Interior incrementa hasta 28 los datos que pedirá a los hoteles que afectan a la intimidad de los clientes

La medida está recogida en un Real Decreto aprobado en 2021, que debería haber empezado a tener efecto en enero de 2023. Se fue posponiendo en reiteradas ocasiones tras las quejas del sector turístico y la ampliación de plazos para utilizar la tecnología adecuada, aunque Interior ha anunciado que se hará efectivo definitivamente el 2 de diciembre. 

Entre la información que deben recabar los establecimientos hoteleros y las empresas de alquiler de coches están datos básicos como el DNI, nombre, dirección, teléfono o correo electrónico de cada uno de los clientes. También si van solos o acompañados y la identidad de esa persona. Sin embargo, la principal novedad es que se requerirá el número de tarjeta bancaria o el IBAN de una cuenta con la que se ha llevado a cabo el pago.

Efe

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Así, hasta una lista de 42 detalles -14 referidos al negocio y 28 a los propios clientes, que las empresas deberán introducir en una plataforma digital llamada Hospedajes, creada por el Ministerio del Interior. La Secretaría de Estado de Seguridad será la encargada de almacenar la información.

El decreto justifica estas nuevas exigencias con la intención de "mejorar la eficacia en la prevención y la investigación de los delitos de terrorismo o los relacionados con la delincuencia organizada de carácter grave". Si bien, la medida ha despertado las críticas de diferentes sectores al considerar que puede vulnerar el derecho a la intimidad o los principios básicos de privacidad. 

Recorte de la aplicación Hospedajes, creada por el Ministerio del Interior.

Protección de datos

Anteriormente, los hoteles estaban obligados a recoger una lista de 14 datos personales de los clientes y remitirlos a la Policía si ésta lo exigía. Por tanto, la información se multiplica por tres y pasa a ser obligatoria al tener que enviarla a través de la citada plataforma electrónica.

Esto iría en contra del principio de minimización de datos, recogido en el Reglamento General de Protección de Datos, que limita la cantidad de detalles personales a la estrictamente imprescindible para cumplir con su cometido. 

El abogado especializado en derecho digital Carlos Rivadulla considera que "atenta contra derechos fundamentales", ya que "regular la privacidad sólo está justificado cuando se hace de un modo proporcionado". "Y en este caso, todo apunta a que sería excesivo", agrega.

Los abogados en esta materia se cuestionan por qué Interior debe hacer acopio de todos estos datos de los turistas para combatir el terrorismo cuando no existe ningún indicio previo contra el individuo en cuestión. Y además surgen dudas sobre el motivo por el que se apela a los establecimientos hoteleros y a las compañías de alquiler de coches y no a cualquier otro sector. 

"Es muy factible que una medida así termine en los tribunales", pronostica Carlos Rivadulla.

Además, existe legislación europea relativa a la protección de los datos personales y la libre circulación de los mismos, como la Directiva (UE) 2016/680, que podrían entrar en colisión también con lo establecido por el Ministerio de Fernando Grande-Marlaska. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) también ha sentado jurisprudencia en este sentido. 

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Quejas del turismo

Antes de la entrada en vigor de la medida, Interior se reunirá el próximo 4 de octubre con representantes del sector turístico. Desde el gabinete de Marlaska señalan que han “tenido una interlocución permanente con los sectores afectados para facilitar su adaptación a los requerimientos”, aunque los hoteleros se muestran totalmente en contra de la normativa.

Agencias de viajes, patronales de alojamientos turísticos o del sector hotelero critican que sus trabajadores tengan que introducir a mano todos los datos requeridos en una plataforma porque les exigiría una carga administrativa desmedida y podría desincentivar a algunos turistas ante la exigencia de información.

En el caso de los pequeños establecimientos esta volumen de trabajo añadido sería un problema añadido. Y en paralelo, los expertos en ciberseguridad alertan de los riesgos que se generarían en estos negocios, que podrían quedar expuestos a ataques para acceder a información bancaria de los clientes.

Los datos requeridos por otros países de la Unión Europea son más generales, por lo que desde el sector lamentan que se pueda producir una situación de inseguridad jurídica y de desventaja con otros competidores europeos.

La noticia, además, ha causado cierto revuelo en algunas cabeceras internacionales.

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Los representantes del sector turístico celebran que el departamento de Marlaska les haya convocado a una reunión a finales de la semana que viene, aunque su postura es que la medida no llegue a entrar en vigor. 

"Vamos a seguir exigiendo que se exima a las agencias de viajes de esta obligación por considerar que se solicitan datos que ya son remitidos por los prestatarios de los servicios”,  asegura en un comunicado José Manuel Lastra, vicepresidente y portavoz de CEAV, patronal de las agencias de viajes.

El responsable de la organización sostiene que “obligar también a la intermediación supondría una duplicación de información innecesaria y hasta perjudicial para el objeto que se pretende, que es la seguridad".