Marlaska avala con un fallo judicial inexistente el tercer grado que la consejera del PSE da a asesinos etarras

El ministro del Interior se pronunciaba así este miércoles en relación a la decisión aprobada por la consejera vasca de Justicia, la socialista María Jesús San José, de liberar a los etarras Harriet Iragi Gurrutxaga y Luis Mariñelarena Garciandía. Sin embargo, ningún juez ha tomado decisión alguna en estos dos casos.

Durante el Acto Central del Día de la Policía celebrado en Sevilla, Marlaska manifestó que los escritos sobre la excarcelación de presos se dictan con "parámetros de cumplimiento estricto de la ley".

Las palabras del ministro han generado indignación entre las víctimas de ETA y duras críticas de la oposición.  La decisión de conceder un tercer grado a cualquier recluso parte de las juntas de tratamiento de las cárceles. En el caso de los dos etarras, de las juntas de tratamiento de las cárceles vascas, cuya competencia fue transferida a esa comunidad autónoma precisamente por el propio Marlaska.

La junta de tratamiento elevó informes favorables al excarcelamiento de los dos etarras al Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, y fue la titular de la cartera la que tomó la decisión de liberarlos.

Ayuntamiento de Málaga

Conceden el tercer grado al etarra que asesinó a Martín Carpena y a Luis Portero: podrá salir a la calle

Tras las protestas de las víctimas, fuentes del Ministerio del Interior justificaron que para conceder el tercer grado tiene que haber un control judicial "por acción o por omisión". Defienden que el fiscal, conocida la decisión de la junta de tratamiento y de la autoridad competente, valora si la recurre o no. Si lo hace, el recluso no queda en libertad hasta que el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional resuelve el caso.

Sin embargo, tal y como corroboran a EL ESPAÑOL fuentes judiciales de toda solvencia, ningún juez interviene en el proceso si no hay un recurso contra la decisión de conceder la libertad a un preso. Por tanto, en el caso de los dos terroristas, no ha habido decisión judicial alguna, en contra de lo manifestado por Marlaska. 

"Un evidente pago"

Los dos etarras beneficiados por la decisión del Gobierno vasco son Harriet Iragi Gurrutxaga y Luis Mariñelarena Garciandía. El primero fue condenado a un total de 128 años por los asesinatos del concejal del PP en Málaga José María Martín Carpena, del fiscal Luis Portero y del médico militar Antonio Muñoz Cariñanos. El segundo, fue condenado por participar en el atentado con coche bomba que acabó con la vida del político socialista Fernando Buesa y su escolta Jorge Díez Elorza. Ninguno se ha arrepentido públicamente por sus crímenes.

La decisión de concederle el tercer grado a ambos es considerada por el Partido Popular como "un evidente pago" del Gobierno a Bildu para "mantener sus votos en el Congreso".

Según fuentes oficiales del PP, ese "pacto encapuchado" al que se ha referido su líder, Alberto Núñez Feijóo, comporta que los presos de ETA vayan saliendo de la cárcel "antes de tiempo" a cambio de que la formación heredera de Batasuna "siga siendo el socio más fiel de Pedro Sánchez en el Congreso".

Los populares, de momento, no prevén presentar una moción de reprobación contra Marlaska, dado que "es el ministro más reprobado de la democracia y no se le ha movido un músculo". Sin embargo, desde el Grupo Parlamentario en el Congreso, otras fuentes confirmaron a este diario que este jueves registrarán una petición de comparecencia urgente del ministro del Interior. 

"Que lleve a la Cámara la resolución judicial que dice tener", apunta este portavoz, "ésa que avala la liberación de dos sanguinarios terroristas". La petición de explicaciones a Marlaska se hará a sabiendas de que "no ha habido intervención alguna de ningún juez", porque así lo estipula la ley general penitenciaria.

Los populares, además, presentarán preguntas escritas al Gobierno para que explique si, efectivamente, "esto es lo que parece".

80 terceros grados

Tras conocer la noticia de la excarcelación, las víctimas de ETA mostraron su "decepción total" con la decisión del Gobierno vasco. "Es una decisión que no nos sorprende. Se suma a los 80 terceros grados concedidos por el Gobierno vasco desde que les transfiriesen las competencias", señala Maite Araluce, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

Covite, por su parte, reclamará a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que "recurra estos dos últimos terceros grados" para que se puedan revertir, dado que es la única institución que "puede y debe hacerlo en aras al derecho a la justicia de las víctimas".

Esta asociación considera que "ninguno de los dos etarras cumple con el requisito fundamental exigido por la ley para progresar en grado, que es el del arrepentimiento por sus crímenes" y la "colaboración con la Justicia".

Para muestra, un botón: los dos presos "son exhibidos constantemente por la izquierda abertzale en sus manifestaciones en las que se exige su excarcelación, lo que prueba que no están arrepentidos".  

La noticia del tercer grado a estos dos etarras se produce, además, menos de una semana después de que la propia consejera de Justicia prometiera en el Parlamento vasco que impulsaría un cambio en la política penitenciaria con los presos de ETA.

María Jesús San José anunció el 25 de septiembre que entre los ejes de su nueva política penitenciaria se incluiría el "rigor histórico"." Trece años después de conseguir que dejaran de matar, no les vamos a conceder ese estatus diferenciado", dijo.