Excarcelados de los ERE podrían cobrar 13.000 € de reparación y un plus por "impacto mediático"

¿Pero cuánto se paga a las personas que viven un tiempo de su vida en prisión indebidamente? La indemnización media desde 1990, tras cada cambio jurisprudencial, se ha ido reduciendo notablemente. En concreto, ha pasado de una media de 210 euros al día en 1990 a 24 euros día en la actualidad.

En el caso de los ex altos cargos liberados, la mayoría estuvo en la cárcel 18 meses. Ingresaron a principios de enero de 2023 y fueron liberados a principios de este mes de julio. Por tanto, podrían cobrar de media de alrededor de 13.000 euros.

La cantidad, en cualquier caso, es fijada "a discreción del juez", asegura a EL ESPAÑOL Gabriel Doménech, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia. Este experto, junto a Juan Luis Jiménez, doctor en Economía por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha realizado una investigación sobre la responsabilidad patrimonial del Estado por daños causados a personas condenadas que después resultaron absueltas.

El artículo 294.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece a estos efectos que la cuantía de la indemnización se establecerá en función del tiempo de privación de libertad y de las consecuencias personales y familiares que se hayan producido.

Impacto mediático

También se tendrá en cuenta si el acusado tiene hijos, si estos son menores de edad, si se acreditaron daños psicológicos o enfermedades causadas por la prisión, el tipo de delito imputado, la existencia de dilaciones procesales indebidas, la actividad profesional del acusado... y si su tiempo en prisión tuvo un impacto mediático o reputacional extraordinario. En este último factor pueden insistir todos.

No obstante, a mayor número de días en prisión preventiva, menor es la compensación diaria otorgada, y quienes trabajan reciben mayor cuantía que quienes no lo hacen, pero hay diferencias notables por profesiones.

Los empleados reciben un 38% más que quienes no acreditan ninguna actividad profesional, mientras que los policías perciben un 171% más. También hay delitos por los que se cobra más, como son los de agresión sexual u homicidio, según señala el profesor de Derecho.

En el caso de estos excargos del PSOE andaluz, varios de ellos se encuentran jubilados, y en España los internos de los centros penitenciarios pueden seguir manteniendo su nivel de ingresos si son beneficiarios de este tipo pensiones. También ocurre con las prestaciones por incapacidad permanente, invalidez, viudedad u orfandad.

Ampliación del derecho

Hasta el año 2019, los tribunales solo reconocían indemnizaciones cuando se acreditaba que el hecho imputado nunca había existido. Es decir, para indemnizar a un reo no bastaba con su absolución, con el archivo del procedimiento judicial por falta de pruebas o cuando estos habían sido absueltos en virtud del principio de presunción de inocencia.

Sin embargo, a partir de ese año, el Tribunal Constitucional anuló por discriminatorio el inciso "por inexistencia del hecho imputado", lo que forzó al Supremo a cambiar otra vez su jurisprudencia. Desde entonces, entiende que prácticamente todas las personas que han sufrido prisión preventiva no seguida de condena tienen derecho a ser indemnizadas.

En este trabajo de investigación, para analizar posibles patrones en la determinación de las indemnizaciones, Doménech ha recopilado todas las resoluciones dictadas por los tribunales españoles en las que se han reconocido y fijado tales indemnizaciones. En concreto, desde 1990 hasta 2023, hasta 333 personas que pasaron un tiempo en prisión debidamente han obtenido una compensación económica.

"No es el momento"

Aunque ahora, según algunos de los letrados de los excarcelados del caso ERE no es el momento de pensar en esas cuestiones, sino de recuperar el tiempo con la familia y de resarcir su honor: tienen un año de plazo desde que la sentencia sea firme, y la mayoría acabará solicitando esta indemnización.

"Tienen derecho a pedirla y les correspondería por las circunstancias que han vivido, aunque ahora mismo lo que quieren es descansar, superar este trance y pasar tiempo con la familia", asegura a este periódico uno de los abogados defensores.

Pero también buscan resarcir su honor. Para ello, el PSOE les ha abierto la puerta a que vuelvan a militar en el partido y ya está preparando actos de desagravio a los condenados. También una batería de denuncias contra dirigentes del PP y de Vox, por calumnias en el primer caso y por incitación al odio en el segundo.

Del total de los nueve condenados a cárcel, por el momento son cuatro los que tendrían el derecho de solicitar esta indemnización por pasar un tiempo indebido en prisión.

Se trata de los exconsejeros José Antonio Viera y Carmen Martínez Aguayo, que alcanzaron el tercer grado, aunque estuvieron presos cinco meses el primero y casi un año y medio la segunda; Francisco Vallejo y el que fuera director del Instituto de Fomento Andaluz (IFA), Miguel Ángel Serrano.

El expresidente de la Junta José Antonio Griñán no llegó a ingresar en prisión al alegar que padecía cáncer de próstata. Ni tampoco el ex director general de Trabajo Juan Márquez, a quien el Supremo le rebajó la pena privativa de libertad a tres años y la Audiencia le dio uno de plazo, mientras se tramitaba su solicitud del indulto al Gobierno.

No obstante, este ahora sí se encuentra en prisión desde el pasado mes de marzo por otra causa, conocida como el caso Umax, por permitir una red de enchufes de casi medio centenar de personas.

En cualquier caso, el recurso de estos dos últimos, junto a los del expresidente Manuel Chaves y el exconsejero Gaspar Zarrías, el TC los estudiará el próximo día 16, aunque todo apunta a que sus condenas también serán anuladas o reducidas.