El menor de los Sandulache, tomando un café en una plaza en Asturias

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España INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

El juez investiga una denuncia por torturas de uno de los mayores proxenetas, hallado muerto en su celda

6 octubre, 2024 03:12

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba ha ordenado una serie de diligencias para investigar una denuncia de supuestas torturas interpuesta por uno de los mayores proxenetas de España, que apareció días más tarde ahorcado en su celda.

El delincuente en cuestión es Cristian Sandulache, que fue condenado a 55 años de prisión junto a su hermano Sebastián por un delito de trata de seres humanos. Sandulache apareció muerto en su celda en el módulo de aislamiento de la cárcel de Córdoba el pasado 1 de septiembre, a donde le habían trasladado 10 días antes desde Huelva para seguir cumpliendo su pena. 

En un auto fechado el pasado 24 de septiembre, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el magistrado oficia a la unidad de Policía Científica de la Comisaría de Policía Nacional de Córdoba para que remita al juzgado la relación de todas las fotografías realizadas en el acta de inspección ocular por el fallecimiento de Sandulache, así como durante la práctica de su autopsia.

Además, ha requerido a la acusación particular que le remita las fotografías aportadas en su escrito. Pide además que se remitan todas ellas al Instituto de Medicina Legal de Córdoba para que emita informe sobre si las lesiones que se aprecian en el cuerpo del fallecido se advirtieron durante el levantamiento de cadáver o práctica de autopsia y si llegaron a ser valoradas en el informe de autopsia emitido. 

La denuncia sobre la que el juez abre ahora diligencias es previa al fallecimiento de Sandulache. Pese a ello, el juez rebaja por el momento la teoría a la que se agarra la familia y la defensa de los Sandulache, es decir, la de que fue asesinado por trabajadores del centro.

Dice el juez que "la línea que describe la acusación particular" está basada en "hueras sospechas o hipótesis" que incidirían en la "intervención de funcionarios del centro penitenciario" en el fallecimiento del proxeneta. Esas "sospechas", dice el juez, "contradicen de momento la información que a modo de evidencias no apuntan de momento a la intervención de terceras personas en la muerte por ahorcadura del finado".

Esa línea que señala la acusación "difícilmente podría tener una conexión con las acciones de no dejar dormir al fallecido por molestias de otros internos o sospechar que le están echando algo en la comida que decide no comer", añade el auto.

"Solamente una posible eventual pretensión indemnizatoria, más allá de la persecución penal del hecho", basada en entender que el interno hubiera decidido acabar con su vida por la situación de presión sufrida como consecuencia de lo que define como torturas, podría tener sentido en la causa seguida ante este juzgado", señala la resolución.

Pese a estas palabras, el juez ordena practicar las diligencias que se estimen adecuadas "para la comprobación del delito y averiguación e identificación de los posibles culpables" de esas supuestas torturas, previas a la aparición del cadáver.

La denuncia

Tal y como adelantó EL ESPAÑOL, la muerte de Sandulache tuvo lugar el pasado domingo 1 de septiembre. La mujer del delincuente se enteró sobre las nueve de la noche de que había sido hallado sin vida, colgado en la habitación. Su categoría en la penitenciaría era de FIES 2, donde se incluyen reclusos del mundo del crimen organizado.

A falta de los resultados finales de la autopsia, los forenses concluyeron provisionalmente que se trataba de una muerte por ahorcamiento. El cadáver presentaba en el cuello la glándula tiroide fracturada, según ha podido conocer EL ESPAÑOL de fuentes conocedoras de la investigación.

Sin embargo, su familia quiere que se investigue a fondo la muerte porque en cuanto llegó a la prisión, el propio Cristian Sandulache les aseguró que le estaban envenenando y que alguien trataba de acabar con su vida. Por el momento, sus hermanos ya se ha personado como acusación particular en el procedimiento que indaga sobre la muerte de este recluso.

Investigación

Según la documentación a la que ha podido acceder este periódico, a lo largo de la semana que transcurrió desde su llegada hasta aparecer sin vida su familia interpuso hasta cuatro denuncias judiciales y un escrito de queja.

En esos documentos se ponía en conocimiento de los distintos órganos judiciales (juzgados de instrucción y juzgado de vigilancia penitenciaria) que, según el testimonio del fallecido, "estaba siendo objeto de envenenamiento por parte de los funcionarios del Centro Penitenciario de Córdoba".

