Altos cargos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del Ministerio de Industria se tendrán que sentar en el banquillo de los acusados por las obras que se llevaron a cabo en 2015 en el Palacio de Doñana, sede de la Reserva Biológica. También lo harán un concejal y técnicos del Ayuntamiento de Almonte (Huelva) y el director de la obra.
No tuvieron en cuenta las distintas figuras de protección del enclave a la hora de mejorar su habitabilidad, asegura el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
La Fiscalía de Huelva pide dos años de prisión para cada uno de ellos por los delitos de daño al patrimonio histórico y prevaricación medioambiental. La construcción está ubicada en pleno corazón de la reserva natural de Doñana, sobre suelo no urbanizable de especial protección.
Entre los acusados figuran el secretario general del CSIC, el jefe de la oficina de supervisión de proyectos de la Subsecretaría del Ministerio de Industria, Energía y Turismo en 2014, el director de obra y el arquitecto proyectista. A estos cuatro se les imputa delitos de daños en el patrimonio histórico.
Por otro lado, el fiscal acusa a otras tres personas de prevaricación medioambiental para los que solicita dos años de cárcel más la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante diez años y una multa de 3.200 euros. Estos tres son el teniente de alcalde y delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Almonte en aquellas fechas, cuando gobernaba el PSOE; la arquitecta municipal y la asesora jurídica del Ayuntamiento.
La restauración
Además, el fiscal interesa, respecto a los primeros cuatro acusados como responsables civiles directos y a CSIC y a las empresas encargadas de las obras como responsables civiles subsidiarios, la reparación del daño causado en el inmueble.
El caso fue denunciado por la propia Fiscalía de Huelva a raíz de la realización de estas obras de remodelación acometidas en el Palacio de Doñana. Considera que los acusados obraron con "un absoluto desprecio por la condición y protección de la que gozaba el inmueble".
En esas fechas el órgano de contratación del CSIC publicitó un procedimiento abierto para promover estas obras y la instalación de Infraestructura Científico Técnica Singular (ICTS), cofinanciado con fondos Feder y con un presupuesto de 1,5 millones de euros. Finalmente las adjudicó a una empresa por algo más de un millón.
El edificio
El inmueble, propiedad del Estado y datado en el siglo XVI-XVII, había sufrido reformas en 1972 y 1988 y tenía protección específica en el PGOU. En concreto goza de la protección de grado uno estructural incluido en el Catálogo Municipal de Bienes y Espacios protegidos, sin estar inscrito en el del Patrimonio Histórico Andaluz como BIC. De ahí que su protección sea competencia y responsabilidad exclusiva del Ayuntamiento de Almonte.
Las obras proyectadas pretendían una transformación integral de parte del Palacio. El fin era mejorar su habitabilidad para investigadores y visitas institucionales y conseguir así "un edificio innovador y sostenible con el entorno".
Por ello, se proyectó desde el primer momento, y con la justificación de su mal estado de conservación, un vaciado integral de las plantas baja y primera con una remodelación total de espacios. También demoliciones generales, sustitución de carpinterías de madera originales y tradicionales por otras de PVC, supresión de muros y construcción de nuevos tabiques.
La sustitución de ventanas exteriores por puertas de nuevo acceso a las habitaciones de los investigadores en el ala sur y nuevos baños individuales y armarios también figuraban en el proyecto. Sin embargo, en base a la protección del edificio, las únicas obras posibles eran y son las de conservación y mantenimiento sin alterar sus acabados ni materiales.
El cambio de proyecto
En un principio, el Ayuntamiento, cuando aún gobernaba el PP, se opuso a las obras con un informe técnico desfavorable de un arquitecto municipal. Fue entonces cuando, según el fiscal, el arquitecto proyectista cambió el proyecto justificando las actuaciones sobre 'patologías' del Palacio realizado por otra compañía. Ponía de manifiesto la existencia de humedades y envejecimiento general del edificio.
Tras este cambio, recibió el informe técnico favorable de la arquitecta municipal -un técnico distinto al primero-. Lo justificó en el hecho de que no se alteraba el uso como residencia de investigadores y que la configuración ICTS prevalecía sobre el propio Palacio. No hizo ninguna referencia al emitido desfavorablemente con anterioridad.
En base a esto, la Junta de Gobierno Local concedió una licencia de obra mayor el 24 de julio de 2015 haciéndose constar que no se alteraba el uso del edificio.
El fiscal motiva esta denuncia al considerar que entre el primer y el segundo proyecto, en fecha indeterminada y sin licencia en vigor, se iniciaron las obras. El Ayuntamiento, tras recibir denuncia de un particular el 2 de mayo de ese año, aperturó un procedimiento de restauración de la legalidad urbanística.
No obstante, a las pocas semanas, mediante un decreto, el nuevo teniente de alcalde delegado de Urbanismo, ya gobernando el PSOE -ese año hubo elecciones-, lo archivó.
Consideró que las obras ya habían obtenido licencia y con eso quedaba restaurada la legalidad. Todo ello pese a que el informe técnico de unos días antes calificaba los hechos como "infracción muy grave de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)".
A fecha 18 de enero de 2017 se encontraban prácticamente concluidas y, tras las inspección de las mismas, la Fiscalía considera que se ha producido una ilegalidad en, al menos, una parte de estas obras.