Culmina el segundo juicio de los ERE: "Sigo creyendo en la justicia", dice un ex alto cargo ya condenado

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha dejado visto para sentencia el juicio sobre las ayudas concedidas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco) bajo el mandato del expresidente socialista Manuel Chaves. El montante ascendió a 2,9 millones de euros. Se trata de una pieza separada de la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE), por el que están condenados el propio Chaves y su sucesor, José Antonio Griñán.

Entre los acusados se encuentran el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá; los ex directores generales de Trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, y el ex director general de IFA-IDEA Miguel Ángel Serrano.

También estaba siendo juzgado el ex director general Francisco Javier Guerrero, uno de los brazos ejecutores a la hora de conceder estas ayudas de la partida conocida como el fondo de reptiles. No obstante, su responsabilidad penal ha quedado extinguida al fallecer de forma repentina el pasado mes de octubre.

Cinco de ellos fueron condenados en el caso ERE, el mayor caso de corrupción instruido en este país al llegar a defraudarse más de 600 millones de euros. Ha sido el exconsejero Antonio Fernández quien ha utilizado su último turno de palabra para expresar que, a pesar de que lleva diez años en esta situación, sigue "creyendo en la justicia". No obstante, se acogió a su derecho a no declarar cuando le tocó hacerlo.

Entre otros, los restantes acusados son la que fuera presidenta del consejo de administración de Acyco, un letrado de la empresa y Andrés Carrasco, churrero en la localidad de El Pedroso y era amigo de Guerrero. Este último fue colado como intruso en el ERE de la citada empresa.

No fueron excluidos

En el juicio ha pesado la decisión del tribunal de no acceder a la petición de excluir de la vista a los ex altos cargos de la Junta de Andalucía ya juzgados por el caso ERE, informa Europa Press. Las defensas esgrimieron el principio 'non bis in idem', que impide que un mismo hecho resulte sancionado más de una vez, pero el tribunal consideró que estas ayudas en concreto no habían sido enjuiciadas en el primer caso.

A lo largo de la vista oral, han sido analizadas las ayudas concedidas para el expediente de regulación de empleo promovido por Acyco para prejubilar a 35 empleados con cargo a la Junta de Andalucía. El que fuera jefe de fábrica entre 2001 y 2011 aseguró que estos trabajadores manifestaban que las prejubilaciones eran "casi mejor que ganar la lotería". Sus rentas alcanzaban casi el 100% del salario con cargo al Gobierno andaluz.

También ha sido analizado el caso de las dos personas que cobraron de la póliza de las prejubilaciones de este ERE pese a que jamás habían trabajado en Acyco. Se trata del citado churrero y el exalcalde socialista de San Nicolás del Puerto Domingo Martínez, también fallecido.

Por su parte, el fiscal Juan Enrique Egocheaga mantiene que todas las ayudas cosechadas por Acyco fueron "ilícitas" al carecer de "procedimiento alguno" y sustituir la Junta a Acyco en las obligaciones de la empresa.