El actual administrador de Puerto III (Cádiz) y detenido en esta operación, cuando fue condecorado por Marlaska.

El actual administrador de Puerto III (Cádiz) y detenido en esta operación, cuando fue condecorado por Marlaska. Instituciones Penitenciarias

España INTERIOR

Detenido un mando de Prisiones condecorado por Marlaska que vendía terceros grados a reclusos

La Guardia Civil detiene al exdirector y al administrador actual de Puerto III. Cobraban hasta 15.000 euros a cambio de beneficios a presos.

6 junio, 2024 02:57

Dos altos cargos de Instituciones Penitenciarias, uno de ellos condecorado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acaban de ser arrestados en una operación de la Guardia Civil en la que se investigaba a un grupo delictivo dedicado a facilitar beneficios penitenciarios a internos del Centro Penitenciario Puerto III, en El Puerto de Santa María (Cádiz). 

La Guardia Civil ha bautizado la investigación como operación Ergástulo, un término que en latín hace referencia a las cárceles en las que en la Antigua Roma eran encerrados los esclavos. La Fiscalía Anticorrupción, que ha dirigido las pesquisas, ha contado con el apoyo de Prisiones. 

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL, son cinco el total de detenidos, entre los que están Trifón Martín, actual administrador del centro penitenciario, y también el antiguo director, un histórico de Instituciones Penitenciarias que se jubiló el pasado 2020. La operación saca a la luz, por tanto, una trama que ha podido prolongarse durante años en este presidio.

Las pesquisas han aflorado las mordidas que recibían estos altos funcionarios de Puerto III a cambio de otorgar beneficios a reclusos. En concreto, 9.000 euros era lo que se pagaba si el interno quería tener garantizado un permiso de salida de la prisión. Y hasta 15.000 a cambio de la concesión de un tercer grado. 

La mayoría de los clientes que se beneficiaban de la red procedían del mundo del narcotráfico, presos con dinero disponible para entregar al instante.

Operación Ergástulo

La operación se inició a finales del año 2022, a raíz de una denuncia presentada por la pareja sentimental de uno de los internos del Centro Penitenciario Puerto III. La mujer manifestó a las autoridades que su esposo había pedido un permiso penitenciario y que mientras se encontraba pendiente de valoración, otro preso le dijo que él podía ayudarle a través del personal del Centro Penitenciario. Para lograrlo, tenía que pagar.

La Guardia Civil, en uno de los registros de la operación.

La Guardia Civil, en uno de los registros de la operación. Guardia Civil

En ese punto, la Guardia Civil comenzó a investigar la supuesta trama corrupta que, de manera concertada, se estaba lucrando a través de la venta de terceros grados y otros permisos penitenciarios.

Fruto de las investigaciones, los agentes pudieron determinar que los cabecillas de la trama eran dos trabajadores de la propia prisión. Estos aprovechaban su posición privilegiada. Influían sobre otros trabajadores y obtenían información secreta o privilegiada que trasladaban a abogados y/o familiares de los presos.

Asimismo, los agentes pudieron constatar que uno de los internos se dedicaba a captar a otros reclusos que pudieran estar dispuestos a pagar por estos beneficios. También localizaron a otra persona que llevaba a cabo en el exterior de la prisión las gestiones necesarias para convencer a familiares de los presos para que pagasen por obtener dichos beneficios penitenciarios.

[Interior paga un plus de 'productividad' a los directores que excarcelen más presos]

A los detenidos se les imputan los supuestos delitos de uso de información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, estafa y extorsión.

Condecorado

El pasado 2022, en un acto oficial de Interior, la Secretaría General reconocía con la Medalla de Oro al Mérito Penitenciario debido a su "dilatada trayectoria y la destreza organizativa y de gestión" al administrador ahora arrestado por la Guardia Civil. En el mismo acto, Marlaska destacó los programas de tratamiento españoles como un "referente internacional" en la reinserción de los internos.

La trama que acaba de destapar el Instituto Armado evidencia los problemas y la polémica que ha suscitado en el sistema penitenciario la política impulsada por Grande-Marlaska y Ángel Luis Ortiz, su mano derecha en las cárceles. 

La Guardia Civil registra un despacho en la prisión de Puerto III.

La Guardia Civil registra un despacho en la prisión de Puerto III. Guardia Civil

Desde hace tiempo, los funcionarios vienen criticando la llamada filosofía del "buenismo penitenciario". Es la que, a juicio de los trabajadores, impera en estos momentos en Instituciones Penitenciarias.

Esos beneficios son ensalzados y reivindicados por Ángel Luis Ortiz. En 2021, se jactó de su gestión y de su intención de conceder el mayor número posible de terceros grados a los presos.

Ortiz hizo alusión a la filosofía que mantiene Interior desde su llegada al cargo. Así, celebró que durante su mandato, la cifra de terceros grados haya aumentado, y anunció que irán a más. "El reto es seguir avanzando en el número de internos en tercer grado, que actualmente supera los 8.000", manifestó.

 Situación límite

Algunos de los que han recibido esos beneficios son los miembros de la banda terrorista ETA. El Gobierno se ha negado taxativamente en varias ocasiones a informar al Congreso sobre los beneficios penitenciarios concedidos a etarras

Hace dos años, tal y como reveló EL ESPAÑOL, la Secretaría General de Prisiones daba un paso más en su política de concesión de privilegios penitenciarios a internos en régimen de tercer y de segundo grado. Una modificación en una de sus instrucciones internas permitía que esa clase de presos pudiera obtener permisos de salida pese a haber sido sancionados por cometer faltas graves o muy graves

[Marlaska ha dado 3.725 beneficios a presos en seis años con la oposición de las juntas de tratamiento]

No es la única medida que se ha tomado desde entonces en favor de los reclusos. En 2021, EL ESPAÑOL reveló que Interior paga un plus de "productividad" de hasta 2.000 euros al año a aquellos directores que excarcelen más presos de sus centros. 

Esa forma de gestionar las prisiones ha propiciado situaciones en las que los funcionarios se sienten infravalorados en comparación con los reclusos a los que tienen que vigilar. Mientras los presos obtienen estos beneficios, las agresiones a trabajadores de las cárceles se han incrementado hasta cifras nunca vistas.