Declaración del sargento del GEAS el viernes 28 de junio ante el juez de Barbate.

Declaración del sargento del GEAS el viernes 28 de junio ante el juez de Barbate. EL ESPAÑOL

España TRAGEDIA EN BARBATE

El coronel ordenó actuar en Barbate para agradar a Marlaska: "Ha estado aquí hoy, debemos hacer algo"

Esa misma mañana, el ministro visitó Cádiz y destacó el buen rumbo de la lucha contra el narco: "El Campo de Gibraltar es un lugar más seguro".

9 julio, 2024 15:30

Uno de los cuatro guardias civiles supervivientes de la tragedia del pasado 9 de febrero en Barbate (Cádiz) señaló hace unos días ante el juez que esa noche el coronel jefe de la comandancia de Cádiz les apremió a que salieran al agua pese al peligro que suponía para su integridad bajo la siguiente premisa: "Tú sabes quién ha echado aquí esta mañana, no nos podemos permitir no hacer nada".

Así consta en las declaraciones de los cuatro agentes que sobrevivieron a ese trágico episodio, a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Las palabras del mando hacían referencia a que precisamente esa misma mañana, antes de los hechos, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, había viajado a la zona para presentar los resultados del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar contra el tráfico de drogas. 

"El Campo de Gibraltar es un lugar más seguro". Esas fueron las palabras escogidas ese día por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Sonaban incomprensibles para todos cuando horas después se producía el mortal incidente.

El sargento que describió esa conversación con el coronel de Cádiz era quien estaba al mando del Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) que se envió al puerto de Barbate para identificar a los tripulantes de las narcolanchas que se guarecían allí del temporal. El agente describió la secuencia de conversaciones con los mandos de la Guardia Civil en Cádiz.

La primera llamada, dijo, fue a las tres y media de la tarde. Al otro lado del teléfono estaba el teniente coronel de Operaciones de Algeciras. Este le explicaba que "había un gran revuelo, porque se habían refugiado 6 o 7 narcolanchas y que estaba llamando la Delegación" para identificarlas y expulsarlas.

El sargento mostró su recelo ante el peligro que podía suponer, ya que no contaban con patrulleras para hacer frente a la situación. Poco después le llamó el coronel de Cádiz, insistiendo tomar cartas en el asunto. 

El sargento le dijo: "Mi coronel, como a esa gente le dé por moverse es que nos van a pasar por encima; esto es un riesgo". "No, eso no va a pasar, créeme, el GAR los mata", le respondió el jefe al mando de la comandancia de la Guardia Civil en Cádiz. Precisamente, uno de los agentes asesinados aquella noche arrollado por una narcolancha pertenecía al Grupo de Acción Rápida.

El coronel insistió: "Tú sabes quién ha echado aquí esta mañana, no nos podemos permitir no hacer nada". Se refería al ministro Marlaska, cuyas declaraciones esa misma mañana venían a destacar el buen rumbo de la lucha contra el narco en el sur.

"Sin sentido"

"Era una cosa sin sentido", continuaba el sargento ante el juez, al que ofreció aportar las grabaciones de aquella noche para poder respaldar su declaración. "Yo tenía un mal presentimiento, nosotros lo veíamos venir ya...".

Junto a este sargento, los otros supervivientes señalaron a su vez las órdenes recibidas del coronel de la comandancia de Cádiz, como uno de los responsables de la cuestionada decisión de enviarles en una zódiac contra las narcolanchas que aquella noche acabaron con la vida de dos de sus compañeros.

Es lo que investiga el titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Barbate, en una causa abierta aparte de la investigación sobre la autoría del asesinato en sí, para dirimir las responsabilidades penales de los mandos que ordenaron a los agentes incautar las narcolanchas saliendo al agua a bordo de una embarcación mucho más frágil.

La denuncia fue formulada por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), y apunta a la infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales que resultaba de aplicación a ese tipo de servicios. El juez ha abierto investigación contra un general máximo responsable de la Guardia Civil en Andalucía, y el coronel de la Comandancia de la Guardia Civil en Cádiz. Se les investiga por la presunta comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores, previsto en el artículo 316 del Código Penal.

Según fuentes presentes en el interrogatorio relatan a EL ESPAÑOL, a los agentes se les preguntó por las condiciones de aquella tarde, por cómo se desarrolló el servicio que culminó con su fatídica entrada en el agua. Los agentes han apuntado hacia la cadena de mando, y hacia las órdenes contradictorias que se lanzaron aquella jornada. 

La decisión la tomó el coronel de la comandancia. Expresamente se advirtió aquella tarde de que las narcolanchas les superaban en número y en potencia y que les iban a pasar por encima. Algo que finalmente fue lo que sucedió, con el resultado mortal del asesinato de David Pérez Carracedo y Miguel Ángel González Gómez, muertos en acto de servicio.

"Repetidas advertencias"

Según AUGC, los agentes "pusieron de manifiesto la inaceptable configuración del servicio, que estuvo plagado de errores de coordinación, falta de medios y no atendimiento de la obligación de garantizar los medios y la integridad de los guardias civiles intervinientes".

El juzgado, tras abrir diligencias, acordó incluir los autos de las declaraciones prestadas por los guardias civiles supervivientes a los hechos sucedidos el 9 de febrero. En ellas ya manifestaron las "inaceptables condiciones de seguridad y de falta de medios para poder prestar, con mínimas condiciones de seguridad y eficacia, el servicio que les había sido ordenado".

En la denuncia, AUGC pidió la investigación penal por si pudiera existir la presunta comisión de un delito previsto en el artículo 316, que señala que "los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses."

Igualmente, según ha recordado, la AUGC aludió en su denuncia al artículo 318, que dice que "cuando los hechos previstos en los artículos de este título se atribuyeran a personas jurídicas, se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello".

Los agentes ratificaron que los mandos conocían que los miembros del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) sólo contaban con una barca que ni siquiera era rígida. El sargento al frente del equipo, que ha declarado por espacio de más de una hora, remarcó sus repetidas advertencias a los distintos mandos con los que habló "que los medios no eran adecuados" para intentar la detención de los narcotraficantes que permanecían en potentes narcolanchas abarloadas a la entrada del puerto de Barbate, donde se protegían del temporal.