La Junta acomete una primera reestructuración de competencias para una mayor "eficiencia"

El Gobierno andaluz ha acordado este viernes una reestructuración de competencias entre diversas consejerías con el objetivo de lograr una mayor "calidad y eficiencia" en su gestión. Ha avanzado que estos no serán los únicos cambios que se producirán, sino que vendrán otros, sobre todo, para afrontar la crisis económica provocada por la crisis sanitaria del coronavirus.

Así lo ha anunciado el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, donde ha expuesto que estos "ajustes estructurales dentro del Gobierno andaluz" se acometen bajo varias premisas, como la necesidad de ser más "flexibles para adaptarnos a las circunstancias en cada momento"; conseguir una tramitación y gestión de los recursos y de los asuntos de la forma "más ágil y rapidez posible", y ser más efectivos a la hora de dar respuesta a las demandas de los ciudadanos.

Ha señalado que estos "primeros ajustes" no van a ser los únicos, toda vez que en este momento hay en marcha auditorías de entes públicos que pueden determinar aspectos que deben seguir mejorándose. Ha indicado que en este momento hay que centrar todos los esfuerzos en la crisis económica, porque "lo más duro está por llegar", de manera que muchos de los cambios decididos tienen como objetivo la "creación de empleo y de riqueza en tiempos muy complicados".

En cuanto a la reestructuración de competencias decidida, las competencias en política de Juventud pasan de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales a la de Empleo, con el objetivo de fortalecer las políticas de formación y empleo para el acceso al mercado laboral de los jóvenes, que es un colectivo especialmente vulnerable, mientras que las competencias de tramitación de fondos europeos quedan en su totalidad en manos de la Consejería de Hacienda, que antes compartía una parte con Economía, de manera que se evitan "duplicidades" y se busca una mayor agilidad en la tramitación y el máximo aprovechamiento de los fondos.

Las competencias en políticas Migratorias pasarán de la Vicepresidencia de la Junta y Consejería de Turismo, Justicia, Regeneración y Administración Local a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior; mientras que todo lo relacionado con los aspectos judiciales en materia de violencia de género pasará de Igualdad y Políticas Sociales al departamento de Juan Marín. Asimismo, las políticas de desarrollo sostenible y cambio climático pasan a la Presidencia de la Junta.

Hacienda también dejará de tener la competencias en materia de industria y minas, que pasan a la Consejería de Economía.