A los vecinos de la localidad sevillana de Aználcollar cada día les pesa más la causa judicial abierta por la mina del municipio. Todo comenzó cuando la Junta de Andalucía adjudicó en 2014 bajo el gobierno de la socialista Susana Díaz, a través de un concurso internacional, los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes a la agrupación empresarial México Minorbis. Ésta última es filial de la empresa cordobesa Magtel.
Unos meses después de la adjudicación, la empresa minera Emérita Resources España, que también optó a esos derechos, denunció por vía penal al entender que hubo un trato de favor hacia la adjudicataria. Desde entonces, el proyecto está parado, la causa lleva cinco años en instrucción y los 5.000 empleos, entre directos e indirectos que se crearían con su arranque, siguen en el aire. También la inversión de más de 350 millones de euros.
En conversación con EL ESPAÑOL, el alcalde de la localidad, Juan José Férnández (IU), se muestra confiado en el archivo de la causa. Supondría un balón de oxígeno para la tasa de paro del municipio más agudizada por la Covid-19. Tiene censados unos 6.000 habitantes y el desempleo alcanza al 28,2%.
La juez instructora archivó el caso hasta en dos ocasiones, pero la Audiencia volvió a reabrirlo en octubre del año pasado. Del auto fue ponente la jueza de la Sección Séptima de a Audiencia de Sevilla Mercedes Alaya, instructora durante años de la causa de los ERE fraudulentos de Andalucía.
Hace unas semanas la magistrada que ha llevado a cabo la instrucción rechazó la práctica de nuevas pruebas solicitadas por los denunciantes. Su objetivo, no incurrir en una investigación prospectiva.
Además dio por finalizada la instrucción y la Fiscalía pidió por tercera vez el archivo de la causa, pero la propia empresa, Ecologistas en Acción y Andalucía Mining recurrieron otra vez esta denegación.
5.000 empleos
Ahora es la Audiencia de nuevo quien tiene la pelota en su tejado y en sus manos estos 5.000 empleos y el honor de varios funcionarios. Si rechaza estas pretensiones, el siguiente paso lo dará el juzgado. O archiva o continúa con la transformación de la causa en procedimiento abreviado y se abriría la fase de preparación del juicio oral.
Tras la reapertura de al causa, la jueza de instrucción ordenó ampliar la investigación y citó como investigados a la totalidad de los miembros de la Comisión Técnica y de la Mesa de Contratación. Lo hizo por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y fraude y exacciones ilegales.
Entre ellos figura Vicente Fernández, que fue secretario de la Consejería de Economía e Innovación y hasta el día de la reapertura del caso presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Aquello le costó el puesto.
También declaró María José Asensio Coto, exdirectora general de Industria Energía y Minas de la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía. Ambos aseguraron que "nunca" hubo ningún trato de favor y defendieron la limpieza el concurso. También declararon varios funcionarios y la presidenta de Navantia, Susana Sarriá, subdirectora general entonces de Minas de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Ella estaba citada como testigo.
Las declaraciones
En su declaración ante la juez, Vicente Fernández aseguró que Emérita quería conseguir "una clara ventaja en el concurso", destacando su escasa solvencia. De igual modo, rechazó que existiera tráfico de influencias o trato de favor, y, de forma taxativa, negó que tras ese concurso fuera "ascendido en su escalafón profesional".
El pasado mes de marzo, Fernández presentó un escrito en el juzgado en el que pedía el archivo de las actuaciones. Su defensa la ejerce el abogado Alfonso Martínez Escribano y su petición la basó en que su cliente no tuvo ninguna participación en el proceso ni tampoco ninguna relación con los miembros de la Mesa, ni les dio ninguna recomendación.
Por su parte, la exdirectora general de Industria Energía y Minas de la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía aseguró que a todas las empresas se les dio el mismo trato y que no recibió ninguna directriz sobre el concurso.
También declararon en esta misma línea los hermanos I.L.M., y M.L.M., ambos representantes de la compañía cordobesa Magtel, a los que atribuían relaciones amistosas con Fernández. Cuestión que negaron ambos. Los demás funcionarios reivindicaron su "honestidad y profesionalidad" ante la jueza, así como la "limpieza del concurso".
La Fiscalía, por el archivo
Hace unas semanas, la Fiscalía pidió por tercera vez que se archivara el caso al no haber encontrado "indicios racionales suficientes" para mantenerlo abierto. Todo ello tras las numerosas diligencias practicadas.
