‘Jerezgate’: El PSOE acusa a funcionarios afines al PP de "espionaje político" desde 2017

Jerez, el municipio más poblado de la provincia de Cádiz con 212.000 habitantes, afronta un presunto caso de "espionaje político". El consistorio, gobernado en minoría por el PSOE, ha denunciado por la vía penal el acceso y uso indebido de información restringida, y señala a dos funcionaros a los que acusa de "intentar beneficiar al PP".

Según fuentes del Ayuntamiento jerezano, las alarmas por la existencia de este Jerezgate, saltaron con las movilizaciones contra el crematorio de la pedanía de Estella del Marqués: "El PP manejaba más información que el propio concejal de Urbanismo", aseguran a EL ESPAÑOL fuentes municipales.

El equipo de gobierno detectó que un empleado de la delegación de Medio Rural había tenido acceso a la documentación relacionada con el crematorio. Eso levantó las sospechas en el área competente.

Semanas antes se había creado una plataforma contra la construcción de la incineradora municipal y se estaban lanzando notas de prensa que incluían información detallada del proyecto: "Se filtraban cuestiones técnicas y muy concretas, por ejemplo, en una rueda de prensa dieron un número de expediente que ni siquiera era público".

Servicios informáticos

Estas mismas fuentes confirman que el espionaje se remontaría a 2017, pues se han detectado en ese año los primeros de los 4.500 accesos registrados electrónicamente. Por todo ello, los socialistas han presentado ante el Juzgado de Instrucción de Jerez la documentación facilitada por los servicios informáticos. 

La información que maneja el consistorio presenta, según ha podido conocer este periódico, claros indicios de acceso indebido al archivo desde la cuenta de un funcionario municipal.

Cada empleado tiene una clave propia que hay que cambiar cada 60 días. Desde el PSOE jerezano se apunta a la responsabilidad de una "militante activa del PP" que, al no tener acceso "usaba la contraseña de un compañero" para acceder presuntamente de forma irregular a los expedientes y documentos, principalmente del área de Urbanismo.

En este sentido, fuentes del Ayuntamiento jerezano confirman que, entre otros, se habrían realizado accesos a procedimientos de contratación, "en los que aparecía la información de las ofertas económicas de empresas licitadoras. Eso es muy grave".

Por su parte, la teniente de alcaldía, Laura Álvarez, declaró que esta presunta práctica por parte de la empleada pública "permitía conocer al PP las líneas de trabajo del gobierno municipal y adelantarse o adueñarse de iniciativas". En palabras de otra fuente municipal: "Llegaba a ser grosera la forma de utilizar la información".

"Pelis de espías"

La funcionaria señalada -y expedientada por el caso- es Nausika Botamino, delegada sindical del CSIF y número 11 por el PP en las últimas elecciones municipales. Desde el mes de agosto su ordenador y el de su presunto cómplice están precintados: "Qué casualidad que desde entonces no está habiendo filtraciones", afirman desde el Ayuntamiento.

El PP jerezano ha encarado este asunto con cierta tranquilidad y hablan de "acoso y persecución política y sindical" por parte de Mamen Sánchez. "La alcaldesa y el PSOE están jugando a las películas de espías, pero de las malas", afirma un comunicado de los populares.

También aseguran desde el PP de Jerez que "la alcaldesa ha perdido la cabeza" y que "acabará como Pacheco y Pilar Sánchez", dos alcaldes de Jerez que fueron condenados por la gestión irregular del consistorio. En ese sentido, altos cargos de la actual regidora se han sentado en el banquillo en los últimos años.

Las sospechas

Con el cambio de corporación municipal, en mayo de 2019, empezaron las primeras sospechas, aunque desde el equipo de gobierno aseguran que "las filtraciones ya ocurrían desde el mandato anterior".

Los nuevos concejales tomaron posesión de las distintas áreas y comenzaron a realizar algunos cambios en documentos internos. "Nos extrañó mucho que al hacer modificaciones en una ordenanza, cuando aún no se había comunicado, se preguntara por ello en el pleno", confirman. 

Otro de los casos que relatan data de 2017: "En el pleno de abril preguntaron por las tarifas de las piscinas municipales", y según consta en los archivos entregados al Juzgado de Instrucción de Jerez, "poco antes de la fecha entraron de forma indebida en documentos relacionados con esto".

Sin embargo, desde el equipo de gobierno han enumerado hasta 35 casos en los que han sufrido este espionaje: "Ha habido varias modificaciones de proyectos de actuación o, por ejemplo, la modificación del PGOU. Horas antes de los plenos hay reseñadas entradas al sistema para consultar documentación", confirman.

Además, según fuentes del consistorio, en estos años de supuesto Jerezgate, los denunciados "han accedido a licencias de dirigentes de grupos políticos y empresarios". En este sentido, desde el Ayuntamiento son cautelosos a la hora de emitir cualquier juicio: "No sabemos si lo han hecho para chantajear, aunque eso lo tiene que decidir el juez".