Los directores se rebelan por el inicio de curso: "Hay que poder mandar por ley a los niños a casa"

“Volver, claro que volveremos, no nos queda otra; la gran pregunta es cuándo vamos a volver al teletrabajo. En mi colegio ya hay apuestas, los más optimistas dicen que en noviembre ya estaremos trabajando desde casa”. A Alfonso, director de un centro educativo de Sevilla, se le tuerce el gesto cada vez que piensa en la que se le viene encima el próximo 1 de septiembre, fecha para la que están convocados los docentes. Cuando habla de la vuelta al cole no para de rascarse su antebrazo izquierdo, castigado por unas erupciones cutáneas enrojecidas. “Esto es por el estrés —se queja—; llevo muchas horas sin dormir: nos han dejado con una gran indefensión jurídica, abandonados, no me extraña que muchos compañeros ya hayan dimitido”.

Cuenta Alfonso que el pasado fue su primer curso como director. “¡Vaya debut, eh!”, ironiza. El anterior director dimitió “porque se quemó”. Y le tocó a él, que ya había sido jefe de estudios. Ahora, gran parte de su entorno le plantea que siga el ejemplo de otros directores sevillanos y, habida cuenta de la tensión que pende sobre él, deje el cargo. “No los critico, su decisión ha sido valiente, pero no solucionará el problema —valora—; yo seguiré”.

Con la vuelta al colegio para la primera quincena de septiembre, los centros educativos son un hervidero de preguntas sin respuestas. Y los anticipados rebrotes por toda España preocupan más a quienes tienen que organizar sus centros para que el regreso a las aulas no se convierta en uno foco de contagio masivo. La Administración —en el caso de Andalucía, la Consejería, y el Ministerio de Educación— ya ha anunciado que las clases presenciales serán una realidad en este primer arranque de curso de Covid-19. Y muchos directores se preguntan cómo.

En Andalucía, la comunidad educativa respalda a los docentes y a los equipos directivos bajo el lema Sin seguridad no volvemos, que se está expandiendo por los grupos de padres y madres de los centros educativos. Reclaman que se multipliquen las inversiones en adecuar los espacios a la nueva distancia interpersonal y aumenten las contrataciones para el nuevo curso.

—Pero, Alfonso, ¿habrá curso?

—La Consejería [de Andalucía] dice que sí, pero creo que está pecando de optimista, o de kamikaze. Ellos están en el supuesto de que todo mejorará en septiembre, pero estamos viendo que los rebrotes se han adelantado a lo previsto. De momento, no están poniendo los medios para volver con seguridad.

A Alfonso —nombre ficticio por miedo a las represalias de la Administración— le preocupan dos cosas: la falta de inversión que permita a los centros mantener entre sus alumnos la distancia social y la indefensión jurídica a la que se exponen en este mar de leyes, instrucciones y demás normas “poco realistas”.

Un estatus que blinde a los directores

“¿Qué hago si un alumno llega a la puerta del centro con fiebre?”, se pregunta el director. “¿Qué seguridad jurídica tengo para prohibirle la entrada al centro? Porque un padre me puede recriminar que quién soy yo para limitar el derecho a la educación de su hijo. Yo defiendo que esto se solucionaría promoviendo un decreto ley que diese cierto estatus a los directores para poder actuar y organizarnos según la idiosincrasia de cada centro”, valora Alfonso.

“Es imposible cumplir con la instrucción —relativa a la organización de los centros docentes para el curso 20/21, del 6 de julio de la Junta de Andalucía— porque se contradice a sí misma. Nos piden que creemos grupos de convivencia independientes que son irreales, e incluso impone que cada niño se lave las manos al menos 10 veces al día durante 50 segundos. ¿Cuántos grifos hacen falta en un centro para cumplirlo? O que se garanticen unas medidas de limpieza mínima, cuando esas competencias son de los ayuntamientos, no nuestras”, enumera Alfonso. “Si sucede algo, nos mirarán con lupa y la responsabilidad será del director, incluso si las medidas que incumplimos sean imposibles de cumplir”, razona. “Nos estamos jugando el tipo, y muchos tememos acabar con denuncias o expedientes sancionadores”, asegura el docente.

Y zanja: “Si sobrevivo a este curso, ya no creo que me venga algo peor”.

Alfonso no es un caso único. Tampoco el más extremo. La retahíla de dimisiones de directores de centros educativos que empezó en Tomares, un pueblo del Aljarafe sevillano, se ha expandido por otros municipios de la provincia: Coria, San Juan de Aznalfarache, Mairena, Camas, Bormujos o en la propia capital.