La Fiscalía considera que las pruebas solicitadas por la empresa denunciante tienen un ánimo dilatorio. Basa su petición de archivo en el convencimiento de que no se ha cometido ningún delito de cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos ni tráfico de influencias.
Subraya además que no hubo ascensos ni beneficios para los funcionarios que intervinieron en la adjudicación. Y en el caso de Vicente Fernández -que se vio obligado a dejar por este caso la presidencia de la SEPI- es contundente: "El entonces secretario general de la Consejería no era superior jerárquico de ninguno de los empleados públicos miembros de la Mesa de Contratación y de la Comisión Técnica, ni tenía una relación personal con ninguno de ellos".
El Ministerio Público cree, por contra, que las cifras de la minera denunciante, Emérita, para hacerse con el concurso "estaban infladas".
Fue unos días después de este informe de la Fiscalía cuando la jueza instructora rechazó la práctica de nuevas pruebas solicitadas por los denunciantes. Su objetivo, no incurrir en una investigación prospectiva.
Según han informado a EL ESPAÑOL fuentes judiciales, el caso está abocado de nuevo al archivo. En el último auto judicial, la instructora rechazó el recurso de reforma interpuesto por la compañía minera. En él aseguraba que sus argumentos constituían "un relato de retazos desarticulados e injertados en hechos inciertos, sin imputación a conductas concretas de las personas que aquí aparecen como investigadas".
Daño al pueblo
El alcalde de Aznalcóllar celebra el fin de la instrucción y confía en el archivo de la causa. "Se salvarían 2.000 empleos directos y otros 3.000 indirectos". "Se está jugando con las barrigas vacías de los parados", asegura.
"La mina supone ese comer porque debajo del agua de la corta está el futuro de la comarca y de parte de la provincia", dice este minero en excedencia, que regenta la Alcaldía desde hace cinco años.
La mina supondría 30 años de trabajo para extraer 52 millones de toneladas de metales, 5.000 empleos en su arranque y muchos millones de euros de inversión. Juan José tiene claro que cuando el proyecto arranque volverá a su puesto de trabajo.
El primer edil también resalta que cinco años después del concurso, el adjudicatario ha gastado ya unos 40 millones de euros en el manejo del pasivo ambiental, en proyectos técnicos muy diversos y en un intenso programa de investigación geológica. "Esto hay que tenerlo en cuenta", señala.
La sombra del desastre
Juan José Fernández conoce bien el sector, fue trabajador de Boliden, la empresa que en 1998 causó uno de los mayores desastres ambientales de las últimas décadas. La madrugada de aquel 25 de abril parte del muro de la balsa de residuos de la explotación minera se vino abajo y la riada de lodos tóxicos y aguas ácidas se quedó a las puertas de Doñana.
El alcalde, que fue líder local de CCOO y portavoz de los mineros en la empresa, entiende que la sombra de aquel desastre es larga. No obstante está convencido de que la mina de Aznalcóllar va a ser una mina del siglo XXI: "Es una responsabilidad de todos".
"Tenemos claro que con las medidas y las normas que hoy tiene la Junta de Andalucía respecto a la minería, en muy pocas explotaciones se hacen las cosas tan bien como se hacen aquí", subraya Fernández.
Vecinos de Aznalcóllar en una manifestación para pedir la reapertura de la mina.
De ahí que en varias ocasiones el pueblo se haya manifestado en la calle para reclamar los permisos pendientes para la reapertura y la agilización del proceso judicial. Lo hizo bajo los lemas: 'Mina sí, paro no' y 'No consientas que el corazón de Aznalcóllar deje de latir'.
Querían su cierre
Hace unos meses fue la propia jueza Mercedes Alaya, desde la Audiencia, la que rechazó -el juzgado lo había hecho otras dos veces- el cierre de la mina. En concreto, desestimó la petición de Ecologistas en Acción, a la que se adhirió la empresa denunciante, de suspender el procedimiento administrativo de autorización ambiental unificada emitido por la Junta de Andalucía.
En la actualidad, la sociedad Minera Los Frailes, constituida tras resultar el Grupo México y Minorbis S.L. adjudicatario del concurso, se está haciendo cargo de la gestión de los pasivos ambientales que dejó Boliden cuando abandonó Aznalcóllar. El coste asciende a seis millones de euros anuales.
Esta suspensión hubiera ocasionado una importante factura, no sólo a la localidad minera sino a todos los contribuyentes andaluces. Hasta la llegada de la empresa ganadora del concurso, de este montante se hacía cargo la Junta de Andalucía. Por su parte, el Gobierno andaluz ya se había gastado 72 millones de euros en la explotación.