ende a la mochila de Vallecas a los atentados: estaba programado para activar el detonador del explosivo a la misma hora en que estallaron las demás bombas en los trenes. Era pues, parte de una misma siembra siniestra, aunque no llegara a explosionar.

Sin embargo, el ingeniero, que semanas antes se había puesto en contacto con Casimiro García-Abadillo, como buen lector del periódico que era, había tomado también nota de que el tedax apodado "Pedro" que desactivó la bomba colocada en la mochila declaró en el juicio del 11-M que cuando él intervino "el teléfono estaba apagado" y que a continuación fue trasladado a las instalaciones de la Policía Científica en el barrio de Canillas. "Una vez allí el teléfono se desmonta y se quita la tarjeta".

El relato coincidía con la lógica más elemental: la prioridad era extraer la tarjeta SIM para investigar su memoria, sin que desapareciera el dato del repetidor en el que se había encendido anteriormente el teléfono. Eso implicaba desmontar la batería y volver a encender el terminal con una nueva tarjeta. Pues bien, resultaba que, a diferencia de otros modelos, aquel Mitsubishi Electric Trium 110 no conservaba ni la hora ni la fecha programada cuando se volvía a encender con otra tarjeta. Su propio manual de uso así lo especificaba y advertía.

Fue un momento de gran dramatismo judicial. Para que no cupiera ninguna duda, Juan Luis Ortega entregó a la juez un vídeo grabado por el perito en el que se reproducían los mismos pasos que, según Manzano, habían permitido establecer que el teléfono estaba programado para las 7,40.

Su contenido era elocuente a más no poder. El ingeniero configuraba la hora y la fecha -eligió caprichosamente las 11.11 del 11 de noviembre de 2011-, luego apagaba el terminal, cambiaba la tarjeta y lo volvía a encender. Cuando se iluminaba la pantalla se comprobaba que "el teléfono ha perdido la fecha establecida con anterioridad y aparece por defecto el 1 de enero de 2001" y que "también ha perdido la hora y muestra la pantalla de espera con las 00.00 del lunes 01".

El impacto de estas pruebas documentales fue tan demoledor que, cuando llegó el momento de las conclusiones, la fiscal del caso pidió a la juez que rechazara la demanda. Fue una agradable sorpresa en la medida en que, desmarcándose de la línea seguida por el propio Ministerio Público en el juicio del 11-M, consideró que todos y cada uno de los 40 artículos contra los que se dirigía la demanda, estaban basados en "información veraz y de relevancia pública".

Manzano abandonó el juzgado con una forzada sonrisa en el rostro. Era un buen augurio, pero no íbamos a conocer la decisión judicial hasta después del verano.

***

En el curso de El Escorial, dedicado a nuestro vigésimo aniversario, pude vanagloriarme de que "El Mundo es el diario que publica lo que los demás no publican".

Nuestra trayectoria desde los GAL, Ibercorp, Filesa o las escuchas ilegales del CESID a la investigación sobre el 11-M, pasando por el reciente caso Alierta, así lo acreditaba.
Y lo esencial era que, al cabo de todas estas denuncias, abordadas prácticamente en solitario, con el paso del tiempo la Justicia había terminado dándonos siempre la razón. No sólo publicábamos lo que los demás no publicaban, sino que además era verdad.

Faltaba el 11-M, presentado por nuestros adversarios como una especie de gran borrón profesional. Desde que la versión final de la sentencia de Bermúdez desdeñara nuestras revelaciones y avalara el relato lleno de lagunas, falsedades e incongruencias de la Policía, el juez instructor y la fiscalía se nos empezó a tildar de "conspiranoicos", sin entrar en el detalle de cada nueva información.

La propia forma atípica en que Bermúdez presentó la sentencia, tratando de tapar la absolución de los cerebros de la masacre con la refutación de nuestras presuntas conjeturas, había abierto la veda. Tanto de la crítica de brocha gorda como de las acciones judiciales. Porque mientras esperábamos el desenlace de la demanda civil en la que Manzano nos pedía 300.000 euros, tuvimos que afrontar también la esperpéntica querella por "revelación de secretos" presentada por un confidente marroquí de la Policía, Abdelkader el Farssaoui, conocido como Cartagena, contra nuestro subdirector Antonio Rubio.

