Del discurso de Sánchez sobre inmigración al pulso de la calle: nadie quiere un centro de acogida en su barrio

Los acompaña un guardia de seguridad, el encargado de transmitir ese malestar. Aunque ellos permanecen ajenos. Caminan por el recinto en fila india, disciplinados, hasta que pasan una verja y comienzan a jugar en un descampado con una pelota de tenis. 

Sus dominios terminan poco más allá. Están en el centro de primera acogida para menores migrantes no acompañados que la Comunidad de Madrid puso en marcha hace sólo unos días en Fuenlabrada (Madrid). 

Jesús Hellín - Europa Press -

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Más bien en su término municipal, porque el edificio se ubica en un cerro con vistas a la carretera que une Madrid con Toledo, donde algunas personas llevan a sus perros a correr libremente por los prados y en el que las construcciones más cercanas son las del polígono industrial Cobo Calleja. Un lugar conocido por ser uno de los conglomerados industriales más grandes de Europa y por estar tomado por los negocios chinos. 

La elección de este espacio ha causado un gran revuelo en los últimos meses entre la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, y el Ayuntamiento de Fuenlabrada, regido por el PSOE. 

La gestión de los centros de menores corresponde a las comunidades autónomas y la Administración liderada por Isabel Díaz Ayuso decidió en mayo reconvertir la instalación, que había sido sede de la compañía aeronáutica EADS Casa —lo que hoy es Airbus— y ahora estaba en desuso, en un lugar de acogida para hacer frente a la emergencia migratoria. 

Fuentes del Ayuntamiento de Fuenlabrada señalan a este diario que las razones para oponerse al proyecto se basan en que la Comunidad no se lo comunicó previamente; que el acuerdo de cesión del espacio incluía una cláusula de reversión, por la que el consistorio habría solicitado el terreno con una demanda en los tribunales; y, sobre todo, que no están de acuerdo con el "modelo migratorio" que representa el centro".

"Alojar a estos chavales en medio de la nada los estigmatiza. No van a poder salir ni tener contacto con nadie, por lo que pensamos que no cumplen con los requisitos básicos", justifican desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Recinto vallado del centro de menores de Fuenlabrada.

El centro, en el que la Comunidad ha invertido cerca de 19 millones de euros y cuya gestión ha sido ofrecida en concurso público a organizaciones que se ocupan de estos asuntos, tendrá una capacidad máxima de unos 100 menores y debería contar con médicos, psicólogos, profesores, trabajadores sociales o educadores. 

"Hay que ver el numerito que está dando el socialismo español con Fuenlabrada a la hora de acoger a los menores, qué progresistas somos para el anuncio, qué humanos somos para el inmigrante, pero que estén lejos de mi casa", contestó a la polémica Isabel Díaz Ayuso.

Ciudad Real y el modelo Meloni

Los argumentos del Ayuntamiento de Fuenlabrada son casi calcados a los de la Junta de Castilla-La Mancha, también gobernada por el PSOE, cuando la pasada semana el Gobierno lanzó el globo sonda de que estaba pensando utilizar el aeropuerto abandonado de Ciudad Real para crear un centro de emergencia para migrantes. 

El presidente de esta comunidad, Emiliano García-Page, salió rápidamente a decir que esa decisión sería "ilegal" y esgrimió un informe de sus servicios jurídicos, según el cual las instalaciones del aeropuerto no se pueden destinar a ese fin. Dicho documento sostiene que la infraestructura debe utilizarse para "actividades industriales y terciarias" y que, por tanto, no "tiene cabida" allí un centro de acogida de inmigrantes.

Desde la Junta agregan a EL ESPAÑOL que, "políticamente", no es su "modelo hacinar a la gente en barracones en un aeropuerto en mitad del campo, a 20 kilómetros de cualquier núcleo urbano". 

Es decir, una situación similar a la de Fuenlabrada. Aunque en el caso de Ciudad Real se trataría de un centro para migrantes adultos, de quienes se ocupa el Estado y no las comunidades autónomas, por lo que la última palabra la tendría el Gobierno central. 

Vista de las instalaciones del aeropuerto de Ciudad Real. Efe

El debate en Castilla-La Mancha se produjo en paralelo a la inauguración de un centro de internamiento para refugiados que Italia acaba de abrir en Albania, fuera de la UE.

El modelo no ha conseguido de momento grandes resultados porque, de los 16 migrantes que llegaron a ser trasladados en barco, ninguno cumplía las condiciones para permanecer allí. Pero la idea sí ha despertado las simpatías de un significativo número de países de la Unión.

Varios de ellos se muestran dispuestos a explorar soluciones de este tipo, mientras el Gobierno español se niega en rotundo a seguir la vía de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Tras la cumbre del Consejo Europeo de la pasada semana, el presidente Pedro Sánchez dijo  que estos centros fuera de la UE "no atajan ninguno de los problemas y crean otros nuevos".

En esa misma cita, celebrada jueves y viernes en Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el Grupo Popular Europeo —al que pertenece el partido de Alberto Núñez Feijóo— acogieron con buenos ojos la política de Meloni. 

Incluso otros gobiernos socialdemócratas, como lo hace con matices Alemania, apuestan por endurecer la política migratoria y seguir restringiendo el número de llegadas irregulares a Europa. 

