La familia de Francisco siempre creyó que había desaparecido. Desde aquel 8 de diciembre de 1990, cuando contaba con 24 años de edad, nunca más volvió a saber de él a pesar de ejercer una intensa búsqueda. Los familiares acudieron incluso al programa de TVE 'Quién sabe dónde' que presentaba Paco Lobatón para dar con su paradero, pero todo fue en vano.
Durante 27 años esta familia no ha dejado de preguntarse ni un solo día dónde estaría el mayor de los cinco hermanos y, hace tres, el Ministerio del Interior le despejó la incógnita. Francisco está muerto desde el día siguiente de su desaparición. Murió atropellado el 9 de diciembre de 1990 pero la Administración se lo comunicó el 12 de junio de 2017.
¿El motivo? Una falta de coordinación entre las bases de datos policiales de desaparecidos y las de cadáveres sin identificar a cargo de distintas unidades y servicios policiales. Esto ha provocado un retraso de 26 años y medio en la identificación de su cuerpo y la comunicación a la familia. Con ello también un padecimiento adicional al que supone el hecho del fallecimiento en sí.
Los hechos ocurrieron en el kilómetro 171,300 la N-342, a la altura de Baza, un municipio granadino situado a unos 100 kilómetros de la localidad almeriense de Nacimiento, donde convivía con su familia.
La condena
Por ello, la Audiencia Nacional ha condenado al Ministerio del Interior a pagar a esta familia 137.000 euros -65.000 su madre y 18.000 a cada uno de sus cuatro hermanos-, según reza en la sentencia, adelantada por Europa Press. Lo hace tras estimar parcialmente un recurso por responsabilidad patrimonial interpuesto por sus familiares, que solicitaban 304.000 euros de reparación. Aún cabe recurso.
Tanto la desaparición de Francisco como el hallazgo de su cadáver casi 27 años después rompió la cotidianidad de Nacimiento, que en 2017 tenía censados 475 habitantes. "Aquello tuvo muchísima repercusión", según han informado a EL ESPAÑOL desde su entorno.
"Francisco era muy tímido y muy callado. No tenía hijos y estaba soltero y trabajaba en lo que le salía en el pueblo", recuerdan quienes le conocieron.
Tras esa llamada del Ministerio del Interior comunicándole el hallazgo en junio de 2017, la familia pudo recuperar el cuerpo y sus cenizas se encuentran en el cementerio del municipio. Se celebró incluso una misa de difuntos y los vecinos pudieron darle el último adiós.
"Es algo muy raro que esto ocurra en pleno siglo XXI. La gente pensaba que ya no se le iba a encontrar". Pero, tras 27 años, una llamada lo cambió todo: de no saber nada de él a enterarse de que estaba fallecido.
Panorámica de la localidad de Nacimiento (Almería).
La indemnización a la familia
Tras iniciar un proceso administrativo y denegar el Ministerio del Interior pagarle la indemnización, los familiares elevaron el citado recurso a la Audiencia Nacional que ahora les ha dado la razón en parte.
En concreto, esta familia pedía más de 300.000 euros. Por un lado, por el daño moral integrado por el padecimiento, angustia y ansiedad, soportado durante estos casi 27 años sin conocer su paradero. Su padre murió con anterioridad a la localización del cadáver.
Por otro, por el daño en su vertiente material, surgido a raíz y como consecuencia de la actuación irregular y negligente de ambas administraciones públicas. Esta familia considera que le ha sido vedada la posibilidad de reclamarle al titular del vehículo, al conductor que lo atropelló o a su compañía aseguradora, por la culpa que concurriesen en ellos de la causa de su fallecimiento.
Sin embargo, la Audiencia no comparte este punto al considerar que esta petición se basa en una mera expectativa o hipótesis ya que se desconocen las causas en las que se produjo el accidente.
En la demanda, los hermanos insisten en que no pudieron ejercer esta acción. A pesar del esfuerzo en la averiguación realizado por su parte, de forma totalmente independiente y sin ayuda de las administraciones responsables, no han podido obtener los datos y pruebas suficientes.
Según reza en el fallo judicial, el objeto del pleito era discutir la cuantía indemnizatoria. El Ministerio del Interior reconoció en un primer momento que se había producido, efectivamente, una falta de coordinación entre las bases de datos policiales de desaparecidos y las de cadáveres sin identificar a cargo de distintas unidades y servicios policiales.
De hecho, frente a la petición de la familia, la Abogacía del Estado se allanó parcialmente a la demanda por una cuantía de 53.000 euros para la madre y 15.358 euros para cada uno de sus cuatro hijos. No obstante, la Audiencia ve insuficiente ante el daño moral que les ha causado esta situación al no poder cerrar el capítulo en 1990.
Ni la familia ni su representante legal han querido realizar ningún tipo de declaración a este medio, pero la vía del recurso al Supremo está abierta para seguir reclamando lo que ellos consideran que sería más justo. Su fin, resarcir el dolor padecido en estos 27 años de ausencia de Francisco.