En un comunicado, los directores de más de 300 centros educativos de la provincia de Sevilla se quejan de que, “en un intento de deslizar su responsabilidad”, la Junta de Andalucía esté cargándole esta a los docentes andaluces. “Como es lógico, esta responsabilidad no ha de ser asumida por las direcciones” de los colegios. “Los directores —sigue la nota— no vamos a poder asumir papeles para ámbitos en los que no somos competentes, especialmente en lo referido a la salud y a la prevención de riesgos laborales”. Y critican que con las actuales dotaciones materiales y humanas será imposible una vuelta al colegio con garantías.

Y avisan: “Esta situación refleja una vez más la distancia abismal entre quienes dirigen la educación andaluza y sus trabajadores”.

El apoyo a los directores es total en los claustros. Los docentes están cerrando filas con sus compañeros, a los que ven señalados por la Administración. En muchos casos, vienen de un extraño curso en el que muchos han tenido que ingeniárselas para continuar con las clases por Internet. Un escenario que no convence a los maestros, que reclaman que la su trabajo sea presencial para garantizar que la educación llegue por igual a todos los hogares, también a las familias sin recursos.

“Estamos abandonados”

Alejandro tiene 33 años y lleva 12 años como maestro de Educación Física en un colegio de Pino Montano, un barrio obrero de Sevilla. En la última fase del confinamiento, llegó a llevar material comprado de su propio bolsillo a aquellas familias sin apenas recursos. No lo dudó. También se hizo YouTuber para poder dar sus clases. O costearse él mismo su conexión a Internet o las llamadas a sus alumnos.

“Este año nos hemos enfrentado a retos que ningún maestro imaginaba, pero no queremos volver a eso”, asegura. “Hay miedo a la incertidumbre, pero también hay miedo a volver al escenario del curso pasado, porque todos los compañeros queremos volver. Eso sí, con seguridad, y la Consejería no está poniendo las medidas oportunas”, confiesa el maestro.

—¿Y qué medidas serían?

—Eso debe decidirlo la Administración, pero desde muchos colectivos de docentes, desde los sindicatos o desde plataformas de padres y madres, se apunta a medidas muy concisas: bajar la ratio. En un aula no puede haber 25 alumnos si se quiere mantener la distancia de un metro y medio. Es imposible.

Se queja Alejandro de la sensación de abandono que empapa al colectivo. “Jamás había visto un consenso tan amplio en la comunidad educativa: docentes, familias… Todos nos sentimos dejados —zanja—, y los directores mucho más”.

La Asociación Andaluza de Directores y Directoras de Centros de Infantil, Primaria y Residencias Escolares también ha emitido un duro comunicado que pide que se revisen y se amplíen las instrucciones decretadas por la Junta de Andalucía. Esta organización reclama, entre otras cuestiones, que se refuercen las plantillas y se garanticen los medios para asegurar la distancia de seguridad y las medidas higiénico-sanitarias en cada colegio “con el fin de no convertir a los centros educativos en epicentros de los brotes, con el consiguiente riesgo para la salud y la vida de cientos de personas”.

La respuesta de Imbroda: habrá colegio

Por su parte, el consejero de Educación, Javier Imbroda, ha zanjado el debate sobre la vuelta a las aulas: “Que los padres estén tranquilos, los niños irán a los colegios en septiembre”. Según sus planes, todos los colegios contarán con los llamados grupos burbuja y en los centros se organizarán recreos en los que estás burbujas no se mezclen con otras. Además, la Consejería despliega en su instrucción la obligación de que los directores convoquen un comité Covid y que aprueben antes del inicio del curso un protocolo especial en el que se establezcan, entre otras cuestiones, los itinerarios de entrada y salida.

Estos comités deben estar integrados por el director y un representante de los docentes, de las familias, de los ayuntamientos y por algún sanitario. “¿Quién de nosotros ha hecho el máster en prevención de riesgos laborales?”, se pregunta con ironía David del Barrio, director del colegio La Paz de San José de la Rinconada, Sevilla. “Hemos estudiado Magisterio, no estamos cualificados para tomar muchas decisiones de las que nos piden”, se queja el docente, que suma diez años como director y 21 como maestro de Educación Física.

De sus recurrentes visitas a la Consejería solo ha conseguido, de momento, dos botes de gel hidroalcohólico de medio litro, 24 mascarillas quirúrgicas y un póster con las medidas de precaución. Del sobrante del presupuesto del colegio del curso anterior ha pagado otras tantas mascarillas “con 110 lavados” para sus compañeros, pantallas “porque los niños necesitan verles las caras a sus profesores” y garrafas de cinco litros de hidrogel. Del ayuntamiento —“muy colaborador, por suerte”, presume— ha conseguido unos veinte dispensadores, uno por cada aula.

A sus oídos, siempre atentos en este mes previo al arranque del nuevo curso, ha llegado la noticia de las dimisiones de otros compañeros de la provincia. Él no lo hará. “Si me voy, ¿se solucionaría el problema?”, razona. “Yo entiendo que, como capitán, debo seguir en el barco para que no se hunda. Solo espero que vengan antes a rescatarnos”, reclama.