Sánchez, en cambio, alega que "España tiene una posición clara y coherente con nuestros valores". "Es una posición basada en la humanidad. Una migración regulada y responsable es la respuesta al reto demográfico que enfrentan Europa y España", expresó también desde Bruselas. 

Pero mientras tanto, la inmigración supone ya la primera preocupación para los españoles, según la última encuesta del CIS. Y, problema real o alarmismo, la política sigue sin dar solución siquiera a los efectos más inmediatos de este fenómeno. 

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Centros para adultos

Según datos de la Secretaría de Estado de Migraciones, solicitados por este diario, España ofrece protección en estos momentos a unos 55.300 migrantes, de los que 49.000 están alojados en diferentes tipos de centros. 

Estos se distinguen, fundamentalmente, entre los de emergencia y primera acogida —donde entran nada más llegar a territorio español— y los que integran el sistema de asilo, una vez que han sido derivados según sus necesidades. En última instancia, existe un tercer tipo de alojamientos para los refugiados que reciben protección internacional, y a quienes se ayuda hasta que logran ser plenamente autónomos. 

En cada una de estas categorías también existen diferentes tipologías de centros. Los destinados a los adultos son de régimen abierto —es decir, que los migrantes pueden entrar y salir libremente— y en la mayoría de los casos están gestionados por oenegés con amplia experiencia en la materia, como CEAR, Accem o Cruz Roja. 

La directora de Programas de CEAR, Raquel Santos, explica por teléfono que "el Gobierno aprobó la emergencia migratoria en octubre del año pasado ante el aumento de llegadas a las costas canarias" y fue entonces cuando se ordenó abrir otros centros de acogida extraordinaria, en diferentes lugares como hoteles, residencias religiosas o instalaciones militares. 

Imagen del campamento para inmigrantes levantado en el antiguo cuartel del Regimiento Canarias 50. EFE.

Uno de ellos es el acuartelamiento Primo de Rivera de Alcalá de Henares (Madrid), donde se alojan cerca de 1.000 personas y en el que se han producido numerosas peleas entre los migrantes de diferentes nacionalidades.

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, del PP, también ha expresado su rechazo por la supuesta presencia de menores en el centro, el aumento de su capacidad y por la extensión en el tiempo de su estancia.

En cuanto a las instalaciones, desde la Asociación de Tropas y Marinería (ATME) también denunciaron la pasada semana en EL ESPAÑOL que ni los cuarteles ni el personal militar están capacitados para acoger a los migrantes.

"Es frustrante que no haya fondos para mantener nuestros cuarteles en buen estado, pero que de repente se encuentren millones para adaptarlos como centros de acogida", resumía el presidente de ATME, Marco Antonio Gómez.

Desde CEAR sostienen que las condiciones de los migrantes en estos centros, por lo general, son "adecuadas y responden a unos estándares mínimos". Sin embargo, Raquel Santos cree que "se está generando controversia porque la política migratoria está siendo muy utilitarista", cuando debería ocuparse de "proteger los derechos de las personas".

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Centros para menores

Los menores no acompañados representan un número mucho menor en comparación con el resto de migrantes alojados en centros de primera acogida en España, pero se han convertido en protagonistas involuntarios de una batalla partidista todavía más férrea. 

De ellos se ocupan las comunidades y, aunque no hay cifras unificadas, EL ESPAÑOL recopiló recientemente los datos de las diferentes consejerías para concluir que en julio de este año había unos 13.400 menores migrantes repartidos por todo el país. 

La mayoría están en Canarias (5.500), Cataluña (2.369) y Madrid (1.200). En esta última comunidad, sin embargo, precisan que en lo que va de año han atendido a cerca de 2.000 menores. 

El reparto desde Canarias, donde llegan la mayoría de ellos por mar, a la Península se ha convertido en una de las grandes trifulcas políticas de los últimos meses. Primero Vox rompió los gobiernos autonómicos que compartía con el PP, cuando los populares aceptaron negociar el reparto de 347 menores en diferentes comunidades. Pero tres meses más tarde esa reubicación ni siquiera se ha producido. 

Junts rechazó el reparto de menores en Cataluña, mientras PSOE y PP chocan por la reforma de la Ley de Extranjería y mantienen las negociaciones en suspenso. El presidente canario, Fernando Clavijo, lleva pidiendo que se desatasque este embrollo desde antes del verano. En su última comparecencia en Moncloa tuvo reproches para los dos partidos mayoritarios.

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"A nivel político, no se está llegando a las soluciones urgentes e inmediatas que se necesitan, porque no se está consiguiendo despolitizar esta emergencia humanitaria", apunta Sara Collantes, especialista en migraciones de Unicef España.

Desde la organización consideran que es una cuestión "crítica que se retomen las negociaciones para adoptar un sistema de traslado eficaz, ágil y solidario lo antes posible". "Este sistema tiene que venir acompañado de suficiente financiación y apoyo por parte del Gobierno central para Canarias y para el resto de las comunidades autónomas", agregan.

Pero el reparto continúa sin producirse y la acogida de migrantes sigue alimentando disputas políticas. España no quiere ser como Italia, pero tampoco tiene muy claro cómo resolver en su territorio la gestión migratoria que el gobierno de Meloni y otros socios europeos pretenden trasladar más allá de sus fronteras.