La hoy vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, fue el fichaje estrella que hizo la empresa energética malagueña Isofoton en septiembre de 2012. Trabajó en la compañía durante ocho meses tras ser secretaria de Estado de Cambio Climático en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, periodo en el que el sector de las renovables llegó a incentivarse con casi 30.000 millones de euros.
Se trata de la empresa, ya extinta, a la que no le valieron los 38 millones de euros, entre subvenciones y créditos supuestamente irregulares que le concedió desde 2010 a esa fecha por parte de la Junta de Andalucía, para salvarse de la quiebra, evitar su cierre y el despido de 700 trabajadores en 2014 tras la entrada del grupo Affirma. La compañía fue fundada en Málaga en 1981, adquirida en 1997 por el grupo Berge Solar y llegó a estar presente en 60 países.
Este periódico se ha puesto en contacto con el entorno más cercano de la vicepresidenta. Según estas fuentes, Ribera fichó por la energética un mes después de la última de las ayudas investigadas, "desconociendo absolutamente" la situación de la empresa.
Es más, la exsecretaria de Estado había regresado a su puesto como funcionaria al dejar el Ejecutivo tras las elecciones y consideró la oferta "porque la compañía acababa de anunciar su expansión a EEUU". El puesto que se le ofrecía era muy atractivo, pasaba a ser la directora general de Desarrollo Estratégico y Nuevos Mercados Internacionales.
"Ella se encargaría del análisis de la evolución del mercado de la energía solar en terceros países". Es decir, "ni siquiera se dedicaba al mercado español", siempre según las citadas fuentes del entorno de Ribera, y Abandonó la compañía en mayo de 2013, tras percatarse de que no había futuro en la misma.
Y todo a pesar de la entrada de casi 40 millones en poco más de un año. Las cantidades fueron proporcionadas por la Agencia IDEA del Gobierno andaluz, bajo el mandato de José Antonio Griñán condenado por el caso ERE, en avales, por valor de 29 millones, y un préstamo de 8,3 millones que se dieron "sin control". Todo ello, según las diligencias practicadas por el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, tal y como publicó este periódico la semana pasada
Este dinero se le concedió a la empresa un mes antes del anuncio del contrato de Ribera como directora general. En concreto, fue tramitada para la instalación de una nueva línea de producción que nunca se materializó. La denuncia la elevó el comité de empresa de la compañía. El que fue su presidente en los últimos cuatro años, Daniel Martínez, hace memoria y cuenta a EL ESPAÑOL que su fichaje, cuando la empresa ya pasaba por una situación económica complicada a pesar de las ayudas, le pareció "muy raro".
Una veintena de ex altos cargos
Por este motivo, han sido imputados más de una veintena de ex altos cargos socialistas relacionados con las materias de Economía y Empleo de la Junta. Entre ellos se encuentra Juan María González Mejías, sobrino del ex presidente del Gobierno Felipe González, que tendrá que acudir a los juzgados entre el 11 y el 12 de noviembre, y Joaquín Moya-Angeler, expresidente de la Corporación Industrial de Andalucía, dependiente de la Junta, y también socio de Felipe González.
También está citado como investigado Bienvenido Martínez, un ex alto cargo de IDEA, exvocal Invercaria -también involucrada en casos de corrupción y empresa que tuvo en su cúpula al citado sobrino-. Martínez presidía la empresa Santana Motor cuando echó el cierre en 2011, también salpicada por la concesión de ayudas públicas. A esta compañía se le considera uno de los orígenes del caso ERE.
Casualidad o no, el mismo Bienvenido Martínez es hermano del marido de la actual directora de la Guardia Civil, la malagueña María Gámez. Se trata de Juan Carlos Martínez, estrecho colaborador del superconsejero de aquel PSOE andaluz, Gaspar Zarrías, mano derecha del expresidente de la Junta Manuel Chaves, ambos condenados por el caso ERE.
"Nos lo presentaron como asesor", asegura el expresidente del comité. El periódico Diario Sur publicó en 2014 que Martínez estaba considerado miembro del clan de La Carolina -formado por políticos socialistas procedentes de este municipio jienense- y conocido en Málaga por ser pareja sentimental de Gámez.
La sombra del caso ERE
Otros tres investigados por estas ayudas ya fueron condenados a siete y seis años de prisión por la sentencia del caso de los ERE. En concreto, se trata del consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de 2004 a 2009, Francisco Vallejo, hombre fuerte de Manuel Chaves y cuyo jefe de gabinete era Juan Carlos Martínez; del viceconsejero de Empleo entre 2004 a 2010, Agustín Barberá, y del viceconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa de 2005 a 2010, Jesús María Rodríguez.