Dos años después de que Rubio publicara las notas que había estado entregando a la Policía como infiltrado en el entorno de El Tunecino y los demás islamistas radicales implicados en el 11-M, Cartagena le acusaba de haber vulnerado su condición de testigo protegido, revelando su verdadera identidad.

Lo inaudito es que había sido el propio Cartagena quien se había puesto en contacto con nuestro subdirector y quien le había facilitado las notas en las que, entre otras cosas, quedaba en evidencia que la Policía le había pedido que captara a Jamal Zougam y lo relacionara con El Tunecino, cosa que nunca hizo.

Cuando el juez Del Olmo incorporó esas notas a la instrucción, el nombre de Abdelkader el Farssaoui quedó registrado en el sumario y distribuido a las partes. Poco después el confidente denunció en un escrito dirigido a la Audiencia y firmado con su nombre real que la Policía le había presionado para que no revelara sus contactos.

Todo indicaba que esas presiones habían terminado surtiendo efecto y uno de sus frutos era esta querella. No era la primera vez que una fuente se nos daba la vuelta. Sabíamos demasiado bien el camino de los juzgados.

Lo que nos dejó de piedra fue la petición del Ministerio Público: en un nuevo y abrupto bandazo, la Fiscalía solicitaba tres años de cárcel e inhabilitación para el ejercicio del periodismo contra Antonio Rubio. Como denunció nuestro editorial, se trataba de "una represalia" o más bien de "un intento de venganza por el papel desempeñado por nuestro periódico en la búsqueda de la verdad sobre la masacre de Madrid, desmontando muchas de las tesis de la Fiscalía".

El policía Sánchez Manzano perdió el juicio por daños al honor que reclamaba por las informaciones de 'El Mundo'. Diseño: Arte EE

Era una partida en varios tapetes en la que cada jugador subía sus apuestas. Mi "Yo acuso" había levantado ampollas en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, y sus adláteres nos pasaban ahora la factura con una desproporcionada petición de cárcel. La Justicia tenía de nuevo la palabra y en la redacción esperábamos cada desenlace con un nudo en la garganta.

Sólo cuarenta y ocho horas después de que publicáramos la petición de pena contra Antonio Rubio, sonó mi móvil. Era Juan Luis Ortega. No hacía falta que me dijera para qué me llamaba.

- Hemos ganado.

- ¿Lo de Manzano?

- Sí. La jueza ha desestimado la demanda con una sentencia espectacular.
Es un buen tocho, pero vas a flipar.

Era el miércoles 16 de septiembre. Faltaban exactamente cinco semanas para nuestro vigésimo aniversario y aquel fue, en efecto, el mejor regalo de cumpleaños imaginable. La sentencia de la juez Lledó era de las que merecen ser enmarcadas.

Tras examinar los 40 artículos que el exjefe de los Tedax consideraba falsos y ofensivos y contrastarlos con todo lo aportado por El Mundo, la titular del juzgado 56 establecía que "ha quedado probada la sustancial conformidad de lo publicado con la realidad" y elogiaba la "diligente búsqueda de la verdad" que había guiado nuestro rumbo.
Era el mejor regalo de cumpleaños imaginable.

Además de establecer esas valoraciones genéricas que constituían todo un espaldarazo para nuestra tarea, la juez entraba en múltiples detalles sobre nuestras averiguaciones, respaldando de hecho las cinco imputaciones concretas de mi "Yo acuso".

Respecto a la primera ("transgredir los protocolos sobre recogida y almacenamiento de restos") en el folio 35 la juez aseguraba que los Tedax "recogieron múltiples restos y vestigios que estuvieron en contacto con los focos, incluidas impregnaciones de acetona y agua, pero en vez de ser trasladados primeramente al grupo de Madrid que era el cauce usual, el demandante ordenó el traslado directo de tales restos y vestigios a la Unidad Central sin el previo inventario y clasificación oportuna". Añadía además que a la perita de los Tedax no le llegaron las "soluciones acuosas" y que admitió que los "restos y vestigios de la calle Téllez estaban amontonados en una bolsa sin clasificación alguna".

