El Gobierno lleva al TC la Ley de Concordia de Aragón y exige a Azcón negociar su "corrección"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (PSOE), ha emplazado al gobierno de Aragón a una negociación bilateral para "corregir" su Ley de Concordia. Lo ha planteado advirtiendo de un posible recurso ante el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno. Torres ha asegurado que el Ejecutivo actuará de la misma manera con la Comunidad Valenciana y Castilla y León, si acaban aprobando sus hasta ahora proposiciones de ley en la materia.

Este movimiento del ministro se basa en un reciente informe de la ONU. En dicho escrito, redactado por varios relatores del organismo internacional, se ha pedido a España que adopte "todas las medidas necesarias para garantizar el estricto respeto de los estándares internacionales de los derechos humanos en materia de preservación de la memoria histórica".

El ministro Torres considera que esta respuesta de la ONU, conocida hoy, supone "un respaldo irrefutable a la postura del Gobierno en la defensa de la Memoria Democrática frente a su derogación por parte de Aragón. También frente al impulso de las nuevas Leyes de Concordia en Castilla y León y Comunidad Valenciana.

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En el caso de Aragón, se trata de la única comunidad que ya ha aprobado su Ley de "concordia", cuya entrada en vigor derogaba la anterior de Memoria. Torres ha remarcado que Naciones Unidas detecta en el nuevo texto legislativo una ausencia de "referencias explícitas a la violación de derechos humanos". Así como tampoco "condena expresamente el régimen y su carácter dictatorial". Los relatores señalan, según explica el ministro, que el texto "no se refiere a las violaciones de derechos humanos en el franquismo como en la ley anterior", sino a las "atrocidades cometidas por un bando en la guerra civil".

Sí cita, ha continuado explicando el ministro de Memoria, la violencia política ejercida durante la II República. Según ha apuntado Torres, este es un aspecto que destaca el informe, "porque no se pueden comparar  cuarenta años de dictadura con un periodo democrático".

Por estos motivos, Torres considera que los gobiernos autonómicos que impulsan estas leyes deben sentarse a negociar los textos legislativos porque, "de forma contundente", los relatores "han firmado conjuntamente" que dichas iniciativas van "contra los valores de la ley de Memoria Democrática".

Este informe al que se refiere el ministro ha sido elaborado por varias entidades de Naciones Unidas: el relator especial de la ONU sobre Verdad, Justicia y Reparación, el relator de Ejecuciones Extrajudiciales, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

El PP se defiende

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado durante un acto en Figueras, Cataluña, que "lo mejor que se puede hacer es leer los textos, segundo, no dar por aprobadas leyes que todavía no se han aprobado". Ha recordado también que "para el PP, los cuarenta años de Franco han sido una dictadura y ETA una banda terrorista". Subrayar estos hechos, ha dicho, "es lo que se pretende con las leyes y es nuestro compromiso con la memoria histórica".

Por su parte, la portavoz del gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha asegurado que su equipo está "a la espera de hablar con los relatores de la ONU" que han elaborado este informe sobre la regulación de la memoria histórica en Aragón y el resto de comunidades mencionadas. Su intención es la de "contradecir todas las falsedades" que, ha dicho, contiene este informe.