La Junta de Andalucía ha endurecido la normativa en la "nueva normalidad" ante los brotes de Covid-19 que se han producido en la Comunidad. En concreto, hay 13 activos. Por ello, el uso de la mascarilla será obligatorio en espacios abiertos y cerrados, independientemente de que se pueda o no mantener la distancia social de 1,5 metros.
Lo será también en las playas y piscinas, salvo a la hora del baño y cuando se esté tumbado en la toalla en soledad o con convivientes. Si no son del núcleo familiar, sí habrá que usarla en caso de no poder guardarse distancia, así como en los paseos por la orilla.
No llevarla supondrá una multa de cien euros. La potestad sancionadora será de la Policía Local y del resto de fuerzas de seguridad del Estado.
También será obligatorio su uso en los medios de transporte y en los restaurantes, salvo en el momento de comer o si se acude con personas no convivientes. La medida ha sido aprobada en el Consejo de Gobierno y entrará en vigor a partir de las 00,00 de este miércoles.
En su comparecencia, el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha asegurado que "la mascarilla tiene que ser un atuendo más durante todo el día y en todo momento". Lo tendrán que hacer también los niños mayores de seis años. El objetivo del Gobierno andaluz es crear el hábito de usarla siempre.
El objetivo es prevenir ante los rebrotes que están surgiendo en distintos puntos de la geografía española. España ha hecho más de 3,8 millones de PCR desde que comenzó la epidemia por Covid-19.
En concreto, las comunidades autónomas han notificado un total de 3.849.701 pruebas, a las que se suman algo más de 2 millones de test rápidos.
Según informa el Ministerio de Sanidad en un comunicado, en total se han efectuado 6.026.446 pruebas diagnósticas de Covid-19, de las que 291.847 corresponden a la semana del 3 al 9 de julio, cuando las comunidades autónomas han aumentado su capacidad para este tipo de análisis un 6%.
Menos aforo en velatorios
Además, la Junta de Andalucía ha reducido el aforo en los velatorios, pasando de 65 personas al aire libre a 25; y de treinta a diez en espacios cerrados. Se ha comprobado que los funerales han sido una puerta de entrada a nuevos brotes, como ha ocurrido en Belicena (Granada). En concreto, los positivos han ascendido a 45 en el entierro de una joven muy conocida de la localidad.
"No nos va a temblar el pulso en estas decisiones, que se toman por criterios de salud pública, para proteger a la población", ha asegurado el consejero de Presidencia. No obstante, ha subrayado que los brotes están todos bajo control. Han sido detectados en las provincias de Granada, Málaga, Almería y Córdoba con un total de 202 casos confirmados.
El consejero ha explicado que el porcentaje de contagio entre dos personas sin mascarillas es del 70%. Baja al 15% si una de las dos lleva protección y al 1,5% si ambas las usan.
Esta obligación no será exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la misma. Tampoco para aquellas que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitársela.
En el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre tampoco se exigirá su uso, ni en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando el uso de la mascarilla resulte incompatible.
El nuevo perfil
Por su parte, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha hecho un llamamiento a los jóvenes. El perfil de los nuevos positivos ha cambiado: son personas más jóvenes, asintomáticas y principales transmisores del virus.
Ante esta obligatoriedad la Junta de Andalucía ha realizado un encargo de 7,5 millones de mascarillas. Las personas mayores, pensionistas y dependientes podrán recogerlas en farmacias de manera gratuita a partir del 29 de julio, a través de la receta electrónica.
Propuestas a los sanitarios
El Consejo de Gobierno también ha abordado las propuestas realizadas a los sindicatos el pasado viernes en la Mesa Sectorial de Sanidad. El consejero de Salud ha asegurado que "nunca en tan poco tiempo se ha hecho tanto por los trabajadores del sistema sanitario público en Andalucía".
Aguirre ha explicado que se trata de medidas tanto estructurales como coyunturales. En concreto, ha recordado que, entre otras, la Junta ha planteado reconocer el trabajo realizado por los profesionales sanitarios durante los meses de máximo azote de la pandemia de coronavirus con un pago único de 622,37 euros de media.
Otra medida ha sido aumentar hasta en cuatro los días adicionales de vacaciones al personal que ha trabajado luchando contra el coronavirus y la extensión del complemento específico de la exclusividad a partir de septiembre.
Al respecto, el consejero ha explicado que la Junta ha avanzado en la equiparación salarial con la media nacional. Lo ha hecho con la equiparación de la jornada complementaria -las antiguas guardias, una medida que afectará a casi 17.000 profesionales- y de la atención continuada -noches y festivos-.
"Todos queremos más", ha subrayado el consejero ante las movilizaciones que este martes han iniciado los sindicatos UGT-A, CCOO-A y CSIF-A en rechazo por lo que consideran incumplimientos del Servicio Andaluz de Salud respecto a sus demandas.
El anterior gobierno socialista "despidió a más de 7.000 profesionales sanitarios" y se olvidó "por completo" de la carrera profesional de los sanitarios aprobada en 2006, ha concluido el consejero de la Presidencia.
El Consejo de Gobierno ha aprobado también la declaración de emergencia para el gasto extraordinario de más de 28,8 millones de euros destinados a compra de equipos y dispositivos médicos.
Otras medidas
El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto ley de medidas urgentes
sanitarias, fiscales y presupuestarias, en la que se incluye la sanción de 100 euros por no llevar la mascarillas.
A su vez, recoge una nueva deducción en el IRPF para aquellos contribuyentes que hayan realizado una donación a favor de la administración autonómica sanitaria para la lucha contra el Covid-19. También una ayuda de 38 millones de euros a las pymes agroalimentarias y los productores agrarios más afectados por el estado de alarma.