El PP se sube a la conciliación y Feijóo asume propuestas de Malas Madres... con la quimera de que crezca la natalidad

“Me quité una hora de trabajo y media de comida, y aún así todos los días tengo que tirar de abuelos para que vayan a recogerlos al cole y a la guardería porque no llego”, explica.

En esa cábala había que calcular el tiempo al que podía renunciar sin dejar de cumplir con sus obligaciones laborales y el dinero que estaba dispuesta a perder. Porque ahora, un cuarto de su sueldo se ha esfumado. 

EP

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Amparo tenía entonces pareja, ya no. “Pero es algo que él ni siquiera se planteó; decía que para mí sería más fácil en la empresa, cuando mi puesto era igual de serio que el suyo”.

Dice que ahora tiene la misma carga de trabajo pero en menos horas, y que come en 10 minutos para estar a las 18:30 en casa. Aún así, se siente “afortunada” porque la han ascendido a directora de departamento pese a la reducción de jornada. 

En 2019 el Gobierno de Pedro Sánchez, entonces en funciones, aprobó una ley para ampliar los permisos por nacimiento hasta 16 semanas para ambos progenitores. En el caso de los padres, el incremento se produjo de forma progresiva, hasta que en 2021 hombres y mujeres empezaron a gozar de un periodo obligatorio, equitativo y con el sueldo íntegro.

España se convirtió entonces en el país de la OCDE donde los padres tienen un mayor permiso retribuido, una situación que se mantiene hasta hoy. De esas 16 semanas, las seis primeras son obligatorias para ambos justo después del nacimiento, mientras que las diez restantes se pueden distribuir hasta que el niño cumpla su primer año. 

El Gobierno socialista utilizó esta medida como una bandera, con el objetivo de reducir la brecha de género y mejorar la conciliación. Los hombres se deberían implicar más en el cuidado de sus hijos y los empresarios ya no discriminarían a la hora de contratar, pensando que una mujer podía quedarse embarazada y ausentarse varios meses debido al periodo de maternidad. 

Tasa de natalidad en la UE. Eurostat

La experiencia no ha debido ser tan mala cuando ahora nadie se plantea dar marcha atrás, más bien al contrario. Pero tampoco ha logrado cumplir objetivos de máximos, teniendo en cuenta que el 85% de las excedencias o las reducciones de jornada las piden las mujeres, que España es el segundo país de la UE con menor tasa de natalidad -1,16 hijos por mujer en edad fértil, sólo por detrás de Malta- y que todos los estudios revelan que ellas siguen asumiendo una mayor carga en las tareas domésticas. 

La conciliación sigue siendo la gran tarea pendiente. Ese problema, que quizás no aparezca entre la lista de prioridades que publican los estudios demoscópicos, está en la cabeza de la gran mayoría de los españoles. Por eso el PP ha sido el último partido en presentar su propia propuesta de Ley para la Conciliación y Corresponsabilidad Familiar. 

El plan del PP

Entre las medidas más destacadas del plan de Feijóo está ampliar el permiso para madres y padres hasta las 20 semanas, aunque dejarían de ser obligatorias las seis primeras semanas de forma simultánea; la aplicación de una jornada flexible con un banco de horas para que el trabajador pueda organizar mejor su jornada; la escolaridad gratuita de 0 a 3 años; o la ampliación a los progenitores de permisos por cuidados a niños pequeños hasta las 16 semanas, con un mínimo de ocho retribuidas, tal y como exige la UE. 

La propuesta también amplía los permisos de las familias monoparentales a 26 semanas y contempla bonificaciones a las empresas que contraten aplicando medidas específicas de conciliación. 

“En nuestra ley hay un apartado muy importante del que estamos hablando poco: la sensibilización y concienciación. No solamente el padre tiene que concienciarse de esa corresponsabilidad, la sociedad también”, decía hace una semana en una entrevista en este diario Ana Alós, vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social del PP.

Una palabra, corresponsabilidad, que repetía reiteradamente en la entrevista y que hasta hace bien poco sólo sonaba en espacios de la izquierda casi como patrimonio único del feminismo. 

Javier Carbajal

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El manual de las batallas ideológicas, como es el caso, dicta que la mejor estrategia para desactivar los eslóganes de tu enemigo es apropiártelos. También así el PP amplía su discurso, muy centrado en Cataluña y en el choque con el Gobierno desde que comenzó la legislatura, hacia aspectos más sociales donde puede encontrar mayor entendimiento con potenciales socios como el PNV. O incluso con Junts, si a Carles Puigdemont le viniera en gana tumbar el Gobierno. 

Pero más allá de la finalidad política, lo que hace el PP es sumarse a un debate que está en la calle.

