Andalucía ha reducido el número de positivos en la última jornada, cuando se han contabilizado 3.329, pero no baja la presión hospitalaria. Con 184 personas más ingresadas por Covid-19, la comunidad bate un nuevo récord al llegar a los 3.335 pacientes, el dato que ha provocado el endurecimiento de las medidas para frenar los contagios.
El objetivo es evitar el colapso sanitario. De ahí que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) haya presentado a los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad la nueva Orden de 8 de noviembre de 2020, por la que se establecen medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de la crisis sanitaria.
Entre las medidas, ante esta situación extraordinaria, la Consejería de Salud podrá modificar turnos, destino y vacaciones del personal y establece la contratación de profesionales por vía de urgencia. En este punto baraja la incorporación de estudiantes de último año y de aquellos sanitarios que estén en formación o, incluso, jubilados si tienen menos de 70 años.
También podrá prolongar la permanencia en el servicio activo del personal licenciado sanitario y de enfermería del SAS que alcancen la edad de jubilación forzosa.
Todo ello, ante la situación en la que se encuentran los centros hospitalarios andaluces. En la actualidad están libres el 30% de las camas, un porcentaje que preocupa al Gobierno andaluz, según aseguró el domingo el presidente de la Junta, Juanma Moreno. En las provincias de Sevilla y Granada es donde los centros se encuentran más colapsados y aún no ha llegado la gripe.
Al respecto, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, asegura que en estos momentos hay "capacidad de absorción y no hay ningún tipo de colapso", aunque sí admite que existen "mucha tensión hospitalaria".
Comprensión de los sindicatos
Desde el SAS aseguran que la orden andaluza "adapta" lo establecido por el Ministerio y pide "la comprensión y la ayuda" de los sindicatos para el desarrollo de esta orden, dada la situación epidemiológica en la que se encuentra Andalucía.
No obstante, mantienen la esperanza de que no todas las posibilidades previstas sean precisas. En cualquier caso, los gerentes de distritos, áreas, hospitales y agencias actuarán en colaboración con los representantes legales de los trabajadores, con el objetivo de salvaguardar los derechos de los profesionales, aseguran desde el SAS.
Durante la vigencia de la presente orden los nombramientos a tiempo parcial del personal que se considere necesario se modificarán y pasarán a tener un 100% de jornada, salvo supuestos de extrema dificultad para la conciliación familiar y laboral. De estas ampliaciones se dará traslado a la Dirección General de Personal.
Además, en función de las necesidades existentes, podrá contratarse a aquellos graduados, licenciados y diplomados sanitarios que carecen aún del título de Especialista reconocido en España, para la realización de funciones propias de una especialidad.
Bolsa única
En materia de contrataciones por bolsa, el SAS también informó en Mesa Sectorial de que agilizará los trámites administrativos en las contrataciones de larga duración por bolsa única de profesionales para los centros sanitarios con mayores dificultades para cubrir plaza.
Además, entre las actuaciones contempladas se ha determinado que si las personas candidatas rechazan dos ofertas de contratos, en distintos días, tendrán 60 días de no disponibilidad para próximas ofertas. Igualmente, se establecen 30 días de no disponibilidad en listado adicional si no se atiende el teléfono o se rechaza el contrato propuesto por esta vía.
A su vez, para mejorar la fidelización de profesionales médicos de familia, especialmente en aquellas zonas con más dificultades para la cobertura de estas plazas, se van a ofertar interinidades. Igualmente se acuerda activar la doble puntuación en Bolsa Única.
Concentración de sindicatos
Estas medidas no han sentado nada bien en los sindicatos, que han protagonizado este mismo lunes concentraciones en algunos centros hospitalarios. Ha sido el caso del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
La Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Andalucía y el Sindicato de Enfermería (Satse) creen que, con excusa de la pandemia, con esta orden "se vulneran derechos fundamentales de los trabajadores e incluso anula directivas comunitarias de la Unión Europea".
Para UGT estas nuevas medidas "suponen una patada a los derechos" de unos 120.000 trabajadores del sistema sanitario público andaluz. Para Satse, esta orden y la falta de información previa por parte de la Junta "exigen de una respuesta inmediata de rechazo".