Pesimismo en el Gobierno sobre el apoyo de Junts pero sigue el diálogo tras el viaje de Santos Cerdán a Suiza

Pero Moncloa no cejará en el intento hasta el mismo momento de la votación, como ya ha ocurrido con los independentistas en otras votaciones trascendentes que se han producido durante la legislatura. Esta vez el argumento del Gobierno es el de la pérdida de financiación e inversiones que supondría para Cataluña el rechazo del Congreso a la senda de déficit, el paso previo a la aprobación de los Presupuestos.

Eso quiere decir que la reunión de este viernes entre Puigdemont y el número tres del PSOE, Santos Cerdán, en Suiza no ha resuelto totalmente la incógnita en algún sentido. Sin embargo, sí ha servido para que los socialistas escuchen directamente la larga lista de reproches del expresident de la Generalitat.

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No hay versión oficial sobre esa reunión y las gestiones con Junts. El argumento para justificar el hermetismo es que las negociaciones entre dos partidos están aún en marcha.

Cerdán volvió el sábado a España tras la reunión del viernes que debía servir para sondear la posiciones de ambas partes y que complementa otros contactos que se producen por otras vías entre Moncloa y Junts.

El dirigente socialista no se encontraba cara a cara con el expresident de la Generalitat desde el pasado mes de junio, antes del pacto entre ERC y PSC, la investidura de Salvador Illa y la nueva fuga de Puigdemont.

Con posterioridad, los diputados de Junts hicieron caer en julio en el Congreso el techo de gasto que presentó el Gobierno, que es idéntico al que se someterá a votación el jueves.

Amnistía y derrota electoral

Desde entonces no han cambiado los dos asuntos que más le irritan a Puigdemont y que le hacen insistir en que lo suyo es un pacto de investidura y no de legislatura. 

En concreto, Puigdemont está especialmente irritado con el retraso en la aplicación de la ley de amnistía, además de considerar insoportable que los socialistas estén al frente del Gobierno central, el de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona.

Sobre la amnistía, el entorno del líder de Junts expresa su malestar por las noticias que indican que el Tribunal Constitucional no se pronunciará a su favor al menos hasta primavera de 2025. Frente a eso, el Gobierno alega que ha hecho todo lo que estaba en sus manos para que se aplique la medida de gracia.

Pero a Puigdemont eso no le parece suficiente y no ha dudado en repetir abiertamente que las relaciones con Pedro Sánchez se habían roto y que, por tanto, eran libres de sumarse a la oposición en diversas votaciones aunque peligre la estabilidad del Gobierno.  

Además, Junts insiste en considerar que no se cumplen acuerdos firmados con Sánchez como el uso del catalán en la Unión Europea, el traspaso total de las competencias sobre inmigración a Cataluña o lo que consideran infrafinanciación de esta comunidad.

Sobre este último punto, Junts considera que el concierto pactado por PSC y ERC es insuficiente y que ninguno de esos partidos quiere realmente ponerlo en marcha.

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Retraso a noviembre

El Gobierno entiende que para Junts puede ser mucho más fácil apoyar los Presupuestos tras el congreso que celebrarán los independentistas en la segunda quincena de octubre, por eso pretende aplazar la tramitación de las cuentas en el Congreso hasta noviembre.

Pero para que eso ocurra necesita que se apruebe el techo de gasto y por eso presiona con el argumento de que si se rechaza el jueves en la votación clave habría que recuperar la senda de gasto en vigor. De salir adelante, ayuntamientos y comunidades tendrían 5.000 millones para gastar.

Esto afecta especialmente a ayuntamientos catalanes gobernados por Junts. El Gobierno ha trasladado a Junts que si rectifican y votan a favor el jueves podrán ofrecer un aumento notable de las inversiones en Cataluña. Sobre todo, permitiría  mejorar la ejecución presupuestaria en Cataluña, que es una de las exigencias más repetidas por los de Puigdemont.

Por ello, el Gobierno también presiona para que el empresariado catalán lleve a Puigdemont por la senda del acuerdo. Para que mejore la financiación de Cataluña y, al tiempo, para favorecer al sector más moderado de Junts, el que recuerda a lo que fue Convergencia hace años.

De todas formas, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado en una entrevista en El País que los Presupuestos de 2023 aprobados son del Gobierno, dando a entender que unas nuevas cuentas no son imprescindibles para que se agote la legislatura porque unas cuentas nuevas no serían muy distintas.

"No es ningún drama que no haya Presupuestos ni es un obstáculo para que la legislatura continúe", ha afirmado. Sí ha asegurado, no obstante, que el Ejecutivo "cumplirá con su obligación" de presentar los de 2025.