Ana Alós y Miguel Tellado registran en el Congreso su propuesta de ley de conciliación. Europa Press

Laura Baena, fundadora del colectivo Malas Madres, una de las referencias dentro de la sociedad civil en las políticas de conciliación, afirma que “claro" que coincide "algo” en lo que plantea el PP, ya que su asociación le presentó sus propuestas a dirigentes como Cuca Gamarra y Alberto Núñez Feijóo y “muchas de las medidas están ahí recogidas”. 

Baena también se ha reunido este año con la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a quien le trasladó una serie de 11 reivindicaciones que su organización considera esenciales.

Entre ellas están una prestación universal por crianza de 100 euros, permisos por nacimiento de 24 semanas, ampliar el número de días por cuidado de menores o enfermedad de estos y establecer planes de conciliación en las empresas con flexibilidad horaria y teletrabajo obligatorio “cuando así lo permita” la actividad que desarrolla el empleado. 

El colectivo Malas Madres también defiende la eliminación de la obligatoriedad de las seis primeras semanas de permiso por nacimiento de forma conjunta para que padres y madres no se solapen en los cuidados, como dice el PP. Aunque Laura Baena sí que echa “en falta el diálogo social y la profundidad que necesita un escrito así” en la propuesta de los populares.

Ley de familias

Otra de las medidas básicas que reclaman éste y otros colectivos son las recogidas en la Ley de familias, que ya se planteó en la pasada legislatura y se aprobó en Consejo de Ministros el pasado febrero, pero que todavía está pendiente de aprobación al no haber seguido el trámite parlamentario oportuno. 

Esa ley contempla, entre otras cuestiones, ese permiso de 16 semanas para los cuidados de menores de ocho años que recoge el PP y que está incluido en una directiva europea de obligado cumplimiento.

España todavía no la ha puesto en práctica y por eso la Comisión Europea ha denunciado al Gobierno ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que podría imponer sanciones a nuestro país con multas de unos 7 millones de euros. 

El incumplimiento se resolvería con la aprobación definitiva de esa Ley de familias, una de las medidas estrella de Sumar. El partido de Yolanda Díaz también plantea una prestación universal por crianza de 200 euros al mes y acordó con el PSOE en su pacto de investidura la ampliación de los permisos por nacimiento a 20 semanas y la gratuidad de la educación pública de 0 a 3 años. 

Es decir, a grandes rasgos Gobierno y PP están diciendo lo mismo. La propuesta de ley del partido de Alberto Núñez Feijóo recoge puntos que ya están en el acuerdo programático de PSOE y Sumar, poniendo en entredicho al Ejecutivo por no cumplir lo pactado. 

Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, dirigido por el dirigente de Sumar Pablo Bustinduy, señalan a EL ESPAÑOL que hay varias propuestas del PP con las que pueden “estar de acuerdo”. 

“Damos la bienvenida al Partido Popular al debate sobre cómo mejorar la vida de la ciudadanía y las medidas de conciliación. Son estos problemas los que los ciudadanos esperan”, agregan estas mismas fuentes. Por tanto, desde el departamento de Bustinduy animan al PP “a sentarse a negociar” y votar a favor de esa Ley de familias, en la que convergen en varios aspectos la izquierda y la derecha.

Jesús Hellín Europa Press

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Reducción de la jornada

Aquí es, quizás, donde surgen las mayores discrepancias, aunque a simple vista pudiera parecer que Sumar y PP estén lanzando propuestas análogas.

Otra de las medidas estrella de Yolanda Díaz es la reducción progresiva de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, también plasmada en el pacto de legislatura, aunque tampoco termina de ver la luz. Las negociaciones con la patronal CEOE se prolongan desde hace meses, sin que los empresarios den su brazo a torcer.

Mientras, lo que plantea el PP es un modelo de “flexibilidad horaria”, por el que el trabajador puede organizar su jornada de forma diferente pero sin reducir el número de horas semanales. Así, un empleado podría trabajar más determinados días, y salir antes o no acudir a su puesto si ya ha cumplido durante la semana, siempre y cuando lo acuerde con su empresa. 

Aquí el debate está en la conciliación, pero también en la competitividad, ya que las medidas adoptadas hasta el momento no nos han hecho más productivos. Según datos de la OCDE, el PIB por hora trabajada —el principal indicador para medir la productividad— apenas había crecido hasta el 102,5% en 2022 tomando como base del 100% la economía de 2015. 

Esto coloca a España cuatro puntos por debajo de la media de la OCDE, por detrás de otros países de nuestro entorno como Portugal, Estonia, Eslovenia, Polonia o Irlanda. 

Comparación del PIB por horas trabajadas entre 2015 y 2022 en los países de la OCDE. OCDE

Según el Instituto de Estudios Económicos, una de las explicaciones es que la reducción media de la jornada laboral en España ha sido del 3,4% en la última década, por encima del 2% de la media europea. Es decir, que trabajar menos horas no ha aumentado la competitividad, mientras las dificultades por la conciliación continúan. 