“Necesitamos un Fernando Simón”

Para achicar el agua que le entra a borbotones, David reclama concreción a la Administración. “Nos enteramos por la prensa de las cosas”, se queja. Y la poca información que va llegando circula rápido por los grupos de WhatsApp de directores.

—¿Y qué se dice?

—No sabemos qué hacer. Estamos todos igual, esperando. Nos gustaría que nos dijesen el número de docentes que tendremos el próximo curso, los recursos que nos dará la Administración y un protocolo en el que se definan todos los parámetros sanitarios.

Cuenta David que en el pasado ha recibido denuncias por cosas menores. Ninguna prosperó. Pero ahora teme que la situación los exponga a otras. “En cuanto que un niño entre en una UCI se acabaron las amistades”, advierte.

—¿Qué le pide a la Administración?

—Que no delegue en nosotros una responsabilidad para la que no estamos preparados. Que elabore el protocolo. Necesitamos un Fernando Simón que nos diga qué debemos hacer en cada colegio. No queremos que lo decida un maestro de escuela.

En su caso, el joven director de 44 años, cuenta con el respaldo de las familias y del ayuntamiento de San José de la Rinconada, que está ejecutando un zafarrancho de limpieza en los colegios para “trata de conseguir un entorno seguro”. Medidas que continuarán durante el curso con la contracción de, al menos, una persona de limpieza por cada uno de los siete colegios. Además, costeará la instalación de dispensadores y reforzará los accesos y las salidas de los centros.

“Ellos son conscientes de que esto se nos va de las manos a los directores”, se queja el docente, que confiesa que hay miedo en el claustro. “Muchos sanitarios han muerto en los hospitales y yo no quiero perder a ningún compañero por el camino”, asegura el responsable del centro. “Aquí hay muchos maestros que son personas de riesgo y todavía no sabemos si la Junta los hará incorporarse o hará contrataciones para las sustituciones. Mientras, seguimos esperando; nos gustaría que nos dijesen el número de docentes que tendremos en el próximo curso”, defiende.

—¿Habrá inicio de curso?

—Sí, lo habrá. Tiene que haberlo, pero la esperanza es poca. No sé el tiempo que duraremos, pero acabaremos volviendo al teletrabajo. Un solo contagio en un colegio será suficiente para que los padres dejen de llevar a sus hijos al centro.

“Sin seguridad no volvemos”

La ministra de Educación, Isabel Celaá, en una entrevista a la Cadena Ser, ha disipado cualquier atisbo de duda: “Las escuelas tienen que estar abiertas. Es algo irrenunciable”. Y confía en la “responsabilidad” de las comunidades autónomas, competentes en esta materia, para repartir “una inversión histórica” en educación con “equidad” para beneficiar a aquellos que más lo necesitan. Según los cálculos del Ministerio, la dotación presupuestaria alcanzaría el cinco por ciento del PIB en 2025.

Para este curso, ya ha advertido que, en caso de que las condiciones dificulten las clases, deberá primarse la educación presencial en Infantil y Primaria, “aunque el objetivo es la de todos los estudiantes”.

En Sevilla, le responden: “Sin seguridad no volveremos”. Ese es el lema que está circulando por los grupos de WhatsApp y que nace de la plataforma Escuelas de Calor, que aglutina a más de 200 asociaciones de madres y padres de la provincia y que surgió hace tres años para protestar por la falta de bioclimatización en las aulas sevillanas. Para el próximo curso ya han anunciado que no llevarán a sus hijos a los colegios como medida de protesta.

“No se está planificando a la altura del reto”, valora la portavoz de la plataforma, Teresa Pablo. A su juicio, en las escuelas concurren varios escenarios que hacen peligrar la salud de los menores: “En los espacios cerrados el riesgo de contagio es mayor y los colegios lo son; y la distancia social es la única medida de prevención y en los colegios, con la actual ratio, no se garantiza”.

De momento, la decisión de esta plataforma es no llevar a sus hijos a los colegios durante los dos primeros días en el caso de la educación Infantil y Primaria y la primera semana para Secundaria y Bachillerato. Aunque las protestas podrían prolongarse en caso de que no se acometan sus peticiones. “Ya nos han amenazado con denunciarnos por absentismo escolar —cuenta la portavoz—; y muchas familias tienen miedo de que les echen encima a los servicios sociales, pero también hay miedo al virus”.

—¿Y cumplirán con el Sin seguridad no volvemos?

—Sí, sí, sí. Tenemos la obligación de cuidar la seguridad de nuestros hijos e hijas. Y también de nuestra familia si en ella hay personas de riesgo. Pedimos que haya una garantía sanitaria. El reto pide imaginación y esfuerzo. Hay que dar un golpe en la mesa. Defendemos que sin seguridad no volvemos, pero queremos volver.