El exministro Jorge Fernández recurre el 'secuestro' de su móvil por el Juzgado del caso Kitchen

Gudín -no el juez instructor, Manuel García-Castellón- ha dictado una diligencia de ordenación según la cual "previamente a la devolución del teléfono móvil a Jorge Fernández Díaz, requiérase a la Unidad de Asuntos Internos para que informe a este Juzgado sobre las diligencias que puedan ser objeto de interés para la investigación".

Fernández entregó al juez el teléfono móvil anterior el que utiliza en la actualidad con el fin de que se compruebe si hay rastro de los mensajes que el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez dice haber intercambiado con él sobre la llamada operación Kitchen.

Fernández niega haber recibido o enviado mensajes que, según Martínez, pondrían de manifiesto que el exresponsable de Interior conocía el operativo policial montado en 2013 para llevar a cabo un presunto espionaje ilegal a Luis Bárcenas, extesorero del PP, y sustraerle documentos sobre la financiación del partido que podían ser comprometedores.

Esos mensajes fueron protocolizados por el exnúmero dos de Interior en dos actas notariales extendidas en junio y octubre de 2019, pero la defensa de Jorge Fernández, que ejerce el letrado Jesús Mandri, ha aportado un informe pericial que concluye que existe "una amplia posibilidad de manipulación" de los mensajes. El juez ha aceptado citar al perito para que explique su informe en la Audiencia Nacional.

Sin facultades

En el recurso presentado contra la diligencia de ordenación, el defensor de Fernández Díaz sostiene que los letrados de Justicia impulsan los procesos conforme a los trámites regulados en la ley, pero no tienen facultades para acordar diligencias de investigación, y menos "de carácter prospectivo".

El acuerdo del LAJ "causa indefensión", sostiene, porque se desconocen los motivos de Gudín para una decisión "que debiera ser tomada por el juez".

Recuerda que García-Castellón requirió al exministro del Interior la entrega voluntaria del teléfono "con la finalidad exclusiva de examinar si en el terminal están los mensajes" referidos por Francisco Martínez, según el auto dictado por el instructor.

El pasado 22 de enero se comprobó en el Juzgado que esos mensajes no aparecen en el móvil entregado, que es el dispositivo que Jorge Fernández utilizaba hasta abril de 2020, cuando se le estropeó y lo cambió por el actual, pero no el que usaba en 2013.

"Habiéndose verificado la diligencia acordada [por el juez], en ningún caso procede condicionar ahora la devolución del teléfono móvil a la práctica de nuevas 'diligencias que puedan ser objeto de interés para la investigación', que no se concretan ni motivan y que parece han de ser sugeridas o solicitadas por la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía", señala el recurso.

"Es el juez instructor quien dirige la investigación y a quien compete la decisión de las diligencias que han de practicarse", recuerda, "siendo improcedente delegar tal función en la UAI, especialmente en esta fase avanzada de la instrucción y bajo la fórmula ambigua e imprecisa de que sea tal UAI la que indique las diligencias que puedan o deban practicarse".

Considera, además, que un requerimiento "genérico, ambiguo, que no se anuda o vincula a hechos o fines concretos" constituye una diligencia de investigación "claramente prospectiva", que está vedada en el ordenamiento.

"Una investigación genérica del teléfono móvil de Fernández Díaz sin límites ni fines concretos vulnera el derecho fundamental a la intimidad", añade la defensa, que recuerda que cuando el exministro entregó el dispositivo pidió que se adoptaran las medidas de seguridad necesarias para garantizar la confidencialidad y reserva respecto al contenido del teléfono. "Puede contener información muy sensible que no guarda relación alguna con los hechos que son objeto de investigación en esta causa", afirma.