Begoña Gómez intenta que el exvicerrector Doadrio no declare: fue un cargo de Gallardón hace 25 años

Su comparecencia estaba prevista, inicialmente, para el pasado 5 de julio, pero el juez Peinado accedió a posponerla, debido a que no le había notificado la querella interpuesta contra ella por la asociación ultra Hazte Oír.

También están citados a declarar este viernes —en su caso, como testigos, y por tanto sometidos a la obligación de decir la verdad— el actual vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid, José María Coello, y su predecesor, Juan Carlos Doadrio.

Sin embargo, la defensa de Begoña Gómez, que ejerce el exministro de Interior Antonio Camacho, ha dirigido un recurso al juez instructor, en el que le pide que suspenda la declaración de ambos testigos, alegando que la denuncia inicial de Manos Limpias no aludía a ningún tipo de irregularidad relacionada con la Universidad Complutense.

El abogado de la mujer del presidente del Gobierno sostiene que, después de que la Fiscalía Europea asumiera una parte de la causa, el juez Peinado debe limitarse a indagar sobre los contratos públicos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés (quien colaboró con el Máster organizado por Begoña Gómez), tal como acotó la Audiencia Provincial de Madrid.

Aunque hay otros motivos por los cuales Juan Carlos Doadrio (que como vicerrector era responsable de todas las cátedras de la Complutense, como la que codirigía Begoña Gómez) puede convertirse en un testigo incómodo.

En el entorno de la Moncloa consideran que Doadrio no sería un testigo imparcial, ya que fue viceconsejero de Cultura de la Comunidad de Madrid (fue nombrado para el cargo en diciembre de 1998 por el entonces consejero, Gustavo Villapalos), bajo la presidencia de Alberto Ruiz-Gallardón.

Tras esta breve etapa de responsabilidad política, Juan Carlos Doadrio regresó a su labor académica en la Universidad Complutense. Pero dimitió como vicerrector de Relaciones Institucionales en enero de 2023, debido a las críticas internas que había provocado la decisión de nombrar a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como Alumna Ilustre.

Doadrio declaró a El Mundo que fue el actual rector de la Complutense, Joaquín Goyache, quien le dio instrucciones para "ofrecer una cátedra extraordinaria" a la mujer del presidente del Gobierno.

El juez Peinado acordó llamar a declarar a los dos vicerrectores, precisamente después de que Goyache testificara el pasado día 5 y explicara que en 2020 recibió una llamada oficial que le instaba a acudir al palacio de la Moncloa, donde Begoña Gómez le planteó la idea de poner en marcha su Máster en Transformación Social Competitiva.

Juan Carlos Doadrio también ha asegurado que advirtió a Begoña Gómez de que cualquier marca o material de su Máster debía registrarse a nombre de la Complutense, debido a que se trataba de "dinero público".

Por todo ello, la defensa de Begoña Gómez considera que la declaración del exvicerrector Juan Carlos Doadrio puede resultar especialmente comprometedora para sus intereses.

El recurso presentado por el letrado Antonio Camacho ante el juez instructor señala que la declaración de Coello y Doadrio como testigos resultaría "impertinente" e "inútil". Y alega que la causa se ha convertido en una investigación "prospectiva", una "carecería de cualquier objeto". 

Después de que la Fiscalía Europea asumiera buena parte de la investigación, añade, "no cabe que el instructor acuerde la práctica de ninguna diligencia".

Aunque ha sido la propia Universidad Complutense la que, en un informe dirigido esta semana al juez, ha vuelto a poner el foco de la investigación en la cátedra y los dos Máster (sobre captación de fondos y Transformación Social Competitiva) codirigidos por Begoña Gómez.

En su informe, la Complutense pide al juez Peinado que investigue si la mujer del presidente del Gobierno registró a nombre de su empresa Transforma TSC SL un software que había sido pagado por la propia Universidad para su Máster, lo que constituiría un posible delito de apropiación indebida.

La decana de los Juzgados de Madrid, María Jesús del Barco, ha aceptado de nuevo que Begoña Gómez acceda este viernes a los Juzgados de Plaza Castilla por el garaje, como hizo el pasado día 5, para garantizar su seguridad.

La juez decana también ha decidido restringir el acceso a la sexta planta del edificio, donde se encuentra el Juzgado de Instrucción número 41. Pretende evitar que la llegada de Begoña Gómez ante el juez sea grabada por personas ajenas a la administración de Justicia, que se identifiquen como ayudantes de las acusaciones, como ocurrió el pasado día 5.

"Los abogados, procuradores y particulares que deseen acceder a la sexta planta", indica el decreto dictado por María Jesús del Barco, "deberán acreditar ante el personal de seguridad o agentes de la Policía Nacional que están citados para la realización de cualquier actuación procesal ante dichos juzgados, pudiendo ser requeridos para que exhiban su carnet profesional".

La defensa de Begoña Gómez volverá a apelar a su relevancia pública para pedir que su declaración como investigada se graba sólo en audio, y no en vídeo como es habitual. Sin embargo, el juez Peinado desestimó esta petición el pasado día 5, por considerar que Gómez no tiene ningún cargo institucional y que todos los españoles son "iguales ante la ley".

El empresario Juan Carlos Barrabés declaró el lunes ante el juez Juan Carlos Peinado que se reunió "siete u ocho veces" con Begoña Gómez en la Moncloa. En dos de estos encuentros, estuvo presente también el presidente del Gobierno. 

Barrabés es miembro del claustro de profesores y colaboró estrechamente en la puesta en marcha del Máster de Transformación Social montado por Begoña Gómez en la Complutense. Luego presentó dos cartas de recomendación firmadas por la mujer del presidente del Gobierno, en dos concursos públicos en los que su empresa obtuvo sendos contratos que suman casi 10 millones de euros, adjudicados por la entidad Red.es.