Los centros educativos andaluces abrirán sus puertas en septiembre y el curso será presencial, aunque marcado por la Covid-19. Todos los maestros y profesores tendrán que estar en sus puestos de trabajo el día 1 de ese mes pero las dudas al respecto son múltiples. Muchos directores se han rebelado e, incluso, algunos equipos directivos han dimitido en bloque.
Para resolverlas la Junta de Andalucía ha elaborado un documento en el que responde a las dudas presentadas por los directores de los centros al Servicio de Inspección Educativa. En el escrito deja clara una cuestión que ha preocupado bastante al sector educativo: "La responsabilidad de un contagio en ningún caso se puede achacar a los centros o a sus equipos directivos".
"En primer lugar, habría que determinar, supuesto muy difícil, dónde se contagió la persona en cuestión, a lo que habría que añadir que el riesgo cero, como así señalan todas las autoridades y expertos en la materia, no existe", señala el escrito.
En el mismo texto la Junta marca las directrices a seguir: "Ante la sospecha de un contagio o la existencia de alguno, la responsabilidad de la dirección se limita a la comunicación del mismo a la autoridad sanitaria y a actuar conforme a las pautas que ésta determine".
A la pregunta de las direcciones de los centros sobre responsabilidad civil/penal ante una denuncia de una familia, docente o PAS, la administración es contundente: "Las direcciones de los centros, al contrario de lo que se ha venido manifestando interesadamente por algunos sectores de la comunidad educativa, no asumen responsabilidades añadidas".
El pasado 6 de julio la Consejería de Educación del Gobierno de Andalucía dio una serie de instrucciones para llevar a cabo medidas de protección y prevención. Ahora con este documento pretende garantizar por escrito a la comunidad educativa que los profesionales no estarán expuestos a la posible denuncia de unos padres, en caso de que su hijo se contagie de coronavirus en la escuela.
300 dudas
Serán los propios centros los que tendrán que formular su protocolo de actuación Covid-19 dependiendo de sus características. Las dudas han sido múltiples y han ascendido a 300. La Junta las ha agrupado en 91 preguntas y las ha plasmado en un decálogo, que ha sido presentado por el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, y por la viceconsejera, María del Carmen Castillo.
Ambos han mandado un mensaje de mensaje de tranquilidad. "De la misma manera que tuvimos la determinación de no volver a las aulas el tercer trimestre, también tenemos la determinación de que hay vuelta al cole en septiembre", ha remarcado Imbroda.
Desde Educación han recordado que para este próximo curso se van a incorporar 8.000 profesionales extra para reforzar las plantillas. De esos, 6.300 serán profesores y el resto, de limpieza y personal para Educación Especial.
El consejero Javier Imbroda, durante su visita al Colegio San Juan de Antequera en Málaga.
Aunque el riesgo cero es imposible, insisten, para proporcionar una vuelta a las aulas segura, se van a realizar test de Covid-19 a 143.000 profesionales de educación. También se proporcionarán tres millones de mascarillas y más de 300.000 litros de hidrogel al mes para los centros educativos.
En concreto, sobre el uso de mascarillas el documento especifica que "el alumnado deberá asistir al centro con su correspondiente mascarilla, si es preciso su uso. En el caso de no hacerlo, se le proporcionaría una para poder seguir con normalidad sus clases".
Enseñanza presencial
Por último, y entre otras cuestiones, los directores han planteado dudas sobre qué hacer en caso de alguna familia decida libremente no realizar enseñanza presencial en Primaria y Secundaria Obligatoria porque algún miembro de su unidad familiar sea vulnerable.
Ante esta situación, este decálogo indica que "se propondrían las medidas más adecuadas para limitar el número de contactos del alumno concreto, incluido, en su caso, el uso de mascarilla a lo largo de la jornada lectiva".
También recoge el documento que aquellas enseñanzas en régimen ordinario que pudieran impartirse en el centro con modalidad semipresencial o a distancia, podrían contemplar la posibilidad de un cambio de modalidad en los términos previstos en la normativa de aplicación.
Aunque este decálogo no tenga rango normativo, con él la Junta asume un compromiso político para garantizar la seguridad jurídica al colectivo de cara al próximo curso.
El documento está dividido en diez puntos, cada uno con preguntas y respuestas: Responsabilidad compartida, Participación, diálogo y compromiso, Coordinación, Información y formación, Recursos personales, Recursos materiales, Flexibilización, Organización, Servicios Complementarios y Documentación.
Compra de portátiles
En su comparecencia, Imbroda ha anunciado que se ya ha puesto en marcha la compra de la primera parte de los 150.000 portátiles que se pondrán a disposición de los centros. Éstos llegarán al profesorado y a los 30.000 alumnos identificados como afectados por la brecha digital.
Además, y a través de un acuerdo con el Ministerio de Educación y Formación Profesional, se pondrán a disposición de los centros otros 180.000 dispositivos electrónicos en los primeros meses de curso.