Sánchez cambia en el BOE su pacto con los alcaldes y sube a 17 años el plazo para restituir sus ahorros

Después de provocar el primer cisma en la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) imponiendo la disciplina de partido para que el voto de calidad del presidente, Abel Caballero (PSOE), sacara adelante un acuerdo que no era tal, el Gobierno de Pedro Sánchez ha cambiado lo pactado.

A la hora de llevar el texto al Boletín Oficial del Estado (BOE), el Ministerio de Hacienda ha cambiado las condiciones de lo firmado y ha ampliado de 10 a 15 años -a partir de 2022- el plazo que se da para quedarse con los ahorros de los alcaldes. Es decir, los alcaldes entregan al Estado sus ahorros antes del 15 de septiembre y no lo recuperan del todo hasta 2037.

Este martes, 15 minutos antes del Consejo de Ministros, el presidente signaba solemnemente con Caballero un documento que teóricamente servía para que las corporaciones locales puedan utilizar los alrededor de 15.000 millones de euros que tienen acumulados en remanentes de tesorería de los últimos siete ejercicios.

Es una demanda eterna de muchos de ellos, que culpan a la ley de estabilidad presupuestaria (2012, Gobierno del PP). Pero "más en estos momentos, en los que hemos perdido ingresos y tenemos que hacer frente a muchos gastos sociales, por la pandemia".

Las palabras son de Pedro del Cura, primer edil de Rivas (IU) y líder de la resistencia de todos los que no representan a municipios socialistas. A pesar de ser socios de Gobierno, las posiciones de unos y otros han sido antagónicas, hasta que Sánchez impuso una votación tres veces aplazada en el seno de la FEMP, que siempre ha decidido por consenso. "Ésa era nuestra fuerza, que el municipalismo siempre ha decidido pensando en los ciudadanos, no en las siglas de partido, y se lo han cargado".

Hacienda se defiende

El pasado lunes, se celebró la junta Directiva de la FEMP, convocada por Caballero a pesar de las reticencias de los ediles del PP, Cs, JxCat y el de Unidas Podemos. Finalmente, la votación quedó en empate y sólo decidió el voto de calidad del presidente: 12 a favor del documento enviado por Hacienda (los del PSOE), y 12 en contra (10 del PP, uno de Cs y otro de JxCat), con la abstención resignada de Del Cura (UP). "Aún queda la segunda vuelta, en el Congreso", explicaba Del Cura con esperanzas a este periódico.

Pero en la mañana de este miércoles, la sorpresa era que lo que publicaba el BOE no era lo firmado. Fuentes de Hacienda alegan que el acuerdo que se firmó "dejaba muy abierto el plazo, lo que hemos hecho es sólo aclarar que será un máximo de 15 años, y con mejores condiciones, como se firmó".

Según el documento que Hacienda hizo llegar a los 25 miembros de la Junta de la FEMP -al que tuvo acceso este periódico [léalo completo aquí]-, los consistorios debían "ceder voluntariamente" todos sus  ahorros a la Administración Central del Estado, que les devolvería este año 2.000 millones, otros 3.000 en 2021 y se reservaba "el plazo de diez años, a partir de 2022", para el reintegro del resto, hasta los 15.000 millones.

Eso sí, "podrán voluntariamente acogerse a un plazo mayor si la Dirección General del Tesoro y Política Financiera ofreciese condiciones más ventajosas". 

Sin embargo, y tras convocarlos en Moncloa, hacerse las fotos y firmar el documento oficial, en la tarde del martes se envió un texto distinto al BOE [léalo aquí completo]: "El importe del principal del préstamo será amortizado por la Administración General del Estado en un plazo máximo de quince años, a partir de 2022".

"Deben rectificar ya"

Del Cura, en conversación con este periódico, ha criticado al Gobierno, sorprendido por la jugada. "Desde luego las formas del Ministerio de Hacienda han dejado mucho que desear en esta negociación", asegura, "pero modificar un acuerdo a posteriori en un asunto de tanta sensibilidad política, es una torpeza que espero rectifiquen de inmediato".

En principio, los alcaldes se negaban a ceder sus ahorros al Gobierno. "Si de verdad creen que estamos dispuestos a eso es que no conocen España", apuntaba Del Cura hace un par de semanas, cuando aún confiaba en cambiar la fórmula. "¿Alcaldes independentistas, por ejemplo, van a darle su dinero a Madrid? No seguramente, pero necesitan poder gastar sus ahorros en ayudar a sus ciudadanos".

Pero una vez entendido por parte de los alcaldes que la fórmula ideada por Hacienda no iba a ser negociable, la pelea se centró precisamente en los años del plazo de devolución que imponía Moncloa. "Este fue uno de los asuntos de ruptura por el que nadie apoyó el documento, salvo el PSOE", apunta el alcalde de Rivas. "Nosotros pedimos un plazo menor para los Ayuntamientos que no quisieran alargarlo a 10 años".

Pero no se logró... y ahora, además, el Ejecutivo ha cambiado su propia última oferta, ésa que se impuso sin ganar la votación en el seno de la FEMP. No sólo fue la primera vez en 40 años que el foro de alcaldes rompe su tradicional consenso, sino que provocó incluso que el PP acusara a Sánchez de "confiscar el dinero de los municipios para financiar su mala gestión".

Todos a una

La realidad es que la FEMP llevaba meses negociando con el departamento de Montero, con una unidad de acción clara y evidente entre el alcalde madrileño de IU y los 10 representantes del PP, además del de Cs y el de JxCat. "Hay ayuntamientos de todo signo político que necesitan poder acceder a esos fondos, para apoyar a las pequeñas empresas y comerciantes, a los autónomos, a las residencias de mayores... y sólo pedimos lo que es nuestro".

Además, Del Cura recuerda que el acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos apunta en esa dirección: la derogación de la ley de racionalización del régimen local (2013, PP) y que el mismo Ministerio se comprometió a ello en la madrugada del pasado viernes.

"Estuvimos trabajando todo el fin de semana, a la espera de la concreción en un papel de lo que hablamos de noche", pero al final se impuso la voluntad de Moncloa, en la que tuvo que ver mucho la posición de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, poco proclive a abrir la mano al déficit y el endeudamiento en la única Administración del Estado que por ley debe tener sus cuentas saneadas.

Un Gobierno enfrentado

Ésta es ya la cuarta crisis entre los socios de Gobierno en sólo cuatro días. La primera pelea fue el domingo, provocada por la reunión de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, con Ciudadanos. La cita se celebró el lunes, después de unas declaraciones incendiarias de Irene Montero.

El segundo enfrentamiento vino por la embestida de Iglesias, Echenique, Asens y la propia Montero contra "el aval de Sánchez a la huida del Emérito". Y la tercera estalló el mismo martes, cuando el presidente anunció que retrasa la reforma fiscal, es decir, la subida de impuestos, hasta que "España recupere los niveles de PIB y empleo previos a la pandemia". 

El problema, según las fuentes consultadas en Unidas Podemos, "es que el PSOE se cree que gobierna solo, y que tiene mayoría absoluta... y ni una cosa ni la otra". Según el entorno del vicepresidente Iglesias, tras el fin del estado de alarma, la actitud de los ministros del PSOE está arrinconándolos, o pretendiéndolo. Por eso, este martes el Consejo de Ministros se prolongó mucho más de lo esperado. Había mucho que discutir.