El Parlamento andaluz rechaza la supresión del Defensor del Pueblo solicitada por Vox

Vox ha pedido al Gobierno andaluz, a través de una proposición no de ley en el Parlamento, suprimir varios entes autonómicos al considerar que suponen "un gasto superfluo de 18 millones de euros". Entre los organismos que quiere eliminar se encuentran el Consejo de Transparencia y Protección de Datos, el Consejo Consultivo, el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) y el Defensor del Pueblo Andaluz.

La formación que lidera Santiago Abascal cree que las funciones que realiza el defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, las puede ejercer su homólogo a nivel nacional, Francisco Fernández Marugán. Se trata de un ente encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas. 

Estas peticiones han sido rechazadas en su totalidad por PSOE-A, PP-A, Adelante Andalucía, mientras que Ciudadanos se ha sumado también, pero se ha abstenido en el punto relativo al Consejo Consultivo.

En la iniciativa se instaba al Ejecutivo andaluz a realizar las actuaciones precisas en orden a suprimir el Consejo Consultivo de Andalucía, "llegando a los acuerdos o convenios necesarios para que sus competencias sean asumidas por el Consejo de Estado".

Vox pedía también a la Junta suprimir el Consejo de Transparencia y Protección de Datos y establecer acuerdos y convenios de colaboración con los organismos análogos con competencias a nivel nacional. 

Otros puntos de la iniciativa de Vox, que ha sido rechazada en su totalidad, sí han contando con el apoyo o la abstención del PP-A o de Cs. Así, se ha rechazado --con el voto en contra de PSOE-A y Adelante, mientras que el PP-A se ha abstenido y Vox y Cs han votado a favor-- instar al Ejecutivo a llevar a cabo las reestructuraciones necesarias en la administración autonómica.

Reducir el gasto

El objetivo de la formación verde es "reducir de forma drástica el gasto superfluo, para emplear los recursos públicos de los andaluces en una mejora real y efectiva de los servicios públicos". Todo ello, en base al resultado de las auditorías y estudios realizados al sector instrumental de la Junta.

La Cámara ha rechazado además --con el voto en contra de PSOE-A y Adelante, mientras que Cs se ha abstenido y PP-A y Vox han votado a favor-- instar a la Junta a reubicar a todos aquellos funcionarios de carrera y personal laboral fijo que se encuentren prestando sus servicios en estos entes, respetando sus derechos laborales.

En defensa de la iniciativa, el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, ha manifestado que la buena gestión y el uso eficiente de los recursos públicos debe ser siempre una máxima de cualquier gobernante. Especialmente, ha hecho hincapié, en épocas de crisis como las actuales en las que los servicios públicos se ven resentidos.

En su opinión, el estado autonómico ha provocado que a lo largo de estos 40 años "proliferen una serie de organismos y entes que ejercen competencias que podrían ser asumidas por sus análogos a nivel nacional". Sostiene que así se evitarían duplicididades y gastos innecesarios.

Ha recordado que en comunidades autónomas como Castilla-La Mancha o Extremadura, gobernadas por distintos partidos, se fueron suprimiendo dichos organismos. Estos derivaron sus funciones a los organismos análogos estatales capaces de realizar las mismas funciones a un menor coste. 

Estado de alarma

En otro orden de asuntos, por la mañana, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se ha vuelto a referir a la posible caída del estado de alarma el próximo 9 de mayo. Moreno considera "imperdonable" que el Gobierno central aún no haya puesto sobre la mesa una "alternativa normativa o jurídica" que diera seguridad jurídica a las comunidades autónomas.

En cualquier caso, ha advertido de que si el Gobierno central decide no hacer "nada", la Junta de Andalucía tomará las decisiones que considere que sean necesarias y oportunas para frenar la pandemia. Lo hará con los instrumentos que tiene en sus manos desde el punto de vista normativo, pero no ha especificado cuales son.

En la misma línea se ha manifestado minutos después el presidente en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, en respuesta a la pregunta que le ha formulado el portavoz del PSOE, José Fiscal. Este le ha pedido que detallara las medidas que tenía previsto adoptar la Junta una vez que decaiga el estado de alarma.

¿Dónde está la cogobernanza?

Juanma Moreno ha respondido al portavoz socialista indicándole que esa pregunta se la tendría que hacer a Pedro Sánchez, que "fue el que anunció la finalización del estado de alarma".

"¿Dónde están la cogobernanza y el respeto a las comunidades autónomas?", le ha preguntado Moreno, así como el "espíritu autonomista" de los socialistas. 

Moreno ha insistido en que, a partir del día 9 de mayo, las comunidades no podrán decidir sobre toques de queda, cierres perimetrales, sobre el límite de reunión o sobre los aforos de culto. "No sabemos cómo nos vamos a encontrar epidemiológicamente" para entonces.

No obstante, el Gobierno andaluz pediría un estado de alarma territorial a través de la Ley Orgánica del 81 para mantener las restricciones. Pero únicamente lo haría en el caso de la incidencia se disparara, la cual ahora mismo está en descenso en la comunidad. 

Por último, Moreno se ha referido a la rebaja fiscal que ha impulsa su gobierno, con el apoyo de Vox, y ha defendido que no beneficia únicamente a los ricos, como se le ha reprochado desde la oposición de izquierdas.

Al respecto, ha asegurado que la misma alcanza a "cuatro millones de andaluces", que equivalen aproximadamente a la mitad de la población de la comunidad. En ese sentido ha expresado que "ojalá la mitad de los andaluces fueran millonarios".