Respecto a mi segunda acusación ("asumir unos análisis que no le habría correspondido realizar"), en el folio 33 la juez señalaba nada menos: "Que no obstante carecer el laboratorio de los Tedax de instrumentos cualificados para realizar una pericia científica eficaz sobre los focos de las explosiones, el demandante, lejos de remitirlos para su análisis a la Policía Científica que sí contaba con los medios físicos y humanos para ello, designó expresa y exclusivamente a una perita de los Tedax para llevar a cabo la analítica referida, la cual, como ya se ha expuesto, no expresaba componente alguno detectado".

Respecto a mi tercera acusación ("no poner a disposición de la Policía Científica los fragmentos obtenidos en los focos de los trenes"), en el folio 34 la juez desmontaba la coartada de Manzano y le dejaba en evidencia, al hacer constar que declaró en el juicio del 11-M que "nunca" se habían enviado esos restos a la Policía Científica, "cuando lo cierto es que, como revela el oficio remitido a estos autos por la Dirección General de la Policía, entre el año 2000 y 2006 la Policía Científica realizó por petición de los Tedax 116 informes... inclusive 10 de restos de explosivo no pesante".

Respecto a mi cuarta acusación ("predeterminar la investigación con la muestra patrón de la Goma 2 ECO de la que presuntamente salió también el explosivo colocado en la Kangoo"), en el folio 37 la juez afirmaba que "la posibilidad de que el explosivo encontrado en la furgoneta Renault Kangoo y la muestra patrón de Goma 2 ECO entregada a la Policía Científica por el jefe de los Tedax provinieran del mismo cartucho es una teoría explicativa que está basada en unos datos ciertos".

Respecto a mi quinta acusación ("proporcionar al juez Del Olmo, a la Comisión Parlamentaria y al propio tribunal del 11-M información falsa o gravemente errónea") que era una especie de cajón de sastre de diversos episodios en los que Manzano había perjudicado el esclarecimiento de los hechos, la juez Lledó no sólo ratificaba y catalogaba aportaciones "falsas o erróneas" al sumario del 11-M que eran ya del dominio público, como la entrega al juez Del Olmo de una réplica de la mochila de Vallecas, haciéndola pasar por genuina -folio 28- o la pertinaz ocultación de la radiografía que mostraba que los cables de la mochila original estaban sueltos y por lo tanto era imposible que el explosivo estallara -folio 29-, sino que se detenía en el más significativo descubrimiento de nuestro vicedirector Casimiro García-Abadillo sobre ese teléfono anexo que, en definitiva, sustentó la versión oficial del 11-M.

Lo hacía en el folio 30, cuando recordaba que en tres informes distintos, emitidos a lo largo de año y medio, Manzano reiteró a Del Olmo que "al ser encendido se pudo apreciar que en la pantalla tenía programadas las funciones de alarma-despertador y vibración, que la hora que marcaba el reloj era la correcta y que estaba programado para activar la función vibrador-despertador (conectada al detonador) a las 7.40 horas". Y a continuación añadía que "los demandados" habíamos "avalado" mediante "el libro técnico del teléfono y un informe pericial debidamente aportado y ratificados en estas actuaciones... que eso es imposible en cuanto que este modelo borra los datos almacenados al ser retirada la batería, como aquí hubo de hacerse para extraer la tarjeta SIM".

Pedro J. Ramírez, en la presentación del primer libro de sus memorias, donde narra parte de sus vivencias del 11-M. Diseño: Arte EE

Refiriéndose de forma expresa a esta aportación clave, la juez Lledó concluía que habíamos realizado "un ejercicio de información serio y riguroso", y que había desembocado en "una información veraz, aunque este extremo no haya sido probado en el juicio y no se recoja en la sentencia".

¿Estaba sugiriendo la juez que si la misma prueba que se practicó en su presencia se hubiera practicado ante el tribunal del 11-M la sentencia tendría que haber reflejado que la sincronización operativa entre el teléfono de la mochila de Vallecas y los que presuntamente iniciaron las bombas que estallaron en los trenes fue un cuento chino inventado por Manzano para engañar al instructor? Yo al menos lo entendí así.

En todo caso, lo que había quedado acreditado en esta nueva resolución judicial es que mis cinco acusaciones estaban fundadas porque El Mundo había dicho la verdad y era Manzano quien había mentido ante el tribunal sobre aspectos sustanciales de la investigación de los explosivos.

