Interior expedienta al SUP por su polémico acuerdo con Desokupa para formar a unos 30.000 policías

El Ministerio de Interior ha abierto este miércoles un expediente informativo para conocer el alcance del acuerdo suscrito entre el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y Desokupa, la empresa contra la okupación de viviendas, para impartir un curso de formación en defensa personal a unos 30.000 agentes en España. Además, ha decidido consultar a la Abogacía del Estado si este convenio afectaría a las subvenciones públicas que recibe el sindicato policial.

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha anunciado este miércoles que la Dirección General de la Policía ha abierto un expediente para analizar ese acuerdo, después de conocer el contenido de los informes solicitados el pasado domingo a la Abogacía General del Estado y a la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior.

Mediante este procedimiento administrativo, la Dirección General de la Policía "recabará toda la información sobre la compatibilidad de los agentes en activo que impartirían la formación extracurricular ofrecida por el sindicato policial a los miembros del cuerpo".

Ante la apertura de este expediente, el SUP ha defendido que no pagará por la formación de Desokupa, sino que lo harán sus afiliados a título personal, por lo que confía en que no afectará a las subvenciones públicas que recibe. 

"No va a afectar a las subvenciones porque no hay ni un euro que vaya a parar a esta empresa o a estos cursos, porque lo pagan de su propio bolsillo y de forma voluntaria los afiliados, quienes se beneficiarán de un descuento por pertenecer al sindicato", ha señalado el portavoz y secretario de riesgos laborales del sindicato, Carlos Prieto.

Mientras se resuelva el expediente informativo abierto, Interior desvela que también ha pedido un informe a la Abogacía del Estado para saber si el acuerdo "afectaría a las subvenciones públicas que recibe el sindicato policial y, en su caso, cuál sería el procedimiento administrativo a seguir para corregir las irregularidades que puedan producirse".

Interior quiere determinar si este convenio "conculca valores democráticos" y se compromete a garantizar que toda la formación evaluable que reciben los agentes se realice dentro del marco establecido por la Dirección General de la Policía.

Un polémico acuerdo

Desde que el pasado 4 de agosto trascendiera la firma de este acuerdo tras ser anunciado en sus redes sociales por SUP y Desokupa, representado por Daniel Esteve, las críticas no han cesado.

Sumar ha registrado una batería de preguntas en la Mesa del Congreso dirigidas a Interior para que explique acerca de las medidas que pretende adoptar "para impedir que grupos de civiles violentos formen a miembros de la policía en activo", lo que se une a la petición de comparecencia por parte de ERC para que Marlaska acuda a la Cámara Baja.

El resto de sindicatos policiales como Jupol, la Confederación Española de Policía (CEP) o la Agrupación Reformista de Policías (ARP) se han distanciado también de estos cursos. En un comunicado, Jupol cuestionó que la formación de Desokupa cubra "las necesidades reales en defensa personal policial".

La CEP, por su parte, defendió que los policías no necesitan "a nadie de fuera" que les enseñe a hacer su trabajo, pues ya tienen a instructores profesionales y cualificados y les sobran "porteros buscando negocio".

Más tajante se mostró la ARP, que en otro comunicado denunció las "prácticas contrarias a los principios democráticos" de Desokupa, e incidió en que el acuerdo firmado con el SUP supone una "amenaza grave y directa al respeto a los valores democráticos y al cumplimiento del orden constitucional en el que debe basarse el trabajo de todos los miembros de los cuerpos policiales".