Cargas policiales en las protestas de Ferraz el pasado noviembre.

Cargas policiales en las protestas de Ferraz el pasado noviembre. Rodrigo Mínguez

España INTERIOR

Los policías, contra el acuerdo del Gobierno con Bildu en materia de seguridad: "Lo pagarán los ciudadanos"

Los representantes de Policía Nacional y Guardia Civil rechazan el pacto para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana: "Es una cesión inadmisible"

3 octubre, 2024 13:08

El acuerdo firmado por el PSOE y EH-Bildu para reformar varios artículos de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordazaha soliviantado a los colectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que durante años se han posicionado en contra de los intentos de una reforma legislativa que reduce su capacidad de actuación y autoridad ante los delincuentes.

El acuerdo incluye rebajar las multas por desobediencia y las faltas de respeto a la autoridad.

La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, norma aprobada por el PP de Mariano Rajoy, fue un compromiso que el PSOE adquirió con sus socios en la pasada legislatura. Las modificaciones propuestas nunca se llegaron a aplicar debido a las exigencias de las formaciones radicales y nacionalistas.

EH Bildu y ERC se echaron atrás en diversas ocasiones, atascando la reforma, porque consideraban insuficientes las modificaciones que el Ejecutivo estaba dispuesto a conceder.

Ahora, tras el anuncio del acuerdo, sindicatos policiales como la Confederación Española de Policía (CEP) piden la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska: "Policías más expuestos frente a los violentos es el vergonzoso balance que este Gobierno va a poder exhibir frente a quienes llevan años tratando de podar esta norma para que la violencia y el incivismo salgan gratis; para que los policías dejemos de proteger los derechos de todos y nos convirtamos en meros espectadores, impotentes frente a quienes pretenden imponer un modelo de convivencia basado en la impunidad de unos pocos y en la desprotección de unos muchos, la mayoría social, que sólo desea vivir y trabajar en convivencia pacífica".

La reforma pactada incluye la eliminación progresiva del uso de pelotas de goma por parte de los agentes policiales en grandes disturbios. 

Para CEP, la retirada de las pelotas de goma "es una nueva muestra de que no hay líneas rojas para este Gobierno y que quien se llena la boca con los resultados de nuestro trabajo es incapaz de no someter a negociación política cuestiones que afectan directamente a nuestra seguridad personal, a nuestra vida y a la de nuestras familias".

Según la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) el Ejecutivo "utiliza" a los guardias civiles como "moneda de cambio, dejándoles atados de pies y manos en su trabajo". Así lo señala su portavoz, Pedro Carmona.

"Los agentes necesitan herramientas para que puedan realizar su trabajo con seguridad en un momento en el que las agresiones no paran de aumentar año tras año sobre los guardias civiles", señala.

También ha salido al paso del acuerdo el sindicato JUPOL. Su portavoz, Ibón Domínguez, alerta de que la eliminación de las pelotas de goma en la dotación de los agentes de la Policía Nacional "es una línea roja que desde este sindicato no podemos tolerar que se traspase, ya que supone la eliminación de una herramienta fundamental para el trabajo de los policías en situaciones de disturbios graves".

"Interés político"

Todos los representantes del colectivo policial coinciden en el diagnóstico. "Tendremos más difícil, y en ocasiones casi imposible, llevar a cabo nuestra labor, y quienes sufrirán las consecuencias serán los ciudadanos, que se verán perjudicados, ya que la voluntad de unos pocos será suficiente para recortar sus derechos y libertades", alerta el portavoz de JUPOL.

La Asociación Profesional de la Guardia Civil (JUCIL) subraya que esta reforma ha sido impulsada por EH Bildu, un partido que, en el pasado, defendió las posiciones de los terroristas de ETA.

Para Agustín Leal, secretario de comunicación de esta asociación, "es inadmisible que el Gobierno ceda ante quienes en su día apoyaron la violencia y el terror. Este acuerdo no tiene en cuenta la realidad de los agentes en las calles ni las dificultades que enfrentan diariamente".

Leal es tajante al respecto: "Lo que el Gobierno está haciendo es desproteger a quienes día a día arriesgan sus vidas para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Esta reforma no responde a una demanda social, sino a un interés político por parte del PSOE de obtener el respaldo de Bildu para sacar adelante los Presupuestos. Estas medidas desarman a los guardias civiles y policías".

Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) advierten de que agotarán todas las vías posibles para que esta reforma no siga adelante: "La restricción en el uso de material antidisturbios, que ya gozaba de una norma en cuanto a las situaciones, proporcionalidad y su correcto empleo, es un palo más en la rueda de la seguridad pública y el mantenimiento del orden en aquellas situaciones en las que se quiere revertir de manera especialmente violenta en nuestras calles".

Todos estos cambios estarán reflejados en la Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana, que sustituirá a Ley Mordaza, que incluirá que el uso de material antidisturbios como las pelotas de goma se sustituya de forma progresiva por otro material menos lesivo, según ha confirmado este jueves la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurúa, en rueda de prensa, que confía en que ERC y Junts se sumen a este acuerdo. 

Los cambios de la ley

Los cambios más importantes de la normativa son cuatro:

1.- Se termina con el uso de las pelotas de goma, sustituyéndose estos por medios menos lesivos.

2.- Fin de las devoluciones en caliente en la frontera. 

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta nueva ley se abordará la modificación en la Ley de Extranjería estableciendo como criterios para la modificación el respeto y aplicación de la normativa de Derechos Humanos y protección internacional, estableciendo el acceso y evaluación a las solicitudes de protección internacional previamente al proceso de posible expulsión.

3.- Sobre las faltas de respeto a la autoridad, se acaba con las sanciones injustificadas o basadas en interpretaciones subjetivas, se blinda la libertad de expresión y se establece su cancelación en caso de que la persona acusada se retracte.

Con este acuerdo se modifica el apartado 4 del artículo 37 de la Ley de Seguridad Ciudadana referente a las infracciones leves, que se considerarán "los insultos o injurias cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal".

"Para entender cometida la infracción deberá tratarse de expresiones relevantes, sin que pueda considerarse sancionable la sola disconformidad con un mandato legitimo o el ejercicio fundamental a la libertad de expresión. Asimismo, se dejará sin efectos la sanción cuando el sancionado acceda a retractarse/disculparse por sus expresiones", dice el documento del acuerdo entre PSOE, Sumar y Bildu. 

4.- En lo referente a la desobediencia a la autoridad, la infracción pasa de grave a leve y se establece que la desobediencia debe ser manifiesta, clara y objetivable, que será sancionable solo cuando esté ajustada a una orden legal, ajustada a la legalidad o al ordenamiento jurídico, impidiendo la discrecionalidad sobre requerimientos y sanciones.

Se añade el apartado 20 (nuevo) al artículo 37 al concepto de infracciones leves "la desobediencia manifiesta y clara a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando se trate de la negativa a cumplir una orden legal o ajustada a la legalidad o al ordenamiento jurídico y cuando no sea constitutiva de infracción penal".

"La resistencia a la autoridad o sus agentes utilizando oposición corporal cuando se trate de la negativa a cumplir una orden legal o ajustada a la legalidad o al ordenamiento jurídico, y cuando no sea constitutiva de infracción penal. La negativa manifiesta y clara a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes, o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación, y cuando no sea constitutiva de infracción penal", reza el texto.