La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, que dirige Juan Marín, ha presentado en el Consejo de Gobierno andaluz el informe relativo a las 54 auditorías del sector público instrumental con el objetivo de "racionalizar, suprimir y revisar entes innecesarios" en la Junta de Andalucía.
En rueda de prensa, Marín ha explicado que con los resultados “sólo se constata lo que habíamos sospechado: la existencia de una superestructura desproporcionada, poco operativa, llena de duplicidades y gastos innecesarios", creada tras 37 años de gobiernos socialistas.
Sobre el sector público instrumental, es decir, la Administración paralela, Marín ha detallado que consta de diez agencias administrativas, 18 agencias públicas empresariales, tres de régimen especial, 16 consorcios, 23 fundaciones y 22 sociedades mercantiles. Todas y cada una de ellas ha sido objeto de un análisis que no se había efectuado “jamás” .
El personal laboral propio de estas 92 entidades ascendía, al cierre del ejercicio correspondiente a 2018, a un total de 28.443 trabajadores, de los que 8.023 eran profesionales sanitarios, 2.873 empleados de servicios sociales y 17.547 contratados como personal laboral general.
Al cierre del ejercicio 2020, con el actual gobierno “y en el contexto de la eclosión de la pandemia del Covid-19”, el personal laboral general de estos entes instrumentales se redujo a 16.987 trabajadores (un 3,19 por ciento menos), mientras que el personal laboral sanitario se reforzó hasta alcanzar los 9.050 empleados (12,8 puntos más). Por su parte, el personal laboral dedicado a servicios sociales aumentó a 2.944 (un 2,47 por ciento).
Marín ha defendido que, desde enero de 2019, con la llegada de PP y Ciudadanos a la Junta, el Gobierno andaluz está llevando a cabo “actuaciones de mejora y simplificación”, en base, entre otros aspectos, a las recomendaciones que reiteradamente venía realizando la Cámara de Cuentas de Andalucía.
Unificación de entes
Entre otras medidas, Marín ha anunciado la puesta en marcha de la Agencia Trade, cuyo decreto de creación irá al Consejo de Gobierno de la próxima semana. Este órgano va a agrupar a cuatro entes andaluces: la Agencia IDEA, Extenda, la Agencia Andaluza del Conocimiento y la Fundación Andalucía Emprende, todas ellas dedicadas a la creación de empleo.
También se van a integrar en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a las cuatro agencias públicas empresariales sanitarias (Costa del Sol, Poniente de Almería, Alto Guadalquivir y Bajo Guadalquivir) y a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), tal y como recomiendan los auditores.
Igualmente, se ha acordado la fusión de fundaciones públicas como las Barenboim-Said, con Tres Culturas del Mediterráneo y el Legado Andalusí, una medida que, si bien no se recomienda expresamente en las auditorías, el Gobierno considera sí considera beneficiosa “para mejorar el funcionamiento de la Administración”.
Las primeras conclusiones del informe que se ha aprobado en el Consejo de Gobierno pone el acento en que los anteriores gobiernos fueron desarrollando "una superestructura administrativa alrededor de la propia estructura de la Junta". Ello provocó duplicidad de funciones y competencias entre estas entidades y las Consejerías de las que dependen, y entre algunos entes y otras consejerías ajenas a los mismos, según ha detallado el vicepresidente y consejero de Regeneración.
Otra de las conclusiones es la "deficiencia" en la gestión, lo que incluso está provocando "dificultades para que se puedan reintegrar al erario público fondos mal empleados". Las auditorías también reflejan problemas de competencias del personal de estos entes instrumentales, que se rigen por 66 convenios colectivos distintos, 43 propios y 23 sectoriales.
A modo de ejemplo, según ha detallado Marín, en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) -donde han confluido los extrabajadores de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), los de las antiguas Unidades Territoriales de Empleo (Utedlt), el personal de las escuelas consorcio, los promotores de empleo, del Plan Memta y la plantilla restante de las antiguas unidades de orientación-, el personal se rige por 14 convenios colectivos diferentes.
En cuanto a la gestión "ineficaz" de algunos de estos entes, los resultados arrojan datos "llamativos", como que el 70,4% de los demandantes de empleo no recibió ofertas de trabajo a través del SAE, que solo se gestionó el 3 por de las contrataciones en Andalucía, o que realizó únicamente doce ofertas por cada 100.000 habitantes, según han detallado desde el Gobierno andaluz.
Las auditorías reconocen la "utilidad" de algunos de los entes existentes y ponen también de relieve la "ineficacia" de otros, que podrían ser extinguidos o integrados, por falta de actividad o por no cumplir los objetivos que se marcaron para su creación.
Los auditores apuntan la existencia de entidades que podrían mantenerse con cambios leves en su gestión o en su forma jurídica y otras que recomienda extinguir, fusionar o integrar. Por ello, la Junta va a poner en marcha un Plan de Mejora y Simplificación del Sector Público Instrumental, un compromiso plasmado en la Ley del Presupuesto de 2019, que ya está en marcha y que contempla un desarrollo en varias fases.
Con un presupuesto de 1,7 millones millones de euros, la adjudicación está a la espera de resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, ya que ha sido recurrida por una de las empresas que presentaron ofertas.
Una vez que se disponga de este Plan de Mejora y Simplificación del Sector Público Instrumental, que será llevado al Consejo de Gobierno, se conocerá el alcance concreto de las medidas, como, por ejemplo, a cuántas quedarán reducidas finalmente las entidades instrumentales, cuál será su número de trabajadores y a cuánto ascenderá el ahorro anual.