"Desde que llegaron los dueños de Affirma firmaron varios acuerdos, uno de ellos con la empresa Samsung, para reflotar la empresa y modernizar las líneas pero en la fábrica no se cambió ni un tornillo", asegura el expresidente del comité, que trabajó en la empresa durante sus últimos 12 años como técnico de mantenimiento.
De hecho, el sindicalista asegura que desde el comité se pusieron en contacto con responsables de la Agencia IDEA en Málaga para pedirle que controlaran las ayudas que estaba concediendo la Junta. "Llegaban muchas ayudas públicas y lo que hacían era meter a gente en los Expedientes de Regulación de Empleo".
"Nos dejaron de pagar las nóminas, estuvimos seis meses sin cobrar y aún deben millones de euros a trabajadores, a proveedores, a Hacienda y a la Seguridad Social", asegura Martínez. De hecho, los dos ERE fueron llevados a los juzgados. "Había cosas que no cuadraban, sobredimensionaron la empresa y finalmente la expoliaron".
El contrato de Ribera
Según recoge un teletipo de Europa Press y la prensa local malagueña en septiembre de 2012, Teresa Ribera fue fichada por Isofoton como directora general de Desarrollo Estratégico y Nuevos Mercados Internacionales. Llegó a la compañía a los pocos meses de dejar la Secretaría de Estado de Cambio Climático cuando Mariano Rajoy obtuvo su primera victoria electoral. En esa fecha, su Gobierno le cerró el grifo a las renovables. De hecho, según su entorno, eso hizo muy difícil e insatisfactorio su trabajo como funcionaria en la Administración.
Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta del Gobierno, en la sala de prensa de Moncloa.
En un comunicado que envió a los medios de comunicación, la propia empresa aseguraba que con la incorporación de Ribera la compañía aspiraba a "consolidar su posición en mercados emergentes y afianzar su apuesta por un crecimiento verde y respetuoso con el medio ambiente", en palabras de último presidente de Isofotón, Ángel Luis Serrano. Éste actualmente también está imputado y citado a declarar junto a su hermano.
La propia Ribera lo anunciaba en su cuenta de Twitter el 12 de septiembre de 2012 con el siguiente texto: "Hola. Inicio etapa en Isofoton, líder tecnológico en energía solar y electrificación rural. Esta cuenta sólo refleja opiniones personales".
No obstante, el currículum oficial publicado en la página web de La Moncloa recoge el recorrido político y profesional: licenciada en Derecho y funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, pero la etapa entre 2011 y 2013 está en blanco. Fuentes del entorno de la vicepresidenta, preguntadas por este extremo, no le dan importancia a la omisión, y dan a entender que hay experiencias profesionales menos satisfactorias que otras.
La citada web recoge su historial desde los puestos que ocupó en los Ministerios de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente desde 1996 a 2004 y su paso por el Gobierno de Zapatero entre 2008 y 2011. También que su comienzo en 2013 como asesora del programa de Energía Renovable y Clima del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales de París. Allí estuvo hasta 2014.
Posteriormente, entre 2014 y 2018, ocupó el puesto de directora del citado Instituto hasta que se convirtió en ministra para la Transición Ecológica en el Gobierno de Sánchez, cuando comenzó la polémica de la guerra del diésel. Ni rastro de su paso por Isofoton aunque la hemeroteca demuestre lo contrario y ella misma no lo oculta en su cuenta de Twitter.
Ahora, el Juzgado de Instrucción número 3 confirma que existen indicios de tres delitos -con los que nada tuvo que ver Ribera, según su entorno- y quiere llegar hasta el fondo del asunto para conocer el presunto desvío de ayudas por valor de 38 millones de euros. Según la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado, podrían haberse cometido presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental.
"Absolutamente precaria"
Según la investigación judicial, cuando la Junta concedió estas ayudas la empresa ya "era absolutamente precaria". Sin embargo, estas circunstancias no impidieron que dicha entidad fuese beneficiaria de "cuantiosas ayudas con cargo al erario público".
En total, la jueza señala que la empresa malagueña Isofoton y aquellas de las que es accionista han recibido de fondos públicos entre los años 2005 y 2012 por importe superior a los 80 millones de euros. Todo ello a través de avales e incentivos directos a fondo perdido.