El papel de las empresas

La organización Más Familia lleva desde hace casi 20 años otorgando a las empresas un certificado llamado EFR (Empresa Familiarmente Responsable) por el que reconoce las políticas de conciliación de las corporaciones.

Su premisa es que las facilidades para compatibilizar vida privada y trabajo mejoran la calidad de vida de las personas y su rendimiento laboral, pero que sin la colaboración de las compañías no hay nada que hacer. 

Por eso, reclaman que las políticas públicas “premien y no castiguen a las empresas”. Proponen bonificaciones en las contribuciones a la Seguridad Social, rebajar la carga impositiva o incentivar la contratación para las compañías que adopten planes para adaptarse a las necesidades de sus trabajadores.

Eduardo Parra / Europa Press

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Roberto Martínez, director de la iniciativa EFR, opina que las medidas que se han planteado hasta ahora desde la política “no recogen el espíritu de la conciliación”, empezando por la propuesta del PP.

“No está muy claro lo que quieren ser estos planes, porque empiezan hablando de igualdad, después de familias y, al final, no terminan de enfocar el problema”, asevera. 

Para la fundación Más Familia, conciliación no debería ser sinónimo de tener hijos y poder atenderlos. “Hay que poner el centro en la persona, porque tan respetable es querer formar una familia como disfrutar del tiempo libre o aprender a tocar el piano”, sentencia Roberto Martínez. 

Un reciente estudio de su asociación concluye que para el 70% de las nuevas generaciones lo más importante a la hora de buscar trabajo es poder compatibilizarlo con su vida personal. Un porcentaje que ya se sitúa por encima del salario.

La forma de captar talento pasa por permitir a los trabajadores que disfruten de su tiempo y, probablemente, los jóvenes no estén pensando en dedicarlo al cuidado de unos hijos que no tienen.

La nueva era laboral

El paradigma ha cambiado. El magma se calentaba a fuego lento bajo la superficie, pero fue a partir de la pandemia cuando la lava empezó a brotar con todo tipo de síndromes, fenómenos y nomenclaturas.

Se empezó a hablar de la sociedad del cansancio, del burnout o de la gran renuncia. Diferentes formas de adjetivar que no nos da la vida. 

Ana, madre soltera, también decidió reducirse la jornada por su hija y por ella misma. “Sin trabajar menos no podría organizarme, pero soy muy consciente de que esto es un lujo para privilegiados”. 

Ella trabaja en una multinacional, donde no le pusieron problemas para dejar de trabajar una hora al día, a cambio de una disminución de salario proporcional. “Sé que he renunciado a hacer carrera, como muchas mujeres. En mi empresa sólo había un hombre con reducción de jornada y lo dejó porque quería ser jefe. Y aún así, ¿cómo va a poder recurrir alguien a una medida de este tipo trabajando en una fábrica o con un salario de 1.000 euros?”, se pregunta. 

La respuesta, probablemente, esté en los abuelos, los verdaderos garantes de la conciliación. Y aunque el debate se desvíe de nuevo al ámbito de la natalidad, estamos ante un fenómeno demográfico sin precedentes. Cada vez tenemos menos hijos, la población envejece y son los mayores quienes cuidan en gran medida de los pequeños mientras sus padres trabajan.

Abuelos cuidando de sus nietos en un parque. Efe

La conciliación, realmente, lo es todo. Trasciende las políticas concretas o las medidas de los partidos para abarcar algo mucho más amplio: se trata de la gran dicotomía entre la vida de las personas y el modelo productivo en el que vivimos. 

Francisco Trujillo, profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Jaume I de Castellón, introduce otros elementos como “la estabilidad económica, la inseguridad laboral o los altos costes de vivienda” para empezar siquiera a pensar en conciliar. 

Y en último término, esto repercute en la “salud mental, pues sólo hay que ver los casos de bajas laborales por ansiedad, depresión o estrés que se registran”.

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Al igual que ningún gobierno occidental ha logrado aumentar la natalidad por muchos incentivos que haya aplicado, parece ocurrir algo parecido con las políticas de conciliación. Política y sociedad siguen encerrados en un laberinto de difícil salida.

Aún así, el único recurso a la vista son las reclamaciones que ya están sobre la mesa: flexibilidad horaria, desconexión digital, salarios justos, apoyo a las familias…

Mientras, distintos referentes sociales siguen alimentando el viejo debate entre quienes sufren de ansiedad si no dedican su tiempo a algo productivo y aquellos que huyen de la hiperactividad permanente. A esto último se le ha puesto incluso un nombre en neerlandés: niksen, o el “arte de no hacer nada”. 

Cal Newport, el apóstol de otra más de esas grandilocuentes teorías bautizada en este caso como “gran agotamiento”, apuesta por una solución híbrida. Lo llama “productividad lenta” y consiste en abarcar toda la cantidad de trabajo posible dentro de un tiempo considerado razonable. Suena muy lógico, como todas las soluciones planteadas, otra cosa es que pueda ponerse en práctica.