El juez que indaga la trama rusa del 'procés' sugiere que Interior saboteó la causa: "Es una catástrofe"

Algo que a su juicio ha supuesto una auténtica "catástrofe" en sus esfuerzos por esclarecer los contactos de Puigdemont y su círculo más cercano con agentes del Kremlin.

En dicho auto, el magistrado abrió una pieza separada del caso Volhov en la que investiga al expresidente de la Generalitat Artur Mas y a otras 10 personas, por los presuntos delitos de alta traición y malversación de caudales públicos.

Una vez esté más avanzada la instrucción, anuncia en el mismo escrito, elevará una exposición razonada al Tribunal Supremo para imputar por los mismos hechos a Carles Puigdemont y otro de los implicados, Francesc Dalmases.

Ambos tienen la condición de aforados, porque en las elecciones catalanas del 12-M obtuvieron el acta de diputados en el Parlament por Junts. La imputación por el delito de alta traición va a suponer una dificultad añadida para que Puigdemont, Artur Mas y el resto de investigados puedan beneficiarse de la amnistía.

En su auto del pasado viernes, el juez Aguirre recalca que los registros que llevó a cabo la Guardia Civil en octubre de 2020, en las viviendas y despachos de varios de los implicados, originaron "un serio revuelo en el ámbito político independentista, el cual permitía mantener en el poder al presidente Pedro Sánchez.

Estos registros afectaron a varios miembros de lo que denomina el sanedrín del procés. Entre ellos, Víctor Terradellas (al que Puigdemont había encomendado los contactos con representantes del Kremlin), David Madí (que fue jefe de gabinete de Mas, pero que luego fue excluido de la causa) y el editor Oriol Soler, quien en noviembre de 2017 visitó en la Embajada de Ecuador en Londres al activista Julian Assange, que había actuado en las redes sociales como propagandista del procés.

Aquellos registros resultaron muy fructíferos. La Guardia Civil halló en el teléfono móvil de Terradellas la grabación en la que relataba la reunión que Carles Puigdemont mantuvo pocas horas antes de declarar la independencia, el 26 de octubre de 2017, con el exdiplomático ruso Nikolay Sadovnikov, quien le ofreció "10.000 soldados" y financiación para defender por la fuerza la secesión de Cataluña. El encuentro se produjo en la Casa dels Canonges, residencia oficial del presidente de la Generalitat.

Sin embargo, explica el juez Aguirre en su auto, seis meses después de aquellos registros, cuando aún quedaba ingente documentación por analizar, el Ministerio del Interior decidió apartar al mando de la Guardia Civil que, como jefe de la Policía Judicial, dirigía la investigación, para destinarlo a tareas burocráticas.

Como consecuencia de ello, añade el magistrado, "el impulso policial de la investigación de la injerencia rusa decayó notablemente, como no podía ser menos, ya que la complejidad del presente proceso es monstruosa debido tanto a la importancia de los temas tratados, como a las numerosas personas que participaron en los hechos".

Y apostilla lo siguiente: "Para un juez instructor supone una catástrofe verse privado del jefe de la Unidad de Policía Judicial que había instruido un asunto tan complejo".

[La Eurocámara cita por su nombre a Puigdemont por "exigir ser amnistiado" de traición por la trama rusa]

Como consecuencia de la decisión del Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska, el propio magistrado ha tenido que asumir personalmente tareas, relata en su escrito, como "el análisis de los chats de mensajería instantánea, SMS, notas, fotografías, agendas de contactos, grupos de whatsapp contenidos en los teléfonos móviles de las personas investigadas, así como de la localización de dichos teléfonos mediante su posicionamiento GPS".

Labores que en condiciones normales desarrollarían los agentes y especialistas de la Policía Judicial. Pero que ha tenido que realizar el propio magistrado personalmente, después de que Marlaska le privara del mando de la Guardia Civil de su confianza, en una causa tan sensible como esta que afecta a la seguridad nacional: el intento de Puigdemont de obtener el apoyo de una potencia extranjera, el régimen de Vladímir Putin, para consumar la independencia de Cataluña.

El juez ha topado con otra dificultad, ya que la Sección 21 de la Audiencia Provincial de Barcelona anuló el pasado 29 de mayo la prórroga de la causa que había dictado, lo que le impedía ordenar nuevas diligencias.

Para sortear esta decisión de la Audiencia Provincial, Aguirre ha tenido que recurrir a un subterfugio: ha abierto una nueva pieza separada del sumario, centrada en los contactos del entorno de Puigdemont con el Kremlin.

El magistrado asegura que así quiere cumplir el mandato del Parlamento Europeo, que en una resolución aprobada el pasado 7 de febrero instó a "las autoridades judiciales competentes" a investigar hasta el final esta trama.

La Eurocámara expresó su "profunda preocupación por las supuestas relaciones entre los secesionistas catalanes y el Gobierno ruso" y constató que, de confirmarse, "la injerencia rusa en Cataluña formaría parte de una estrategia rusa más amplia para promover la desestabilización interna y la desunión en la UE".

El Parlamento Europeo también se mostró preocupado por "las campañas a gran escala de desinformación que Rusia ha llevado a cabo en Cataluña, así como por los supuestos intensos contactos y el número de reuniones entre los agentes responsables de la injerencia rusa con representantes del movimiento independentista".  

El juez Aguirre se muestra resuelto a acatar este mandato, "por razones de equidad y justicia, así como por las de importancia histórica que tiene para la Unión Europea" esclarecer la injerencia del régimen de Putin en una democracia como España.