La directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García Sánchez, y su cónyuge, Elisabeth García Busnadiego, remitieron este jueves un escrito a EL ESPAÑOL con 14 puntos. Es un texto con el que ejercen su derecho de rectificación en respuesta a las informaciones que, sobre sus actividades, se han publicado en estas páginas.
El escrito contiene falsos desmentidos, medias verdades y engaños que conviene aclarar.
Las sociedades
El escrito de García Sánchez y García Busnadiego se centra, en sus tres primeros puntos, en explicar cuáles son sus dos sociedades y el accionariado de ambas.
Ninguno de los datos aportados contradicen la información publicada. Al contrario. Ratifican, punto por punto que Isabel García Sánchez y Elisabeth García, se repartieron el accionariado de la empresa Elig Consultoría Política de Igualdad y Diversidad SL con un 51% para la directora del Instituto de las Mujeres y un 49% para su esposa.
En Imber Consultoría de Igualdad SL, cuya actividad comenzó en 2023, un año más tarde que su primera empresa, cambiaron los porcentajes del reparto accionarial: 49% para Isabel García y 51% para su pareja.
La directora del Instituto de las Mujeres reconoce también, tal y como publicó EL ESPAÑOL, que los ámbitos de actuación de estas sociedades fueron la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid.
Conflicto de intereses
Los puntos cuatro, cinco y seis del escrito de rectificación se centran en explicar cómo la hoy directora del Instituto de las Mujeres redujo su participación en las empresas para no infringir la Ley de altos cargos.La información publicada por EL ESPAÑOL recoge, fielmente, que Isabel García vendió la mayor parte de las acciones de ambas sociedades a su esposa, quedando su participación en ambos casos por debajo del 10%.
Ahora bien, García Sánchez y García Busnadiego no acompañan a su escrito el informe de la Oficina de Conflicto de Intereses que debe validar la operación.
Sorprende que la directora del Instituto de las Mujeres justifique su proceder agarrándose a la literalidad de la norma. Porque incluso en el supuesto de que la ley avalara su actuación, no es ético que un alto responsable beneficie a su cónyuge en un área de su responsabilidad.
Nadie entendería que el responsable de la política de hidrocarburos tuviera una cadena de gasolineras, o que el presidente del Consejo Superior de Deportes fuera propietario de una empresa dedicada a la organización de eventos deportivos y, al asumir el cargo, se la cediera a su esposa.
Puesto que siendo un caso tan obvio, la responsable del Instituto de las Mujeres se refugia en la ley para justificar su actuación, resulta evidente que hay que endurecer la normativa sobre incompatibilidades, particularmente en lo que puede y no puede hacer un familiar directo de un alto cargo.
Una prueba más de que la ley se debe mejorar es el argumento expuesto por las implicadas en este asunto. "Si [Isabel García] hubiera vendido sus participaciones a un tercero, Elisabeth García habría ejercitado su derecho de adquisición preferente" y "el resultado societario hubiera sido el mismo". O sea, que hecha la ley, hecha la trampa.
Puntos Violeta
En el punto siete, el escrito de rectificación afirma que las sociedades de ambas no han recibido "contratos, ayudas públicas y subvenciones" del Instituto de las Mujeres. Se trata de un falso desmentido, porque EL ESPAÑOL siempre acotó a las administraciones locales las contrataciones.
Por otra parte, EL ESPAÑOL informó de que Isabel García y su pareja obtuvieron al menos 64 contratos de ayuntamientos gobernados por el PSOE "para gestionar los Puntos Violeta contra la violencia de género y para actividades de igualdad y feminismo".
Es decir, de esas 64 actuaciones, unas podían ser puntos de información violeta, y otras estar dedicadas a actividades similares o complementarias, aunque no fueran estrictamente Puntos Violeta.
La directora del Instituto de la Mujer responde en los puntos ocho y nueve con una media verdad a estos datos. Explica que, en total, sólo fueron 22 los contratos para la gestión de Puntos Violeta. Vaya por delante que no parecen pocos.
Pero el escrito añade a continuación, que "ambas sociedades contratan otro tipo de actividades relacionadas con políticas de igualdad o acciones LGTBI". Una forma de admitir implícitamente que hubo más contratos que 22 (EL ESPAÑOL se ratifica en que fueron al menos 64) y de ocultar a la vez de forma sibilina el número total de las actuaciones realizadas para las administraciones.
La directora del Instituto de las Mujeres no aporta el listado de ayuntamientos y de otras administraciones que, sin concurso, han contratado a sus empresas -como debería hacer en pos de la transparencia- y se limita a asegurar que Elig e Imber también realizaron trabajos para administraciones del PP, sin concretar más, extremos que EL ESPAÑOL desconoce.
Las cuentas
En el punto diez del escrito, Isabel García y su pareja afirman que sus dos empresas contratan "laboral o civilmente a trabajadores o profesionales" y que sólo incorporan a "voluntarios" cuando "lo ha impuesto y proporcionado" la Administración en cuestión.
Se trata de un nuevo falso desmentido. EL ESPAÑOL informó de que las actividades en los Puntos Violeta las realizaban voluntarios y que en las memorias presentadas por Elig e Imber no constan contratos de trabajadores. Así se puede comprobar también en bases de datos especializadas como Informa.
El texto de rectificación remitido este jueves informa en su punto once de los beneficios empresariales de las sociedades, pero no desmiente los datos publicados por este periódico sobre las cuentas de ambas y obvia, de forma intencionada, los ingresos y los gastos que han tenido las sociedades.
Isabel García no informa de cuánto ingresó por la actividad de sus empresas ni facilita, por ejemplo, la facturación de sus sociedades durante el último año.
Los datos recopilados por EL ESPAÑOL ponen de manifiesto que, tal y como se publicó, las empresas de Isabel García y Elisabeth García han sobrepasado los 250.000 euros en contratos menores.
Amaño de concursos
"Ni las firmantes ni las sociedades han amañado ningún contrato", señala el texto en el punto doce. Se trata de un engaño que cae por su propio peso.
Tal y como publicó este jueves EL ESPAÑOL, la directiva de la Real Federación Española de Fútbol María Tato ha denunciado ante la Policía Judicial en Las Rozas (Madrid) "la usurpación de la identidad" de su empresa por parte de la directora del Instituto de las Mujeres y de su pareja. Tato era, al menos hasta ayer, amiga de ambas.
La directiva de la RFEF afirmó a este periódico que Isabel García le ha pedido "perdón" después de que presentara, sin su conocimiento, el nombre de una compañía suya (Afianza Global Services), como aspirante a dos concursos del Ayuntamiento de San Fernando de Henares (Madrid). El objetivo de esta artimaña era dar una falsa imagen de competencia en la licitación.
Es falso, por tanto, que los datos que aparecieron en los trámites administrativos relacionados con los concursos de San Fernando de Henares se deban a un "error" del ayuntamiento, en contra de lo argumentado en el punto 13 del escrito.
Por otro lado, es manifiesta la relación personal de Isabel García y Elisabeth García con Silvia Buabent, antigua directora del Instituto de las Mujeres y actual concejala de Igualdad en San Fernando de Henares.
El último punto, el 14, se limita a decir: "Se pone a disposición de los medios la documentación justificativa de los hechos manifestados".