Los vecinos de Aznalcóllar (Sevilla) creen que están viviendo una pesadilla, o más bien, una auténtica maldición. Como un jarro de agua fría les ha caído el procesamiento por prevaricación administrativa tramitado en la causa que investiga las presuntas irregularidades en la adjudicación de la explotación minera Los Frailes a la empresa México-Minorbis.
Tenían muchas esperanzas en el sobreseimiento definitivo del caso judicializado desde 2015, tras dos archivos previos y varias peticiones de la Fiscalía en esta línea, pero no ha sido así. La juez de Instrucción número 3 de Sevilla sigue viendo indicios y ha ordenado continuar las diligencias por el trámite del procedimiento abreviado contra nueve personas.
Entre ellas figuran el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero por su cargo anterior como secretario general de la Consejería de Innovación Ciencia y Empleo en Andalucía. También dos empresarios de la empresa cordobesa Magtel, partícipe de Minorbis, y otros seis funcionarios y ex altos cargos de la Junta de Andalucía.
La reapertura de la causa le costó el puesto a Fernández al frente del organismo nacional. En su momento pidió también el archivo al alegar que no tuvo ninguna participación en el proceso, pero la juez de Instrucción número 3 de Sevilla cree que hubo "connivencia" entre todas las partes para amañar la adjudicación.
5.000 empleos
"Yo no voy a discutir que otra empresa (la que perdió el concurso Emérita Resources España) reclame al considerar que se han hecho mal las cosas, pero la Justicia está para hacer justicias, no para hacer injusticias", ha lamentado el alcalde, Juan José Fernández (IU), en conversación con EL ESPAÑOL. Teme que esta situación alargue dos o tres años la reapertura de la mina. "¿De qué va a comer mi pueblo?", se pregunta.
La mina de Aznalcóllar (Sevilla).
Mientras tanto 5.000 empleos, entre directos y directos, están en juego. También la inversión de más de 350 millones de euros y 30 años de trabajo para extraer 52 millones de toneladas de metales. Juan José Fernández, minero de profesión, tiene claro que cuando el proyecto arranque volverá a su puesto de trabajo. Ahora mismo el número de trabajadores en tareas de mantenimiento de la mina no supera la treintena.
El primer edil también resalta que casi seis años después del concurso, el adjudicatario ha gastado ya unos 40 millones de euros en el manejo del pasivo ambiental, en proyectos técnicos muy diversos y en un intenso programa de investigación geológica. "Esto hay que tenerlo en cuenta", señala.
"El pueblo de Aznalcóllar no puede esperar más, el proceso judicial tiene que desbloquearse ya", señala Fernández. Aunque la empresa asegura que no va a abandonar el proyecto, la incertidumbre es máxima. Si esto ocurriera, el mantenimiento tendría que correr por parte de la propia Junta de Andalucía porque el alcalde tiene claro que ninguna empresa más va a querer apostar. "Con esto se ahuyentan a muchos inversores".
Reunión con la Junta
En la misma jornada en la que conoció el procesamiento de la causa, se reunió con el comité de empresa del yacimiento y han acordado solicitar una reunión con responsables de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía. Aunque este encuentro está pedido desde hace un tiempo, asegura.
El alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández, se reúne con el comité de empresa de la mina.
También apuntarán al Gobierno central al tener competencias en la materia y quieren mantener incluso un encuentro con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Tampoco descartan convocar una serie de manifestaciones, como han hecho todos estos años atrás, pero la Covid no juega a su favor.
"Somos uno de los pueblos de Andalucía más ricos con la gente más pobre. Es injusto que se esté comprando oro fuera", asegura Fernández. La localidad tiene censados unos 6.000 habitantes y el desempleo alcanza al 28,2%. En este caso el coronavirus tampoco ha ayudado.
"Estamos repartiendo muchos kilos de alimentos al mes, no doy abasto para pagar recibos de agua y luz de gente que no puede. Tenemos a nueve personas trabajando en asuntos sociales para atender a los vecinos, pero ya no podemos más", lamenta el alcalde.
La sombra del desastre
El alcalde no ve la luz al final del túnel y cree que la localidad está condenada desde aquel 25 de abril de 1998. Aquella madrugada se produjo uno de los mayores desastres ambientales de las últimas décadas. El muro de la balsa de residuos de la explotación minera se vino abajo y la riada de lodos tóxicos y aguas ácidas se quedó a las puertas de Doñana. Lo marchitó todo a su paso y se ha tardado años en su recuperación.
El alcalde, que fue líder local de CCOO y portavoz de los mineros en la empresa, entiende que la sombra de aquel desastre es larga. No obstante, tanto él como los vecinos tenían muchas esperanzas en el archivo de la causa judicial, clave para desbloquear el proyecto laboral. Ahora les toca esperar otra vez, pero con una situación mucho más insostenible.
El auto dictado por la instructora puede ser recurrido en reforma ante el propio juzgado y en apelación ante la Audiencia de Sevilla, que en octubre de 2019 pidió su reapertura. La ponente fue Mercedes Alaya, instructora durante años de la causa de los ERE fraudulentos de Andalucía. Sin embargo, el primer edil es consciente de que esta situación y el tiempo podrían jugar en contra de Aznalcóllar al alagar aún más esta agonía judicial.