El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha reactivado la pieza política de los cursos de formación. El caso se centra en investigar la gestión de los 2.896 millones de euros que la Junta de Andalucía destinó entre 2002 y 2012 a la formación de los parados andaluces. Se concedieron 18.023 subvenciones. En aquellas fechas gobernaban en Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ambos condenados por el caso ERE.
La causa judicial fue archivada en su día por la titular del juzgado, María Núñez Bolaños, la jueza instructora de este caso y que fue denunciada por Anticorrupción por supuesta dilación. Finalmente estas diligencias fueron archivadas por el Consejo General del Poder Judicial.
No obstante, hace un año esta causa judicial fue reabierta por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla tras estimar un recurso de la acusación popular ejercida por el PP andaluz.
La investigación se centra en la labor de 24 antiguos cargos de la Junta en el reparto de este dinero. El juez quiere saber si la Junta de Andalucía benefició a empresas fantasma, creadas con el único fin de captar fondos públicos.
Informe de la UCO
Para ello, el juez, a través de un auto judicial consultado por EL ESPAÑOL, ordena la práctica de numerosas diligencias y libre de oficio a la Unidad Central Operativa (Grupo de Delincuencia Económica) de la Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil para que realice un informe de inteligencia policial.
Su objetivo se centran en el análisis de expedientes de subvenciones para el desarrollo de acciones formativas relativas a Formación Profesional para el Empleo concedidas durante los años 2009-2012 por distintos gobiernos socialistas.
Se trata de una actuación que deberá llevarse a cabo en colaboración con los dos peritos designados: el interventor de la Junta de Andalucía y otro de la Intervención General del Estado. Ellos deberán emitir informe sobre las posibles irregularidades detectadas.
En concreto, el juez quiere saber si las entidades seleccionadas para dar cursos, sin que conste baremación, incluían algunas de constitución ad hoc o meramente instrumentales. También si las empresas inscritas en el en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo en Andalucía existían y tenían
efectiva actividad o se constituyeron ad hoc para proceder a su inmediata inscripción.
Los delitos
A su vez, persigue aclarar si existen empresas o entidades a las que se les ha concedido subvenciones estando pendientes de justificar anteriores. De ser así, supondría la perpetración por parte de estos antiguos cargos de los delitos de prevaricación administrativa, malversación y falsedad documental.
El fin de la investigación es conocer si estos hechos estarían vinculados con la presunta ilicitud del sistema y la gestión general de las subvenciones públicas destinadas a formación profesional y para el empleo, llevada a cabo por los responsables del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
También si se generó con conocimiento de causa una situación de falta de control de las subvenciones y fondos comprometidos destinada, directa o indirectamente, a favorecer a determinadas personas y entidades beneficiarias de aquellas con el consiguiente menoscabo del interés y de los correspondientes fondos públicos.
Finalmente, una vez obtenida toda la documental de la Consejería de Empleo y
el resto de informes y actuaciones, la Unidad Central Operativa de la Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil deberá elaborar el atestado con el Informe de Inteligencia Policial sobre el resultado final de la investigación.