¿Cómo se casaba tan demoledora conclusión de la juez con la sentencia firme sobre el 11-M? Eso le correspondería decirlo a la Audiencia Provincial de Madrid, toda vez que el principal argumento del recurso que presentó Manzano era la disonancia entre esas revelaciones periodísticas que la juez había acreditado como veraces y la sentencia del tribunal encabezado por Bermúdez.

Mientras esperábamos intranquilos esa respuesta que muy bien podía revertir el primer desenlace favorable, obtuvimos una nueva satisfacción. Con argumentos muy similares a los de la juez Lledó y en contra del criterio de la Fiscalía, la titular del juzgado de lo penal número 5, Carmen Viñaras, absolvía a Antonio Rubio del delito de revelación de secretos, caracterizándolo como "un periodista cuyo proceder estuvo en todo momento orientado a informar al ciudadano".

Nuestro ciclo triunfal tuvo su culminación en diciembre de 2010 cuando la Audiencia de Madrid puso los puntos sobre las íes, rechazando el recurso de Manzano en una memorable resolución redactada por el magistrado Antonio García Paredes.

La sala de la Sección octava no sólo ratificaba todos los argumentos de la juez Lledó, sino que añadía consideraciones tan sustanciosas como la de que lo que Manzano denunciaba como "una campaña de prensa" de El Mundo, más bien "puede considerarse como una actitud pertinaz del citado periódico por esclarecer o intentar que se esclareciera qué había ocurrido realmente en los atentados del 11-M: qué explosivo había sido utilizado y de dónde podía haber procedido, porque no le resultaban convincentes las primeras informaciones o datos que se estaban ofreciendo al juez instructor de la causa o porque veían lagunas o contradicciones en los datos que se iban revelando de la investigación policial y de la instrucción judicial".

Era como si el ponente hubiera logrado infiltrarse en la redacción o leernos el pensamiento. Según la Audiencia de Madrid, del examen de lo publicado se deducía que "las frases descalificadoras y los epítetos mordaces" que habíamos dirigido a Manzano "responden más a la rabia periodística de percibir que la verdad de los hechos se podía escapar" que a una "intencionalidad lacerante" contra quien los magistrados describían como "un peón más dentro del gran ajedrez en el que el Estado se estaba jugando la partida de la persecución y el castigo de los terroristas y consecuentemente la protección y satisfacción de las víctimas".

Todo esto era muy reconfortante en la medida en que reflejaba con gran precisión nuestra motivación, nuestro ánimo y nuestra honestidad profesional. Pero, lo esencial llegaba al rechazar el argumento de Manzano de que una sentencia firme había establecido ya una verdad judicial que explícita o implícitamente desdeñaba nuestras revelaciones y denuncias.

García Paredes y sus compañeras Carmen García de Leániz y Maria Victoria Salcedo se revolvían contra la pretensión de infalibilidad atribuida a la sentencia de Bermúdez ratificada por el Supremo. Su elocuencia se me quedaría grabada para siempre: "La verdad periodística no tiene por qué coincidir con la verdad judicial de la misma manera que esta, a veces, no coincide con la verdadera realidad de los hechos".

Después de muchos cientos de horas dedicadas a indagar y reflexionar sobre ello, estoy convencido de que el 11-M se corresponde con una de esas "veces". Seguimos sin descubrir la "verdadera realidad de los hechos", probablemente porque fue obra o inspiración de profesionales que borraron concienzudamente sus huellas. Pero hay aspectos sustanciales en que es imposible que esa "verdadera realidad de los hechos", todavía ignota, "coincida" con el contenido de la sentencia que le puso punto final en el orden jurisdiccional.

Manzano se quedó tan petrificado por la contundencia de la Audiencia de Madrid que ni siquiera se atrevió a recurrir en casación ante el Supremo. Ninguno de los otros 17 policías, jueces y fiscales incluidos en mi "Yo acuso" trató de emular su intento, mediante acciones penales o civiles. Yo mantengo todas y cada una de las palabras de aquel texto. El 11-M sigue siendo para mí, y debería serlo para cualquiera que lo haya estudiado con profundidad y rigor, un caso desoladoramente abierto.