Así rezaba en un escrito presentado por los abogados de los Sandulache ante el juzgado de Córdoba, encargado de la investigación. En él, el abogado Rafael Cotta Gallardo insistía en que el reo había "solicitado protección judicial y autorización para ser explorado por médico ajeno al centro penitenciario".

Ese temor por su integridad física y por el trato que le estaban dispensando fue puesto en conocimiento de las autoridades mediante sucesivos escritos y denuncias a lo largo de la semana en la que permaneció en ese nuevo centro. Nada más llegar a la cárcel, el abogado de Sandulache recibió una llamada de la familia. Le pidieron al letrado que fuera a ver a Cristian, porque les había llamado diciéndoles que "temía por su vida, alegando que le quieren matar".

"Le envenenaron"

El sábado 24 de agosto, el abogado acudió a la prisión andaluza. Notó a Cristian más delgado. Decía que había dejado de comer. Aseguró que desde su llegada el día anterior estaba "sufriendo humillaciones por parte de los funcionarios", que no le permitían "comunicarse con sus familiares" que le estaban "envenenando con sustancias en la comida" y que no le dejaban "dormir en la celda" porque le proferían "gritos" y le ponían "ruidos" que le impedían "el descanso". Tampoco podía "acceder al peculio para comprar comida", según la denuncia del reo y recogida en el escrito presentado por Cotto Gallardo.

Por todo ello, solicitó "protección judicial". Sandulache realizó estas manifestaciones "en presencia de cinco funcionarios del centro quienes, en clara injerencia de la comunicación abogado-cliente, permanecieron presentes en los locutorios", agrega la denuncia.

Ante esta situación, Sandulache pidió a su representante legal que interpusiera la denuncia. Así lo hizo el letrado, concretamente ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Córdoba, en funciones de guardia. En los escritos que interpuso antes de que apareciese sin vida su defendido, el abogado pedía al juez realizar una exploración médica al hermano más joven de los Sandulache, con el fin de detectar si se le había inoculado alguna clase de sustancia nociva para su salud.

Fuentes penitenciarias rechazan las acusaciones de la familia. Niegan también haber cometido malos tratos hacia el preso que ha aparecido sin vida. Señalan que no existe prueba alguna de estas denuncias. Niegan también que ningún trabajador del centro hubiera envenenado o administrado sustancia alguna a Cristian Sandulache. "Nadie quería matarlo. En las cárceles, nadie se dedica a drogar a nadie".

El clan Sandulache

Cristian y Sebastián Sandulache eran los cabecillas de un clan rumano dedicado a la trata de seres humanos. Regentaban dos prostíbulos en Oviedo y llevaban varios años traficando con personas desde su Rumanía natal. Reclutaban a chicas a las que engañaban prometiéndoles trabajos como camareras en Asturias.

Una vez llegaban a España, las obligaban a prostituirse. No sólo eso: las torturaban de las formas más espantosas, tal y como ellas relataron en sede judicial. Desde pegarles palizas hasta obligarlas a comer billetes si no traían mucho dinero después de las maratonianas jornadas laborales. Una noche, varias jóvenes tuvieron que ingerir 700 euros en billetes pequeños porque habían conseguido poca recaudación.

Los Sandulache impusieron durante años un régimen de terror entre sus prostitutas. Las tenían esclavizadas, les retenían el pasaporte, casi no las dejaban salir de la casa en la que vivían hacinadas, les robaban y además las amenazaban con matar a sus familiares en Rumanía si ellas no se hacían cargo de la deuda que habían adquirido con ellos al haber caído en sus redes.

Finalmente, varias de las víctimas consiguieron escapar y denunciaron el caso. Una de ellas lo logró escribiendo un mensaje de SOS en una servilleta cuando estaba a punto de embarcar en el avión que la traía desde Bucarest hasta Madrid.

En 2019, el Tribunal Supremo confirmó su condena a 55 años de cárcel, así como la pena de 53 años para su hermano Sebastián, por tres delitos de trata de seres humanos en concurso con tres delitos de prostitución coactiva, siete de prostitución coactiva, y otro delito contra los derechos de los trabajadores, blanqueo de capitales y lesiones. Por este último delito sólo fue condenado Cristian Sandulache.