La Junta de Andalucía reduce un 60% las facturas heredadas en su mayoría de gobiernos del PSOE

El Gobierno andaluz de PP y Cs ha abonado en lo que va de legislatura 886,58 millones de euros en facturas pendientes, en su mayoría de los anteriores gobiernos socialistas. Y lo ha hecho, asegura el portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, mientras Andalucía cumplía las reglas fiscales impuestas por el Gobierno central: deuda, déficit y regla de gasto.

Cuando Juanma Moreno se convirtió en el primer presidente andaluz del PP, "heredó" 1.490 millones en facturas pendientes de pago. A finales de 2019, tras 11 meses en la Junta, el Gobierno redujo casi un 20%, concretamente 254 millones de euros. La cuantía se quedó en 1.235,88.

Desde el Gobierno andaluz confirman a EL ESPAÑOL que en 2020, a la espera del cierre definitivo, el dato es más positivo. En total, la cantidad pendiente de pago de estas facturas se cifra en 604,28 millones. Por tanto, en dos años la Junta ha logrado reducir la cantidad en 886. 

El escollo para legitimar estas cifras se encuentra precisamente en el órgano fiscalizador de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Su presidente, Antonio López, está en el cargo desde hace diez años. Juró en marzo de 2011 a propuesta del PSOE, pero este catedrático de Economía Financiera de la Universidad de Granada y exconcejal socialista de Guadix quiere seguir y su mandato ya ha caducado.

En el órgano participan siete consejeros designados por los grupos parlamentarios del Parlamento andaluz por mandato de seis años -dos del PP, dos del PSOE, uno de Cs, uno de Vox y otro de Podemos-. Hace una semana tomaron posesión cuatro de ellos, dos son nuevos y dos repitieron en el cargo.

La renovación 

Los mandatos de la presidencia tienen una duración de tres años y las votaciones para su renovación deben ir acompasadas con las de los consejeros. Su periodo anterior caducó en febrero de 2018 y estuvo en funciones durante un año y siete meses hasta que tomó posesión en septiembre de 2019. Por ello, los consejeros del PP, Cs y Vox, que tienen la mayoría absoluta en el pleno, alegan que su permanencia en el cargo "está fuera de la legalidad" al no convocar ningún pleno extraordinario para evitar su renovación.

Consideran que este periodo debe contarle como mandato para evitar que se genere esta anomalía cada tres años. Si se cuenta desde febrero de 2018, su presidencia está ya caducada desde el pasado día 2. En sendos escritos que le enviaron la pasada semana, publicados por ABC, estos consejeros le advierten a Antonio López de que "carece de la legitimación necesaria para convocar plenos ordinarios".

Creen que antes debe reunir al órgano con carácter extraordinario para elegir a los nuevos presidente y vicepresidente. De hecho, al último ordinario convocado para aprobar el informe de fiscalización de la Cuenta General de la Junta de Andalucía de 2019, no asistieron.

Además, se da otra anomalía. Actualmente la vicepresidencia está vacante. El último hasta ahora, Rafael Salas (PP), ya no está en la institución. Tampoco convoca el pleno, que también sería extraordinario, para un nuevo nombramiento.

Resolver la situación

Desde el Gobierno andaluz confían en que los grupos parlamentarios se pongan de acuerdo para resolver la situación. "El Gobierno no se va a meter ahí, pero quiere que las cosas se hagan bien, cumpliendo la ley", subrayó Elías Bendodo al respecto. 

Según el reglamento de la Cámara, una vez que se produce la renovación parcial de los consejeros, el presidente debe convocar dos plenos extraordinarios para elegir a sus nuevos presidente y vicepresidente. El artículo 25.1 de la normativa lo estipula así y da un margen para ello de diez días siguientes a la designación de los consejeros. El plazo ya ha acabado.

La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, también se pronunció ayer sobre este asunto. No descarta ir a los tribunales porque cree que la Junta "está bloqueando" el funcionamiento de este órgano para que no se conozca su "incapacidad" para gestionar la economía y el empleo, y no se sepa que el Gobierno de PP y Cs dejó "casi 1.300 millones de euros en los cajones".

Sin embargo, desde el Ejecutivo actual insisten en que esa cantidad es la que dejaron sin pagar los socialistas y en que el presidente actual de la Cámara de Cuentas se ha atrincherado en el cargo.